La Fiscalía avala que se investiguen los correos electrónicos de altos cargos y funcionarios de la Junta de Andalucía que participaron en el concurso de adjudicación de los derechos mineros de Aznalcóllar, después de que seis imputados en la causa recurrieran la diligencia ordenada por la juez que instruye el caso al entender que es indiscriminada, innecesaria y tiene carácter prospectivo. La magistrada considera que esta medida es imprescindible para averiguar si hubo alguna indicación de la Administración para que la explotación del yacimiento se otorgara a una empresa concreta.

En un informe fechado el 3 de marzo, notificado este lunes a las partes, la fiscal María Dolores Villalonga considera que no puede cuestionarse la «legitimidad» de la diligencia acordada por el Juzgado de Intrucción 3 de Sevilla el pasado 17 de enero y que motivó que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personaran el pasado 23 de enero en la sede de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio -a la que está adscrita la Dirección General de Industria, Energía y Minas- para que se les entregara una copia de los correos electrónicos almacenados en los servidores informáticos relativos a las cuentas corporativas de los altos cargos y funcionarios que formaron parte de la mesa de contratación y de la comisión técnica del concurso de Aznalcóllar. Ello ha dado pie a la apertura de una pieza secreta.

La juez Patricia Fernández Franco ha impulsado la práctica de nuevas diligencias después de que la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, en un auto fechado el 19 de octubre y del que fue ponente la magistrada Mercedes Alaya, estimara los recursos interpuestos por Emerita Resources España -la otra empresa que pujaba por la explotación del yacimiento minero sevillano, adjudicado a Minorbis-Grupo México- y por el colectivo de funcionarios Manos Limpias contra el auto de archivo y ordenara que continuara la instrucción. La investigación trata de esclarecer si hubo amaño en el procedimiento de adjudicación.

La Fiscalía sostiene que la diligencia ordenada por la juez no es ni indiscriminada, ni innecesaria ni prospectiva

La magistrada acordó el pasado 19 de febrero aplazar la entrega de los emails a los agentes de la Guardia Civil hasta que se resolvieran los recursos interpuestos por varios de los imputados contra la práctica de esta diligencia, entre ellas la ex directora general de Minas y hoy viceconsejera de Empleo, María José Asensio.

De entrada, la fiscal rechaza el argumento alegado por los recurrentes de que la medida a practicar excede lo inicialmente encomendado a los agentes de la UCO por la juez Patricia Fernández Franco, teniendo en cuenta que la magistrada detalla «pormenorizadamente» en su resolución «hasta cinco encuentros» mantenidos entre altos cargos de la Dirección General de Minas y directivos de la compañía Emerita Resources España SL y de éstos con uno de los administradores de Minorbis, además de llamadas telefónicas entre los mismos. «Resulta llamativo la aceptación por un empleado público de una invitación a una recepción organizada por una compañía licitadora o que va a serlo; o la asistencia de empleados públicos a una reunión en la sede de compañías licitadoras o que pudieran serlo», reprocha Villalonga.

La representante del Ministerio Público considera que la diligencia acordada por la juez tiene acomodo legal, por cuanto se plantea el acceso a los correos electrónicos almacenados en los servidores informáticos de la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Comunicaciones SA (Sandetel), abiertos ya por los destinatarios y que se refieran «exclusivamente» a los aspectos relacionados con el objeto de este procedimiento penal.

La reapertura de la mina, cerrada desde 1998, es uno de los proyectos ‘estrella’ del Gobierno que preside Susana Díaz

Recuerda la fiscal que tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo entienden que no existe vulneración de la intimidad ni del derecho al secreto de las comunicaciones del empleado cuando se trata de correos corporativos, por cuanto asiste al empleador el derecho a verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales. «Si en los casos de una relación de sujeción (empresario-empleado; Administración-funcionario) no es precisa la autorización judicial para el acceso por los primeros a los correos electrónicos recibidos en una cuenta corporativa y ya almacenados, abiertos y leídos por el empleado destinatario, no puede discutirse la legitimidad de la diligencia acordada por la magistrada en un auto motivado y razonado», argumenta.

En su opinión, la medida no es indiscriminada por cuanto limita los correos electrónicos al periodo 2013-2016 y a los que tienen relación con el concurso público; no es innecesaria después de que la Audiencia de Sevilla apreciara indicios de una actividad prevaricadora, y no supone el inicio de una actuación prospectiva puesto que lo que se investiga es si los funcionarios y altos cargos que integraron la mesa de contratación y la comisión del técnica del concurso de adjudicación podrían haber cometido un delito de prevaricación.

La reapertura de la mina de Aznalcóllar, sin actividad desde la rotura de la balsa en abril de 1998 y cuya entrada en servicio sería una inyección para una comarca con un elevado índice de paro, se convirtió en un proyecto ‘clave’ para el Gobierno de Susana Díaz. La resolución del concurso tuvo lugar en febrero de 2015, cuando Díaz ocupaba ya la Presidencia de la Junta de Andalucía tras haber relevado a José Antonio Griñán y en plena precampaña de las últimas elecciones autonómicas.