Se conoce en ruso como reiderstvo y se traduce como el ataque contra una empresa mediante prácticas mafiosas para terminar adquiriéndola a un precio irrisorio o, al menos, muy por debajo de su verdadero valor de mercado. Es la técnica que desplegaron los socios rusos de los Pérez Dolset para intentar quedarse con el control de la compañía tecnológica española, según denunció el fundador del grupo en agosto pasado y detalla la Fiscalía Anticorrupción en la querella presentada por presuntas irregularidades en la insolvencia de Zed Worldwide SA (ZED).

Líder del sector de servicios de valor añadido para operadoras de telefonía móvil con 80 filiales repartidas por el mundo, la compañía empezó sin saberlo a escribir su final en 2009, a raíz del acuerdo accionarial alcanzado con la empresa chipriota MIPR Limited para explotar el contrato de ‘agregación de contenido’ que le había adjudicado la compañía Vimpelcom a un grupo controlado por el citado socio chipriota. A través de su filial  ZWW Holdings SL, el grupo ZED se hizo con el 50,10% de Grupo Temafon.

Sobre el papel, la operación era formidable. De hecho, según relata el fiscal en la querella, el 43% de los ingresos obtenidos por Grupo ZED entre 2009 y 2013 procedieron de la sociedad rusa que controlaba. Ello le llevó a planear su salto al parqué para cotizar en el mercado Nasdaq (EEUU), para lo que solicitó un crédito sindicado internacional liderado por ING Bank.

Se conoce en ruso como 'reiderstvo' y es un ataque a una empresa para comprarla a un precio irrirosio

Javier Pérez Dolset, primer ejecutivo de ZED y en prisión preventiva desde este viernes, y su socio ruso, Vage Engibaryan, decidieron concentrar el negocio en una sola compañía para abordar ese ambicioso proyecto empresarial. Fue así cómo el 5 de junio de 2012 nació la sociedad ZED+ BV, que, con sede en Holanda, pasó a convertirse en la titular de los activos de la española ZED y la rusa Tema.

"En el devenir del proyecto empresarial de ZED+ surgieron discrepancias", relata el fiscal en la querella, enmarcadas en "un plan esencialmente dirigido a provocar la situación de insolvencia de la compañía española Zed Worldwide con el propósito último de adquirir la misma a un precio irrisorio o muy inferior a su valor de mercado". Este plan criminal, continúa el representante del Ministerio Público, se llevó a la práctica con "acciones de diferente naturaleza e intensidad".

De acuerdo con la denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción el pasado 19 de agosto, Javier Pérez Dolset sufrió "ataques contra su seguridad personal e intimidad" que le han generado una situación de "inseguridad y desasosiego". El ejecutivo sostiene que también le pincharon el teléfono y que, a través de "piratas informáticos", accedieron a los ordenadores de su empresa en España con el fin de "destruir documentación, alterar el contenido de correos electrónicos y crear documentos falsos". También puso en conocimiento de Anticorrupción la recepción de "mensajes intimidatorios".

Esa campaña de presión trataría de frenar las eventuales acciones que Pérez Dolset pudiera emprender ante la Justicia para denunciar la operación ilegal con la que su socio ruso trataba de tomar el control de la tecnológica española y las "actividades ilícitas" de los inversores rusos tanto en ese país como en Uzbekistán. La práctica mafiosa llegó al extremo de descubrir un día en el parabrisas de su vehículo una nota en la que “amenazaban directamente" a sus hijos si seguía adelante con la investigación.

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No sólo habría habido amenazas personales. La solicitud de concurso voluntario de acreedores presentada ante un juzgado de lo Mercantil de Madrid el 30 de junio de 2016 –y admitida el 10 de noviembre de ese año– fue el desenlace a toda una estrategia de "asfixia legal y financiera" con la que los rusos habrían intentado cortocircuitar el funcionamiento ordinario de la compañía en su intento de quedarse con ella a ‘precio de saldo’.

Como puso de manifiesto una auditoría forense realizada por PriceWaterhouseCoopers, el inicio del bloqueo a la actividad empresarial de ZED comenzó en febrero 2013, ocho meses después de la constitución de la sociedad compartida. El informe auditor reveló que servicios externalizados por el Grupo Tema a las empresas FB Group (Funbox) y Vstrecha se "sobrevaloraron" para "pagar comisiones" a estas dos mercantiles vinculadas a Alexander Vladimirovich Kolokoltsev, hijo del actual ministro de Interior de Rusia (Vladimir Kolokoltsev), por las "conexiones públicas" que éste tenía.

A ello se sumó en abril de 2013 la decisión de Vimpelcom de reducir la comisión a Grupo Tema por los servicios que le prestaba del 50 al 27%, por lo que se redujo su Ebitda (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) de al menos 32 millones de euros sobre lo previsto inicialmente. Fue el primer paso. En noviembre de 2014, el consejero delegado de Vimpelcom, Mikhail Slobodin, anunció unilaterlamente que el contrato quedaría rescindido un año después sin aducir "motivo comercial o justificación alguno", lo que agravó el "cerco económico" sobre ZED. El plan para dinamitar la compañía y adquirirla posteriormente avanzaba según lo previsto.

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Mermados de manera tan notables sus ingresos en el mercado ruso, la empresa era incapaz de hacer frente al préstamo que había solicitado para financiar su expansión. Esa situación de debilidad la aprovechó el socio Vage Engibaryan para abrir un doble frente judicial. Por un lado, interpuso una demanda por administración desleal ante la Corte de Limassol (Chipre) el 23 de septiembre de 2014, solicitando la prohibición de actuar y disponer a sus administradores. Ello conllevó el "bloqueo real" de ZED+, precisa el fiscal.

Y, de otro, solicitó un arbitraje "sobre unos fundamentos presuntamente construidos de manera artificial" a fin de completar el "bloqueo societario". Uno de los motivos alegados era que el crédito se pactó "sin el beneplácito ni conocimiento" de Engibaryan -éste estuvo presente en la reunión del consejo de administración en la que se aprobó por unanimidad, como demuestra el acta de la sesión- y que el socio español había hecho una "disposición fraudulenta" de parte de las cantidades concedidas en el marco del préstamo sindicado.

"Como una acción de presión y ahogo económico definitivo para la compañía española", relata la querella de Anticorrupción, los socios rusos liderados por Vage Engibaryan "planificaron una estrategia ilegal de interrupción de pagos de dividendos de las filiales rusas que dio lugar a una falta total de liquidez". Ello fue otro de los motivos decisivos que condujo a la compañía a la quiebra.

Campaña negativa en prensa

Entre las prácticas criminales denunciadas por Javier Pérez Dolset se incluye el presunto pago a periodistas para dirigir una campaña negativa contra ZED. Así lo refirió el fundador del grupo tecnológico cuando compareció ante la Policía Judicial el pasado 28 de abril para denunciar las presiones que estaría recibiendo de Mauricio Casals, presidente del diario La Razón y adjunto a la presidencia de Atresmedia Corporación.

"Según el denunciante, estas presiones se concretaron en el anuncio intimidatorio de que si Javier comunicaba a las autoridades hechos irregulares o ilícitos del Grupo Planeta, se encargarían de verter informaciones negativas sobre Javier Pérez, para lo cual utilizarían los medios de comunicación del Grupo A3 Media", expone el fiscal. Casals es una de los 19 personas contra las que se ha querellado Anticorrupción, que también señala a la empresa editora del citado diario (Audiovisual Española 2000 SA).