La fiscalía anticorrupción no ahorra descalificativos a la gestión de Narcís Serra en la caja de Ahorros de Catalunya por lo que reclama que sea condenado a cuatro años de prisión por dos delitos de administración desleal por haber autorizado junto a otros 40 consejeros “unas retribuciones e indemnizaciones desproporcionadas” a Adolf Todò y Jaume Massana que fueron contratados en el 2008. Además, pide la misma pena para estos ex directivos y para otros 15 ex consejeros y dos años de cárcel para otros 24 ex miembros del consejo de dirección.

El fiscal relata que en marzo del 2010 el Banco de España autorizó la fusión de las Cajas de Cataluña, Tarragona y Manresa. Y que el FROB (Fondo de Reestructuración Bancaria) inyectó a Cataluña Caixa 1,250 millones en julio del 2010, 1.718 millones en octubre del 2011 y 9.084 en 2012. Por ello, esta caja debía aplicar un programa de “racionalización de sus estructuras de administración y gerencia” y “ajustar sus políticas de retribución de sus directivos”.

Las contrataciones

Sin embargo, en el 2008 llevó a cabo las contrataciones de Todò y Massana que fueron ascendiendo en la entidad hasta que el primero llegó a la presidencia en el 2011 y el segundo a la dirección general en el mismo año. Ambos firmaron unos contratos en los que se recogían unas indemnizaciones millonarias y unos planes de pensiones que en el caso de Todò alcanzaron los 3,2 millones de euros y en el de Massana de 1,030.720 euros.

Además, otros tres consejeros fueron indemnizados tras la fusión tras su dimisión cantidades que oscilaron entre los 7,4 millones de euros (Lluis Gasul) hasta los 1,3 millones (Ricard Climent y Gloria Ausio).

El fiscal reprocha a Todò y Massana que sus sueldos “no dejaron de subir” durante su mandato. El primero percibió 4 millones de euros a los que hay que sumar 1,9 millones de euros de su plan de pensiones y el segundo cobró 2,8 millones de euros más 625.000 de su fondo de pensiones. Y en concepto de dietas por asistencia a los consejos de administración Todó recibió 13,004 euros y Massana 0.733 entre el 2011 y el 2012.

Grave crisis económica

Para Anticorrupción, estas nóminas han causado un “perjuicio a la entidad”, ya que eran “ajenas a la real situación de insolvencia máxime cuando se produjeron en un entorno de grave crisis económica”. Por ello, el ministerio público expresa su sorpresa porque “se pagaran estos sueldos y se solicitase inyección de dinero público”. La fiscalía también recuerda que durante este periodo se suprimieron 1.630 empleos.

Por ello, la fiscalía sostiene que Serra, que presidió los consejos de administración, actuó con “un abundante abuso del cargo”, ya que permitió que se utilizaran los “fondos de una entidad con connotaciones y trascendencia pública en beneficio propio y con claro perjuicio para la entidad”.  Esta decisión, según el escrito de conclusiones provisionales de Anticorrupción, “contribuyó a aumentar la grave crisis financiera”.

El fiscal tilda estos actos de “reprochables y espurios” porque el objetivo de la Caja de Ahorros era “procurar un adecuado beneficio para destinarlo a obra social”. También subraya que la gestión de la Caja debía “evitar un despilfarro de fondos en beneficio de los altos directivos”.

Los delitos

La fiscalía califica estos hechos como un delito de administración desleal y reclama cuatro años de cárcel para Serra, Todò, Massana y otros 13 directivos y dos años de cárcel para otros 24 ex directivos por el mismo un delito de administración desleal.

Además, los 41 imputados tendrán que hacer frente a una responsabilidad civil de 2,5 millones de euros. Se da la circunstancia de que Serra percibió como presidente de la Caja Cataluña “elevados emolumentos”, ya que cobró entre el 2004 y el 2010, 1,3 millones de euros.

Las otras acusaciones, CIC y la CUP, también han presentado sus escritos de acusación en los que reclaman cuatro años para Narcís Serra. Ahora, las defensas tienen que presentar sus escritos de defensa y la Audiencia de Barcelona tras recibir estos escritos podrá señalar la fecha para el inicio del juicio.