El Govern catalán continúa el camino hacia la autodeterminación. Carles Puigdemont y Oriol Junqueras han prometido hoy, por enésima vez, que habrá referéndum de independencia el próximo septiembre. Lo han hecho, de nuevo, en un acto solemne en el Palau de la Generalitat, frente a la estatua de Sant Jordi, patrón de Cataluña, y rodeados por los 140 cuadros que forman el gobierno y sottogoverno de la Generalitat. Con una única variación sobre enunciados anteriores: en esta ocasión tanto PdeCat como ERC -juntos en Junts pel Sí- han firmado un manifiesto de independencia eque tiene por objeto suavizar las tensiones entre los aliados de gobierno, que han querido escenificar su intención de asumir de forma compartida los riesgos de una posible inhabilitación.

En este sentido, Puigdemont ha señalado que “son muchas las manos que organizarán, convocarán y celebrarán” esta consulta, las que corresponden a todo un gobierno comprometido con ese “mandato democrático” que Junts pel Sí exhibe insistentemente para justificar el envite, pese a que el referéndum no figuraba en su programa electoral.

Sin embargo, la exhibición del Govern no ha convencido a la CUP, cuya diputada Gabriela Serra ha reclamado en el Parlament ha acusado al ejecutivo catalán de “perder el tiempo” y ha reclamado una vez más fecha y pregunta para la consulta. “Estamos fuera de tiempo, el Govern tiene que empezar a trabajar de una manera más decidida y más definitiva” ha reclamado la diputada antisistema. La presidenta del grupo de la CUP en el Parlament, Mireia Boya, ha recordado por su parte en twitter que el 25 de septiembre de 2015 fueron escogidos “para construir en 18 meses una república independendiente”, plazo que ya ha concluido.

La inhabilitación de Artur Mas, Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau pesa como una losa sobre la convocatoria de un nuevo referéndum de independencia, pese a que Generalitat, partidos y entidades independentistas se empeñan en negarlo. Por eso la preparación de la nueva consulta prometida por Carles Puigdemont se encuentra bloqueada a efectos prácticos en un punto nada desdeñable: quién firma las ordenes de compra de material y contratación de servicios para la preparación de la consulta.

Divisiones en el Govern

Visto el ejemplo de sus predecesores y la respuesta judicial del Gobierno a cada uno de sus avances, los miembros del gobierno de coalición de la antigua Convergència y Esquerra tienen claro que quien firme esas órdenes ejecutivas se expone a inhabilitación. La petición del Gobierno al Tribunal Constitucional para suspender las partidas del presupuesto de la Generalitat destinadas al referéndum es una muestra del riesgo, y esta advertencia se ha notificado no sólo al president y los miembros del gobierno, sino a los principales implicados en una eventual convocatoria: al secretario del Govern, la interventora general, el director de contratación y el director de Presupuestos de la Generalitat.

ERC se resiste a asumir el riesgo de la inhabilitación en solitario

Por eso se ha abierto en las últimas semanas una auténtica batalla dentro del ejecutivo sobre, por ejemplo, si la orden de compra de las papeletas corresponde a la conselleria de Gobernación, responsable de procesos electorales, en manos de la ex convergente Meritxell Borràs, o al departamento de Economía, dirigido por Oriol Junqueras, que ha centralizado todas las compras de la Generalitat. ERC se resiste a asumir en solitario ese riesgo, en la figura de un cabeza de cartel al que todas las encuestas dan por ganador en las próximas autonómicas. Y el PDCat -antigua Convergència- recrimina a los republicanos que ellos ya tienen a cuatro inhabilitados por el procés.

La tensión creciente que se ha hecho evidente durante la Semana Santa ha obligado a la celebración del acto que hoy ha presidido Puigdemont en la Generalitat. Un acto reclamado por Esquerra, pese a las reticencias iniciales del PdeCat, para dejar claro que la convocatoria del referéndum es responsabilidad del Govern de forma colegiada, como se ha esforzado en resaltar hoy Junqueras: “Es imprescindible recordar que el compromiso con el referéndum es un compromiso de cada uno y compartido por todos, que nos conjuramos para su celebración, en el sentido literal de jurar conjuntamente, que haremos todo lo que corresponda para que los ciudadanos de Cataluña pueda participar y ganar este referéndum”.

Sin validez jurídica

El texto firmado hoy por los miembros del Govern, más secretarios y directores generales de todos los departamentos, no tiene validez jurídica, aunque sí una fuerte carga ideológica. El manifiesto asegura que “la lucha por la libertad de la nación catalana choca con un marco legal que no respeta la voluntad de los catalanes” y asegura que “el Estado Español” siempre ha resuelto este choque por la imposición de la fuerza, ejemplo de lo cual es, a su juicio, la Guerra Civil española.

Como argumento, señala que “todos los presidentes de la Generalitat del siglo XX” fueron exiliados o represaliados y destaca como ejemplo más próximo las inhabilitaciones derivadas del 9N. Todo ello para concluir que el actual ejecutivo es “la consecuencia y no la causa” de la “demanda mayoritaria” del ejercicio del “derecho a la autodeterminación al que Cataluña no ha renunciado nunca”. Y concluye que “nos comprometemos a organizar, convocar y celebrar un referéndum para dar respuesta al mandato democrático que hemos recibido de la ciudadanía”.