El nuevo PSOE de Pedro Sánchez se ha estrenado este martes en el Congreso con dos debates de profundidad: Tras la visita del secretario general, el grupo socialista ha iniciado una reflexión conjunta sobre la postura que debe mantener el partido ante el desafío independentista. Acto seguido, los diputados andaluces han mostrado su postura a favor de la modificación de la Ley Narbona sobre biodiversidad planteada por el PP porque soluciona el problema legal existente con la pesca del cangrejo rojo en Sevilla, una industria de 20 millones de euros y que genera 200.000 jornales anuales. La dirección parlamentaria dictaba el rechazo de la iniciativa.

El debate sobre Cataluña ha surgido a raíz de la iniciativa del Partit Demòcrata Europeu Catalá (PDeCat), que este miércoles insta al Gobierno a «respetar la decisión adoptada por el presidente de la Generalitat» de convocar un referéndum «para que los catalanes y catalanas decidan sobre el futuro político, en cumplimiento del mandato democrático surgido de las urnas y después de reiteradas llamadas al acuerdo».

El grupo socialista debatió sobre la postura que debe defender al respecto Meritxell Batet, de acuerdo con los postulados formales del PSOE, recogidos en la Declaración de Granada, y la nueva postura de Sánchez de reconocer la plurinacionalidad. «Hacía mucho tiempo que no se hacía una reflexión conjunta de estas características, debatiendo el fondo, la estrategia y los plazos que debemos seguir», explican fuentes del grupo.

Los socialistas discutieron sobre el órgano que debe abordar la reforma constitucional

Los socialistas acordaron rechazar la propuesta nacionalista y debatieron sobre la necesidad de que el diálogo con Cataluña no sea bilateral, sino multilateral. Tomaron la palabra Odón Elorza, que defendió la creación de una subcomisión específica sobre Cataluña en el Congreso; Gregorio Cámara y Artemi Rallo, que abogaron por situar el debate en la subcomisión de Reforma de la Constitución. El grupo acordó que es necesario abrir el diálogo sobre la reforma constitucional y se plantearon posibilidades como alcanzar un nuevo acuerdo fiscal con Cataluña.

En segundo lugar, los diputados socialistas tuvieron su particular crisis a causa del cangrejo rojo. La modificación de la Ley Narbona sobre biodiversidad propuesta por el PP era secundada por los diputados socialistas, ya que el Gobierno de Susana Díaz realizó el verano pasado una modificación legislativa similar para salvar el sector del cangrejo rojo de la prohibición de su pesca establecida en una sentencia del Tribunal Supremo.

El PSOE-A discrepaba de la postura oficial sobre la reforma de la Ley Narbona

La iniciativa del PP pretendía reformar la Ley de Patrimonio Natural y Diversidad y sortear una sentencia dictada en 2016 por el Tribunal Supremo, por la que se incluyó ciertos animales en el catálogo del Ministerio de Medio Ambiente de especies invasoras. Este listado incluye especies que son una amenaza grave para la biodiversidad autóctona, por lo que se prohíbe cualquier actividad cinegética, piscícola o comercial relacionadas ellos, con el objetivo de erradicar su presencia en la naturaleza del país.

La reforma del PP -que ha sido rechazada- sí permitiría cazar y pescar para su control y erradicación aquellos animales en áreas ocupadas antes de 2007, año en que se promulgó la primera regulación de esta materia. La portavoz del PP en esta materia, la diputada María Teresa de Lara, ha defendido que, con la sentencia del TS se generó «una gran preocupación» por sus consecuencias económicas y sociales.

Ha señalado que actividades como la pesca deportiva se han quedado fuera de esta ley y ha supuesto grandes pérdidas para el turismo de ciertas comunidades autónomas, cuya economía se basa en esta actividad. También ha alegado que, tras la sentencia, se han cerrado el 60 por ciento de las piscifactorías, el 25 por ciento de los negocios relacionados con ellas y han bajado las ventas del material náutico, entre otros.

Reforma específica para el cangrejo rojo

Después de que Ciudadanos cambiara el sentido de su voto y pasara a rechazar la iniciativa, el PSOE decidió votar también en contra, como lo ha hecho Unidos Podemos. La flamante presidenta del partido, Cristina Narbona, que aprobó esa ley como ministra de Medio Ambiente, había dado directrices precisas al respecto.

Para salvar la situación de los diputados andaluces, el PSOE presentará una iniciativa conforme a las directivas europeas de protección del patrimonio que permita la descatalogación, previo estudio científico, de aquellas especies que deban disponer, por su importancia socioeconómica en diferentes lugares del país, de un tratamiento especifico y singular.

Por otro lado, en la reunión de grupo hubo críticas al nombramiento de Margarita Robles como portavoz. Diputados como Cipriá Císcar cuestionaron su condición de independiente recordando que la normativa reguladora de los cargos públicos del PSOE establece en su artículo 9 que «en ningún caso podrán representar al Grupo Socialista» los parlamentarios que no estén afiliados al partido.

No obstante, existen precedentes, como el caso del difunto José Antonio Alonso, que tampoco tenía carné del partido cuando José Luis Rodríguez Zapatero le propuso como portavoz en el Congreso. En la Asamblea de Madrid, el portavoz también es un independiente, Ángel Gabilondo.

Tras el discurso que Sánchez dirigió a los parlamentarios socialistas, tomó la palabra el diputado Cipriá Císcar, que ha reclamado a la nueva cúpula socialista «respeto» para aquellos que no apoyaron al líder en las primarias.

La nueva dirección toma su sitio

En el pleno de esta semana, la nueva dirección parlamentaria ha sustituido a Antonio Hernando y Miguel Ángel Heredia en primera fila de la bancada socialista. El anterior portavoz y secretario general se han mudado a la cuarta fila. Junto a la flamante portavoz, Margarita Robles, se ha sentado la nueva dirección del grupo socialista: la número dos del partido, Adriana Lastra, y el diputado madrileño Rafael Simancas como secretario general, que apoyó a Patxi López en las primarias.

Les acompañan los portavoces adjuntos: la catalana Meritxell Batet, los susanistas Isabel Rodríguez y Felipe Jesús Sicilia, y el balear Pere Joan Pons, que también votó ‘no’ en la investidura de Mariano Rajoy rompiendo la disciplina de voto.