Joaquín Arespacochaga, el asesor fiscal que se ha querellado contra dos funcionarios de la Agencia Tributaria y un policía por burlar presuntamente un precinto judicial, sostiene que Hacienda inició procedimientos de inspección contra el empresario hispano-iraní Farshad Massoud Zandi y otros clientes suyos después de que los denunciados tuvieran acceso a los datos contenidos en los ordenadores que le intervinieron en su despacho profesional.

Así lo detalla Arespacochaga en la querella admitida a trámite por la juez de Instrucción 8 de Madrid, Rosario Espinosa, que ya tomó declaración en calidad de investigados el pasado 20 de febrero a los dos funcionarios de la Agencia Tributaria -identificados como Manuel R.V. y Victoria. P.V.- y que ha citado al policía para que comparezca el próximo 24 de abril. El denunciante dice tener noticias de sus clientes de la puesta en marcha de actuaciones fiscales contra ellos «basadas en datos obrantes» en los equipos informáticos que se llevó la Policía por orden judicial cuando tuvo lugar el registro de su despacho madrileño en junio de 2013 y que sigue sin recuperar casi un año después de que el juzgado acordara que se le devolvieran «al haber finalizado su análisis».

Como ha informado El Independiente, el citado asesor fiscal internacional -inspector de Hacienda en excedencia- ha denunciado en los tribunales la existencia de un plan ilícito para implicarle en una causa que instruye un juzgado de Cádiz por fraude en subvenciones, conseguir un auto que amparara la intervención de los ordenadores que contienen toda la información de sus clientes y acceder al contenido de dichos equipos informáticos evitando el desprecinto judicial. Según expone, el verdadero objeto de la investigación era acceder a los correos y documentos confidenciales de todos sus clientes, un «auténtico botín de información» que, «aun a sabiendas de que había sido obtenido ilícitamente, procederían a rentabilizar -entre otros modos posibles- ofreciendo una discreta regularización a aquellos clientes que pudieran verse abocados a algún riesgo de contingencia fiscal en sus cuentas».

El asesor fiscal del socio de Cebrián lo detalla en una querella presentada contra dos funcionarios de Hacienda y un policía

Uno de los casos que Arespacochaga cita es el del empresario Farshad Massoud Zandi, amigo del ex presidente del Gobierno Felipe González y socio del presidente del grupo Prisa, Juan Luis Cebrián, en la compañía Star Petroleum. Sería uno de los clientes sobre los que la Agencia Tributaria inició procedimiento de inspección después de que los funcionarios hubieran conocido supuestamente la información que contenía sus ordenadores.

El 24 de junio de 2013, la juez de Cádiz que investiga el fraude millonario en las ayudas del Ministerio de Industria gestionadas por la Junta de Andalucía a través del llamado Plan Bahía Competitiva -causa en la que está imputado un hijo del querellante- autorizó la entrada y registro en el despacho de Arespacochaga en la madrileña calle de Menéndez Pidal. La práctica de esa diligencia permitió la intervención de «numerosa documentación y material informático» que quedó precintado por el secretario judicial para garantizar la custodia. «Para evitar que se vieran frustrados sus propósitos, lo querellados idearon una elaborada estrategia mediante la cual harían creer al juzgado autorizante que se había producido el desprecinto judicial de los equipos informáticos, sin que aquél llegara nunca a tener lugar», detalla el denunciante.

Cuando se llevó a cabo el desprecinto a finales de julio de 2013 en dependencias policiales de Madrid, Arespacochaga asegura que los funcionarios denunciados «sustrajeron del control del fedatario público los ordenadores y el material informático intervenido», lo que explicaría que no aparezcan en el acta. «Los ordenadores no fueron, por tanto, desprecintados judicialmente», sostiene.

La Fiscalía terminó denunciando al empresario hispano-iraní, al que acusa de defraudar 3,32 millones al fisco

«Para que pudieran llegar a ese desprecinto ilegal, el funcionario de policía denunciado aceptó fabricar en un atestado la implicación de la familia Arespacochaga en unos hechos, atribuirles a sabiendas de su mendacidad graves delitos, simular su implicación para conseguir los mandamientos de entrada y registro que dieran apariencia de legalidad a su actuación, dando entrada ilícita a la Agencia Tributaria en el procedimiento por un injustificado e innecesario auxilio judicial perpetrado ad hoc«, sostiene.

