“Estupefactos”, “perplejos, “sorprendidos”. Así se encuentran veteranos fiscales ante la situación que se vive en Anticorrupción, que en los dos últimos dos meses no ha dejado de dar titulares desde que llegó a la jefatura Manuel Moix. La solución no parece fácil salvo esperar a que el tiempo ponga las cosas en su sitio y cese el ruido mediático en torno a una fiscalía que el PP quiso dinamitar en el 2003 y que se enfrenta a una rebelión interna por las nuevas maneras del fiscal jefe.

Fuentes fiscales explican que esta crisis llega de la mano del inicio del mandato de Moix, al que se presentó como “un hombre de confianza del PP”. Sin embargo, estas fuentes niegan que las relaciones del fiscal jefe con Ignacio González, en prisión por el caso Lezo, y Esperanza Aguirre hayan pasado de la relación institucional porque la Comunidad de Madrid tiene asumidas las competencias en materia de justicia y, por tanto, si la fiscalía, por ejemplo, quería comprar ordenadores en Móstoles tenía que pedírselos al Gobierno regional.

Cualificación de Moix

Además, estas fuentes recuerdan que Moix no pertenece a ninguna asociación de fiscales y que a lo largo de su dilatada carrera ha demostrado que es un jefe eficaz porque dirigió la fiscalía de Madrid y la del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sin problemas. Y reconocen que el nuevo jefe no tiene margen de maniobra para defenderse de estas acusaciones. “¿Cómo puede uno responder a lo que otros piensen de ti? Se preguntan sin encontrar respuesta.

Asimismo, rechazan que Moix no esté cualificado para dirigir Anticorrupción porque niegan que la fiscalía especial sea el West Point del Ministerio Público como la definieron algunos de sus miembros ante el fiscal del Estado, José Manuel Maza, cuando éste les visitó el pasado 24 de abril.

Sin embargo, todos los fiscales consultados reprochan a Moix su “falta de mano izquierda” para poner en marcha su programa. Una forma de trabajo muy distinta a la que estaban acostumbrados los 24 fiscales de la plantilla en Madrid y los 19 delegados en España. Antonio Salinas, el anterior fiscal jefe, no “funcionaba colectivamente” y los fiscales tenían mucha manga ancha, aunque su superior controlaba los asuntos y despachaba quincenalmente con el Fiscal General del Estado.

Ejercer el cargo

Por su parte, a Moix le gusta ejercer su cargo y desde que llegó a su despacho ya se ha reunido con los mandos de la Guardia Civil y de la Policía para pedirles que no escojan ellos a los fiscales que van a llevar sus investigaciones y que eliminen de sus informes sus opiniones jurídicas. Una decisión que no ha gustado a los agentes ni a los fiscales que en su mayoría eran muy dependientes de estos dictámenes policiales.

Además, el nuevo jefe lo revisa todo y pide explicaciones por casi todo porque su gran obsesión es acabar con las macrocausas en esta fiscalía. Sumarios que ocupan miles de folios, que tardan años en instruirse y que en muchos casos acaban con condenas pactadas con los acusados.

Por ello, en la primera ocasión que tuvo quiso evitar “un nuevo Gürtel“, en la investigación del saqueo en el Canal, y no tuvo problemas en perder una votación en la Junta de fiscales que le plantearon por la operación Lezo. “El problema es que al querer hacer los cambios muy rápidamente el caso de Ignacio González se ha vuelto contra él”, apostillan fuentes fiscales.

Actividad de la fiscalía especial

En la memoria de esta fiscalía del pasado año se recoge que Anticorrupción actúa en 371 causas judiciales que están en trámite. También que ese año presentó 16 querellas y 46 escritos de acusación y logró 20 condenas de las 22 sentencias dictadas. Para algunos fiscales estas cifras son bajas, pero otros resaltan que una condena lograda por esta fiscalía es relevante y recuerdan, por ejemplo, el caso de las tarjetas black que se saldó con 65 condenados.

Sin embargo, el mayor cambio que se ha vivido en esta fiscalía, según las fuentes consultadas, es que los fiscales no se han sentido apoyados por su nuevo jefe porque recibió a Rafael Pallardó, que ha denunciado a los fiscales José Grinda, Juan José Rosa (dos históricos en esta fiscalía) y Fernando Bermejo por coacciones y un delito contra la administración de justicia en el caso Pujol.

Fuentes fiscales defienden la actuación de Moix que, según la versión que ofreció al Independiente, se limitó a que Pallardó ratificase la denuncia antes de remitirla a la fiscalía de Barcelona que es la competente para tramitarla. “No podía esconder la denuncia”, explican. Sin embargo, otros fiscales consideran que no debió recibir en su despacho a presuntos delincuentes.

Fuenteovejuna en la fiscalía

Esta actuación motivó un Fuenteovejuna en la fiscalía cuando los fiscales denunciados pidieron amparo al Consejo Fiscal. Una petición que fue firmada por la mayoría de sus compañeros. Sin embargo, esta actuación ha sido cuestionada por los fiscales consultados. “No puede ser que se piense que los que protestan son los buenos y el jefe es el malo”.

Lo cierto, es que la solución no parece fácil por la presión que rodea a esta fiscalía. El Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, reconoció que no tiene fácil tomar una decisión sobre el relevo de los fiscales del 3%, (Grinda y Bermejo), que investigan la supuesta financiación ilegal de CiU. “Si firmo el relevo, malo y si no lo hago van a decir que desautorizo a Moix”, explicó a los diputados de la comisión de justicia del Congreso de los Diputados el pasado miércoles.

Fuentes fiscales se muestran preocupados por el futuro de esta fiscalía, aunque piensan que los líos darán paso a cambios de personas como ocurrió cuando llegó Salinas, que fue testigo del abandono voluntario de los fiscales que habían hecho piña con su anterior jefe Carlos Jiménez Villarejo y de la incorporación de fiscales de su confianza que llegaron a esta sede por la vía de la comisión de servicios. Una práctica que aún se mantiene y que puede tener sus días contados.

Otras fuentes también lamentan que esta crisis acabe dando la razón al PP que en el 2003, cuando era Fiscal General del Estado Jesús Cardenal, ya propuso su desaparición porque, como dijo entonces, todos los fiscales estaban preparados para luchar contra la corrupción.  Sin embargo, el Gobierno afirma que quiere reforzar a Anticorrupción porque como dijo el Ministro de Justicia, Rafael Catalá, el Ejecutivo “ha declarado una guerra sin cuartel a la corrupción”.