Ignacio González subvencionó con casi 400.000 euros a la fundación Fundescam que el PP de Madrid usaba como «pantalla» para pagar los gastos electorales de las campañas del 2007, 2008 y 2011, según consta en los informes de la Guardia Civil en el sumario del caso Púnica. Los agentes sostienen que el ex presidente del Gobierno regional era «conocedor» de que esas ayudas públicas eran «para pagar gastos electorales» con facturas falsas «que validaron en la cámara de cuentas».

Esta es una de las novedades que aparecen en los tomos de esta investigación, en la que permanece en prisión Francisco Granados, cuyo secreto ha sido levantado por el juez Eloy Velasco. El ex presidente de la Comunidad de Madrid concedió esta ayuda cuando era vicepresidente primero y portavoz del Gobierno de Esperanza Aguirre.

Plan para las fundaciones

Fundescam recibió esta subvención por ser una fundación de un partido político que se integró en un plan para difundir » a los ciudadanos el conocimiento del sistema democrático, la realidad sociocultural y política de nuestra región».

El informe policial resalta que González concedió las ayudas cuando era patrono de Fundescam y director de la campaña de las elecciones autonómicas del 2007 en la que el PP tuvo «unos sobrecostes extraordinariamente relevantes y muy superiores a los legalmente establecidos», ya que alcanzaron los 2,6 millones de euros.

La UCO también destaca que en la subvención que González otorga a Fundescam en el 2011 la documentación que se presenta para comprobar la legalidad de esta ayuda fue aportada por Francisco Granados.

Núcleo empresarial

Asimismo, el informe policial asegura que esta fundación facturó «conceptos mercantiles falsos» para enmascarar los gastos del PP. Para ello contaba con ingresos de empresarios y organismos, con fondos del grupo parlamentario y con dinero en efectivo de procedencia opaca. «Este núcleo empresarial» se ofreció a participar por los beneficios que obtenía «por el volumen de negocio generado por la campaña», ya que la mayor parte del dinero lo percibían en negro.

Además, estos empresarios lograban contratos públicos y fondos públicos controlados por el PP. En el informe policial se asegura que las donaciones de estos industriales alcanzó los 350.000 euros.

Con estos ingresos el PP de Madrid pagó «de manera encubierta» más de 600.000 euros y liquidó deudas a sus proveedores por un importe de 800.000 euros. Y es que los gastos electorales de este partido entre el 10 de abril y el 27 de mayo del 2007 alcanzaron los 907.133 euros.

Empresarios amigos

Además, las cuentas del partido se nutrieron con 376.000 euros procedentes de transferencias de organizaciones patronales, fundaciones de empresarios, empresas y personas físicas. Por ejemplo, la CEIM de la que Arturo Fernández era presidente donó 100.000 euros aunque como empresario esa cantidad se elevó hasta los 160.000 euros.

Otro de los empresarios que colaboraron con esta práctica fue Óscar Sánchez Moyano que firmó un contrato de «servicios» con el partido para «encubrir su condición de intermediario en la organización y producción de actos electorales».

Los agentes también desvelan que la campaña del PP en Madrid tuvo un sobrecoste de 685.000 euros en el 2008 y en el 2011 de 1,5 millones de euros, aunque en este último año los donativos para financiar ilegalmente el partido se redujeron y «fueron más dispersos» porque en el 2009 había saltado el caso Gürtel.