El Tribunal de Cuentas ha admitido este martes a trámite una denuncia de Sociedad Civil Catalana (SCC) y la asociación Abogados Catalanes por la Constitución para que el ex presidente de la Generalitat Artur Mas; la entonces vicepresidenta, Joana Ortega, y los consejeros Francesc Homs e Irene Rigau restituyan a la Generalitat los fondos gastados por la Administración catalana para la celebración del 9-N. Los denunciantes les imputan un ilícito contable por alcance y malversación por un total de 5,1 millones de euros.

SCC fundamenta su denuncia en que la Ley de contratación del sector público hubiera permitido la anulación de los contratos suscritos con proveedores privados para la organización del 9-N una vez que el Tribunal Constitucional (TC) dictó su providencia del 4 de noviembre de 2014 anulando también el «proceso participativo» con el que la Generalitat había renombrado la consulta anulada por el TC en septiembre de ese año. Por tanto, reclama que los cuatro demandados respondan con su patrimonio por los gastos incurridos a partir de esa fecha.

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En su escrito recuerda que Mas, Homs, Ortega y Rigau ya han sido condenados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por haber organizado el 9-N pese a las sentencias contrarias del Tribunal Constitucional y de hecho se remite a la sentencia del TSJC para identificar los pagos asociados al 9-N, pese a reconocer que no se trata de un inventario minucioso por cuanto el Superior de Justicia de Cataluña desestimó la acusación de malversación de fondos.

La sentencia del TSJC desestimó la malversación como delito penal, pero no la desobediencia por la que se impuso a Artur Mas una multa de 36.000€, 30.000€ a Francesc Homs y Joana Ortega y 24.000€ a Irene Rigau. Multas que serán sufragadas por la campaña de recaudación de fondos realizada a tal efecto por Ómnium y la Asamblea Nacional Catalana (ANC).

SCC considera que «vulneraron normas constitucionales, estatutarias y presupuestarias»

La denuncia admitida hoy a trámite señala que «ordenaron a funcionarios jerárquicamente subordinados y entes públicos dependientes la aplicación económica de fondos públicos por un importe no inferior a  5.129.833,00€ para realizar un conjunto de actuaciones en abierta y franca contradicción con la Constitución, desprovistas de soporte presupuestario por desborde competencial, y desobedeciendo la orden de suspensión que había decretado el Tribunal Constitucional».

SCC considera que los demandados «vulneraron normas constitucionales, estatutarias y presupuestarias que conllevan tanto la ‘ilegalidad’ de las actuaciones como, desde la perspectiva contable que ahora interesa, ‘la improcedencia de los gastos’ vinculados a ellas». Además, les acusa de «actuar dolosamente» en la organización de la consulta. «La forma en la que fueron sorteando, uno tras otro, los obstáculos con los que el Estado de Derecho intentó evitar la materialización del plan, revelan el dolo inicial con el que actuaron, que se mantuvo invariable ante las sucesivas suspensiones decretadas por el propio Tribunal Constitucional».

Las partidas denunciadas

La demanda se refiere fundamentalmente al dinero público que sirvió para sufragar la consulta y corresponde a contratos oficializados tras la providencia del Constitucional del 4 de noviembre, en la que anulaba también el proceso participativo por el que la Generalitat sustituía la consulta anulada previamente. Principalmente, los 2,8 millones de euros por la compra de 7.000 ordenadores portátiles para la consulta, que después se repartieron en centros de enseñanza, y el 1,1 millón de euros pagados a T-Systems, Fujitsu, y Cannon a través del CTTI por las tareas de apoyo técnico durante la consulta.

Además, incluye la campaña de publicidad institucional que tuvo un coste de 828.171,42 € o la construcción de la página web de la consulta, contratada por el CTTI con Hewlett Packard por 14.837,60€.

El escrito se refiere también a los 50.317,31€ pagados por la elaboración de listas de participación, sobres y precintos al Centro de Reinserción de Lleida que había elaborado urnas y papeletas, entregadas antes de las sentencias del TC. Otros 20.214,77 € corresponden al transporte de ese material.

Los trabajos materiales necesarios para la preparación y desarrollo de la consulta del 9-N fueron principalmente encomendados a contratistas privados, recuerda la denuncia, por lo que se movilizaron cuantiosos recursos financieros públicos. Para ello, junto a expedientes administrativos específicamente incoados al efecto se recurrió esencialmente a la técnica de formular encargos determinados en el seno de contratos-marco de colaboración público-privada ya existentes con anterioridad, cuyos objetivos se ampliaron para cubrir las necesidades organizativas de la consulta.