La Guardia Civil no se ha dado por aludida con la posición mantenida por el juez Eloy Velasco y la fiscalía Anticorrupcion y busca nuevas pruebas contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que está bajo sospecha por haber sido miembro del comité de expertos de la Asamblea de Madrid que otorgaba contratos públicos, presidenta de la Mesa de Contratación entre 2007 y 2011 y patrona de Fundescam, la fundación que según sus investigaciones ha usado el PP de Madrid para financiarse ilegalmente.

Estas fuentes han informado de que las pesquisas se centran ahora en la adjudicación de otros contratos otorgados en la Asamblea de Madrid. En sus informes los agentes afirman que la trama de financiación ilegal del PP madrileño contó con un “núcleo empresarial” que se benefició “del volumen de negocio generado” en las campañas electorales, ya que muchos pagos se les efectuaron en “negro”. Y que a estos empresarios se les premiaba “con contratos y fondos públicos controlados por el PP”.

Los delitos

La Guardia Civil, en uno de sus documentos, atribuye a Cifuentes la comisión de un delito de prevaricación y cohecho por haber participado en la adjudicación de la cafetería de la Asamblea de Madrid a Arturo Fernández que donó a Fundescam 160.000 euros. Los agentes sostienen que este contrato estaba plagado de “irregularidades”.

Sin embargo, recordaban al juez que no podían ir más allá dada la condición de aforada de Cifuentes, que debe ser investigada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Por ello, el juez Velasco no puede investigarla directamente sino que tiene que recabar unos mínimos indicios para remitir una exposición razonada al Tribunal Superior para que sean estos jueces los que determinen si existen motivos para imputarla o llamarla a declarar para que ofrezca su versión.

Acusaciones negadas

La presidenta de la Comunidad de Madrid aseguró el pasado martes que este informe de la UCO “es una relación de juicios de valor sin fundamento jurídico alguno”. Y añadió: “Se está construyendo un relato con algunos elementos de apariencia de veracidad”.

Asimismo, reiteró que en todos los años en que fue presidenta de la mesa de contratación,”en el cien por ciento de los casos, las decisiones se tomaron por unanimidad, de forma colegiada y en base a informes técnicos. Entiendo que mi actuación fue conforme a la ley”, explicó contundentemente en la sede del Gobierno regional, de modo que “jamás la representación política entró a valorar las propuestas que hacían los servicios técnicos de la cámara”.

Además, recordó que fue vocal de Funescam hasta el 2008 y que su única participación consistió en “aceptar el cargo y aprobar los estatutos. Nunca fui apoderada ni participé en ninguna decisión económica”. Las adjudicaciones que están en cuestión afectan a las de los años 2009 y 2011.

El futuro judicial

Por su parte, fuentes jurídicas confirmaron la investigación a Cifuentes, pero descartaron que el juez Velasco, al que le quedan días en su despacho antes de pasar a la sala de apelaciones de la Audiencia Nacional, la impute. Y es que fuentes fiscales restaron valor al informe de la Guardia Civil porque la investigación está centrada en la financiación ilegal del PP y la UCO cita a numerosas personas en sus informes, pero no todas ellas están siendo investigadas.

El futuro de Cifuentes pasará en las próximas semanas a otras manos, ya que el Consejo General del Poder Judicial ha sacado a concurso la plaza de Velasco. A este cargo puede presentarse cualquier juez de España y será elegido el que tenga más antigüedad en la carrera judicial. El nuevo magistrado tendrá que terminar la instrucción iniciada por Velasco en esta pieza separada del caso Púnica.