Un testigo del denunciante que está dispuesto a ratificar su testimonio en sede judicial asegura que, en agosto de 2013, recibió la información de un funcionario de Hacienda de que los ahora querellados «procedieron a la rotura de los precintos judiciales y al volcado completo del contenido de los equipos informáticos y de la información documental del despacho profesional» de Arespacochaga, lo que les habría permitido hacer un «acopio masivo» de datos y abrir posteriormente procedimientos de inspección al menos a una decena de clientes. Entre ellos, Zandi.

«Éste es el núcleo de los hechos denunciados: en una oficina pública, ya en la sede policial o en la de la Agencia Tributaria, en una fecha no determinada del mes de agosto de 2013, los tres funcionarios públicos denunciados, a sabiendas de que lo que realizaban era ilícito, procedieron a romper los precintos que un letrado de la Administración de Justicia había puesto en los equipos informáticos intervenidos en las diligencias de entrada y registro del despacho profesional de mi mandante, sito en la calle Menéndez Pidal de Madrid, accediendo a toda la información contenida en los mismos: correos, documentación confidencial de todos sus clientes, documentados reservados…», narra la querella.

El juzgado acordó hace casi un año devolverle los ordenadores a Joaquín Arespacochaga, pero éste sigue sin recibirlos

En abril de 2016, El Confidencial informó de que la Agencia Tributaria había llevado a cabo el 1 de junio de 2015 un registro en la oficina de representación de Star Petroleum en España y en la casa del empresario hispano-iraní ante la «existencia de fundadas sospechas de la existencia de defraudación tributaria partiendo de la documentación recabada en el registro efectuado en el despacho profesional de un asesor fiscal». Ese asesor fiscal es Joaquín Arespacochaga.

Fruto de esas pesquisas, la Fiscalía terminó denunciando a Zandi por un presunto fraude fiscal por importe de 3,32 millones de euros que investiga el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Pozuelo de Alarcón (Madrid). El empresario habría creado un entramado empresarial para simular que no tenía la residencia en España y para ocultar la titularidad de bienes y de ingresos obtenidos en 2010, por los que no tributó.

En una carta de réplica enviada al citado diario digital, el empresario aseguró que su residencia se encuentra en «Dubai, hecho éste controvertido para la inspección y sobre el que se basa fundamentalmente la discrepancia» que mantenía con Hacienda en el marco del entonces procedimiento tributario ordinario.

La figura de Zandi, hijo de un ex ministro iraní en tiempos del Sha, ha sido protagonista desde el caso Gescartera hasta los papeles de Panamá 

La figura de Zandi -hijo de un antiguo ministro iraní en los tiempos del Sha- ya saltó a los papeles por su presunta relación con los implicados en el caso Gescartera en 2001, un escándalo financiero que se saldó con alrededor de 2.000 afectados y que sirvió para que se esfumaran unos 120 millones de euros.

Pero ha sido en los últimos meses cuando ha adquirido un protagonismo especial, fundamentalmente por aparecer en los papeles de Panamá como titular de varias empresas en paraísos fiscales y también por su relación de amistad (y empresarial) con el presidente del grupo Prisa, Juan Luis Cebrián, y con el ex presidente del Gobierno Felipe González.

En la querella, Joaquín Arespacochaga considera que los dos funcionarios de la Agencia Tributaria y el policía «han engañado de manera reiterada y consciente a una autoridad judicial bajo cuya dependencia como autoridad judicial actuaban, abusando de su plena confianza en los mismos, sirviéndose de ella como parapeto o pantalla de protección, para esconder y enmascarar su ilícita actuación contra un ciudadano, sus derechos y garantías más esenciales».

Los hijos del marqués de Mondéjar, investigados

Además de la actuación contra Zandi, el denunciante sostiene que Hacienda inició actuaciones contra otros clientes basándose en los datos que contenían los ordenadores intervenidos y que aún no han vuelto a su poder. Entre otros, Arespacochaga cita los procedimiento abiertos contra Nicolás, José Luis e Íñigo Cotoner Martos, hijos del que fue primer jefe de la Casa del Rey (1975-1990): Nicolás Cotoner y Cotoner, XXII marqués de Mondéjar y Grande de España.

Como en el caso del empresario hispano-iraní, la Fiscalía presentó denuncia tras una inspección de la Agencia Tributaria por aparentar que eran residentes fiscales en el extranjero -en Luxemburgo y Suiza, concretamente- cuando vivían «permanentemente en territorio español», acusándoles de defraudar en total casi cinco millones de euros. Tres juzgados -los de Instrucción 26, 42 y 46 de Madrid- incoaron el pasado año diligencias previas.