El conflicto entre el Gobierno y la Generalitat se encamina inexorablemente hacia un choque de trenes. Como un Titanic al que ya no es posible cambiar de rumbo, el ejecutivo catalán y los partidos que le dan apoyo ven imposible renunciar a la convocatoria del referéndum de independencia; ha pasado, aseguran los independentistas, el momento de estudiar salidas alternativas con el Gobierno. Y el ejecutivo de Mariano Rajoy está convencido de que no tiene otra vía que la respuesta judicial a cada nueva iniciativa de la Generalitat. Con este caldo de cultivo la situación se acerca a un punto de no retorno: la fijación de la fecha y la pregunta del referéndum que podría ser esta semana.

La escalada de tensión ha subido un peldaño más entre ambos ejecutivos en los últimos días. El pistoletazo de salida lo dio la conferencia de Carles Puigdemont en Madrid, recibida con un avance sobre el proyecto de ley de desconexión y respondido en una inusual rueda de prensa por el presidente del Gobierno. Rajoy se dio oficialmente por enterado de que la Generalitat llevará hasta las últimas consecuencias su intento de convocatoria de un referéndum de independencia y respondió con una dura advertencia contra el «chantaje» que supone la postura independentista.

A partir de ahí, un gobierno y otro han intentado cargarse de razones con un intercambio epistolar en el que Puigdemont trasladó del modo más formal posible su petición de referéndum -con acuerdo de Govern incluido- y Rajoy le respondió en apenas 24 horas que no hay más diálogo posible que el que tenga las Cortes como escenario y la Constitución como marco legal. A punto de fijarse la fecha y la pregunta del referéndum, ambos gobiernos batallan por la bandera del diálogo y dejar al contrario en el banco del inmovilismo, pero nadie confía ya en ese pretendido diálogo.

Será el president Puigdemont quien a partir de ahora marque los tempos, especialmente con el anuncio de la fecha y la pregunta, que fuentes nacionalistas sitúan en la próxima semana. Dado que JxS ya ha solicitado esta semana en el Parlament habilitar la segunda quincena de agosto para avanzar en los trabajos parlamentarios previos a la consulta, se afianza la apuesta por el domingo 1 de octubre, con todo el mes de septiembre para movilizar de nuevo a la población con los actos de la Diada.

Antes de llegar a ese punto, el Parlament tendrá que aprobar la Ley de transitoriedad por la vía de urgencia aprovechando la reforma del reglamento emprendida por JxS y la CUP. El texto del nuevo reglamento ha concluido el plazo de enmiendas esta semana, pero no entrará en el orden del día del próximo pleno, así que debe aprobarse entre junio y julio.

La clave: la movilización ciudadana

A cada uno de esos pasos responderá el Gobierno con acciones legales. Y entonces llegará la hora de la verdad, cuando las entidades independentistas encabezadas por Ómnium y la ANC convoquen de nuevo a los catalanes a tomar la calle en defensa del proyecto secesionista, tal y como anunció el jueves el presidente de la Assamblea, Jordi Sánchez. «Si el Estado intenta secuestrar las urnas e impedir la apertura de los colegios electorales, usaremos el derecho a la manifestación de forma intensiva». De la cantidad y resistencia de esas movilizaciones dependerá que la Generalitat lleve adelante su plan.

De hecho, el ex presidente de la Generalitat, Artur Mas ya advirtió el pasado otoño, tras ser condenado por el TSJC, de que será necesaria «una movilización constante en la calle» para sostener el proceso independentista. Una idea a la que se ha sumado su mentor, Jordi Pujol, quien ha abogado también por una movilización generalizada ante «el riesgo de disolución de Cataluña».