Una red criminal desarticulada por las policías española y rumana dedicada al tráfico de teléfonos móviles de alta gama defraudó hasta tres millones de euros. La operación se ha saldado con 57 detenidos de trece nacionalidades que llegaron a cometer más de 2.000 estafas.

Responsables de la operación, encabezados por la comisaria jefe de la unidad de delincuencia especializada de la Policía Nacional, Pilar Álvarez, han dado cuenta este martes de los detalles de la Operación Transporte contra una organización dirigida por clanes familiares rumanos que llevaba operando tres años.

La red contaba para su actividad delictiva con empleados desleales en diferentes ámbitos, como teleoperadores de compañías telefónicas- siempre españolas- que trabajaban para éstas desde Latinoamérica y con repartidores de empresas de paquetería, colaboradores necesarios para poder llevar a cabo ese tráfico ilícito.

Álvarez ha detallado el modus operandi de la organización, que en una primera fase se dedicaba a hacerse con datos de identidad, domicilios y cuentas bancarias de clientes reales de operadoras españolas de telefonía. Después, suplantaban esas identidades y en su nombre adquirían de forma fraudulenta móviles del tipo 'smartphone premium' y cargaban los gastos a las cuentas de los estafados que, según las pesquisas, no lo denunciaban.

Locutorios y comercios

Además, aportaban domicilios de entrega falsos o inexistentes y a través de mensajeros captados antes, a los que pagaban entre 50 y 70 euros por teléfono, desviaban la mercancía a receptadores, fundamentalmente pakistaníes e indios, que los vendían a un precio 20 por ciento inferior al del mercado: unos 600 euros la unidad frente a los 800 que podría costar realmente. Los receptadores finales introducían los terminales en el mercado a través de locutorios y comercios.

Los tres miembros principales de la organización fueron detenidos en Rumanía, en una operación conjunta entre la Policía Nacional española y la Policía de Rumanía. Se han realizado 17 entradas y registros -cuatro en la Comunidad Valenciana, siete en la Comunidad de Madrid, dos en la provincia de Teruel y cuatro en Rumanía-, en los que se han intervenido 30.000 euros en efectivo, 130 teléfonos smartphones de distintas marcas, 21 tablets, tres televisores, siete portátiles, 587 tarjetas SIM, dos videoconsolas, 23 dispositivos de almacenamiento, una plastificadora, una guillotina y 25 cuadernos con datos personales obtenidos de manera fraudulenta.