Dos mil agentes antidisturbios de la Policía Nacional para proteger los edificios de instancias oficiales del Estado en Cataluña y dar apoyo a los Mossos d’Esquadra en las tareas de mantenimiento del orden público en esta comunidad, coincidiendo con la celebración de la consulta del 9-N. Este fue el plan de contingencia que el ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, Eugenio Pino, elaboró y presentó ante la cúpula del Ministerio del Interior en los meses previos a la celebración de la consulta no vinculante organizada por el gobierno de Artur Mas en 2014.

Pino ideó un plan de contingencia que suponía el traslado a Cataluña de 2.000 agentes de las unidades de intervención policial (UIP) en previsión de posibles disturbios, coincidiendo con la consulta que impulsaba la Generalitat, pese a los recursos en contra del Gobierno. El motivo de la propuesta no era otro que el temor a brotes de violencia coincidiendo con esta consulta.

El jefe operativo de la Policía llegó a consultar con el número dos del Estado Mayor de Defensa, José Luis López Rose, la posibilidad de que el Ejército asumiera la responsabilidad de habilitar espacios en cuarteles de Cataluña para acoger a los agentes de la UIP desplazados hasta esta comunidad.

Eugenio Pino, en la Audiencia Nacional.

Eugenio Pino, en la Audiencia Nacional. EFE

El proyecto, sin embargo, fue frenado por el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, quien alertó del riesgo político del proyecto de Pino, que suponía una presencia masiva de Policía Nacional en Cataluña, cuando las competencias de orden público están cedidas a los Mossos d’Esquadra. Martínez habría alegado además al necesario respeto a las competencias de la policía autonómica para rechazar la propuesta del DAO.

Este cuerpo completó su despliegue en Cataluña en 2008, y desde entonces es el único responsable de la seguridad y la protección del orden público así como de tráfico. La Policía Nacional conserva competencias en tareas de lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, mientras la Guardia Civil asume básicamente las funciones de control de fronteras y marítimo en esta comunidad.

En este contexto, Martínez, según las fuentes consultadas, habría rechazado el proyecto ateniendo a la alarma social que habría provocado el traslado de estas unidades a  Cataluña en un momento de especial tensión política, y el ministro Jorge Fernández Díaz habría desestimado el plan.

Pino y la Operación Cataluña

La propuesta de Pino coincide con el momento en el que desde la órbita nacionalista se ha denunciado la creación de una ‘brigada política’ en el seno de la Policía destinada a investigar a los líderes del proceso independentista bajo mando directo del DAO. Pino siempre ha negado este extremo, pero lo cierto es que fue muy activo tanto en las investigaciones sobre la familia Pujol Ferrusola como en la acusación contra el ex alcalde de Barcelona, Xavier Trias. En el primer caso, el tiempo ha dado la razón al mando policial, aunque el juez De la Mata acabó por desestimar el polémico pendrive aportado por la Policía sin acreditar su origen. No así en el caso de Trias, la denuncia sobre la existencia de una cuenta en Suiza de 12,9 millones de euros nunca fue demostrada.

Sin embargo, el Ministerio del Interior sí reforzó la seguridad en Cataluña con motivo del 9N. De hecho, finalmente desplazó a 450 UIP a Cataluña, despliegue que se produjo en el verano de 2014, con el traslado de unidades que se alojaron en el Maresme (Barcelona), y que fueron rápidamente detectadas. Algo antes, en mayo de ese año ya se produjo el traslado de 300 efectivos a Barcelona por los disturbios que siguieron al desalojo del centro okupa de Can Vies. A esos efectivos se sumaron después tres grupos para reforzar la seguridad con motivo del 9N.

Durante el fin de semana de la consulta el dispositivo estaba integrado por siete grupos de antidisturbios desplazados a Barcelona desde distintos puntos de la geografía española, a los que hay que sumaron los dos grupos con base estable en la Ciudad Condal. Cada Grupo de las UIP está formado por cerca de 50 efectivos.

El mayor despliegue, sin embargo, se produjo el lunes posterior, con once grupos desplazados desde distintas provincias, más los dos con sede estable en Cataluña.

Las tareas de mantener el orden público son competencia exclusiva de la policía autonómica catalana, pero la protección de los edificios estatales, como la Delegación del Gobierno o la Jefatura Superior de Policía, entre otras instalaciones, recae sobre la Policía Nacional. Y a esa protección se refirió en ese momento el Ministerio del Interior para justificar el despliegue.