La amnistía fiscal de 2012 de Cristóbal Montoro, que ha tumbado el Tribunal Constitucional, sirvió «para salvar el Estado del Bienestar», según fuentes del Gobierno. Si se echó mano al procedimiento de urgencia, esto es, un Real Decreto, era porque la caída de ingresos tributarios que se había producido en la última etapa socialista, por 70.000 millones de euros, «ponía en peligro la viabilidad del propio Estado del Bienestar», esto es, «la sanidad, la educación o las pensiones estaban en riesgo por una gestión nefasta del anterior Ejecutivo».

Gobierno y PP, que hacen suyos los argumentos del abogado del Estado, explican que el Alto Tribunal cuestiona más la forma que el fondo de la amnistía y que si se fijó un pago del 10 por ciento, -colocando en una situación más favorable a los defraudadores- fue porque experiencias anteriores, como en Alemania en 2003, demostraron que un tipo mayor «podía conducir al fracaso del objetivo de hacer aflorar bases».

El Gobierno recuerda que en las amnistías fiscales del PSOE no se persiguió a los defraudadores

En definitiva, «antepusimos salvaguardar el Estado del Bienestar a cualquier otro criterio» y se muestran especialmente críticos con el PSOE, que fue la formación que recurrió ante el Constitucional. Recuerdan que «no somos los primeros ni los últimos en usar el recurso excepcional» como también hicieron los ejecutivos socialistas en 1984 y 1991, gobernando Felipe González. La diferencia de las amnistías de entonces con la de 2012, apuntan en Génova, es que aquellas «fueron opacas», mientras que con la del PP no se exoneraba de posibles delitos respecto al origen del dinero regularizado y, si no, que se lo digan a Rodrigo Rato.

«Lista Falciani»

También acusan de «cinismo» al primer partido la oposición por llevar este caso al TC y, en cambio, «invitar» a los contribuyentes que aparecieron en la lista Falciani «a presentar una declaración complementaria espontánea» que se convirtió, a juicio de los populares, «en una amnistía fiscal encubierta y gratuita». Ya de paso subrayan que fue el gobierno del PP el que amplió a 10 años el plazo de prescripción de los delitos fiscales, «por lo que nadie puede dudar de nuestro compromiso en la lucha contra el fraude fiscal».