Podemos busca desde sus inicios un nuevo proceso constituyente. Una refundación de la democracia que pidieron en el 40 aniversario de las primeras elecciones del país. El partido de Pablo Iglesias volvió a ser protagonista de una jornada histórica en el Congreso de los Diputados, cuando se reunían los diputados salidos de aquella primera cita en las urnas con la presencia de los Reyes. Lo hizo con un acto que reivindicaba a los «héroes que hicieron posible la democracia»: un «homenaje al antifranquismo» que contó con víctimas de la represión y de los sucesos de Vitoria. El líder de Podemos calificó el paso a la democracia en España como un «éxito político» puesto que se avanzó en cuanto a derechos sociales y políticos, al mismo tiempo en que se señalaba la «frustración» de la oposición al franquismo tras las elecciones del 77.

El acto fue el contrapunto a una jornada institucional y en él quisieron sacar a la luz la otra cara de la Transición, con un revisionismo que pone en duda la que ha sido considerada como una época dorada de la democracia. Un proceso calificado de modélico que 40 años después Podemos quiere aterrizar, devolverle su crudeza y quitarle el halo ejemplar que se dibuja en el imaginario colectivo. Este revisionismo, ejercido desde la perspectiva histórica, tiene algo de mito derivado de la perspectiva histórica, puesto que si nos retrotraemos a 1977, apuntan los expertos, lo que hoy son vistos como éxitos relativos fueron entonces un éxito absoluto hacia la democracia.

La muerte de Francisco Franco el 20 de noviembre de 1975 dejó a huérfano a Carlos Arias Navarro como presidente de Gobierno. Navarro había sido nombrado por el dictador tras el asesinato de Carrero Blanco y la llegada de Juan Carlos I de Borbón como Jefe de Estado le dificultó la tarea que se había encomendado. A cambio de la continuidad de Arias Navarro, el Rey introdujo en el Gobierno a personas de su confianza que habían estado en el régimen pero contaban con un carácter abiertamente reformista como Manuel Fraga, José María de Areilza y Antonio Garrigues, además de personajes de nueva generación como Rodolfo Martín Villa, Leopoldo Calvo Sotelo y Adolfo Suárez.

Arias Navarro fue partidario de continuar el franquismo ante la oposición de reformistas como Fraga o Areilza

El recién nombrado ministro de Exteriores, Areilza, relataba en su libro Diario de un ministro de la monarquía (Planeta, 1977) el discurso que pronunció Arias Navarro tres meses después de la muerte de Franco, donde reconocía su objetivo último: «Yo lo que deseo es continuar el franquismo. Y mientras esté aquí o actúe en la vida pública no seré sino un estricto continuador del franquismo en todos sus aspectos y lucharé contra los enemigos de España que han empezado a asomar su cabeza y son una minoría agazapada y clandestina en el país”. En ese tono, que Carrero no hubiese igualado en sus mejores tiempos, continuó la soflama. Fraga estaba colorado de ira. Yo estuve a punto de levantarme y marcharme.”

Las grietas en entre el presidente y el Gobierno se hicieron cada vez más patentes, al igual que la distancia entre Arias Navarro y Juan Carlos I. El rey consideraba al presidente de Gobierno el principal obstáculo para la reforma democrática por su carácter inmovilista y la lentitud de las reformas acometidas. La situación provoca el deterioro de la situación política, y los editoriales de la época ponen en cuestión al jefe del Ejecutivo.

Es célebre la entrevista al monarca español publicada en el semanario Newsweek el 26 de abril de 1976, donde expresaba abiertamente su inquietud por la falta de avances. «El nuevo mandatario de España está gravemente preocupado por la resistencia de los derechistas al cambio político. Cree que ha llegado la hora del cambio, pero el primer ministro Carlos Arias, que detenta el poder desde los días de Franco, ha demostrado más inmovilismo que movilidad. En opinión del Rey, Arias es un desastre sin paliativos, que se ha convertido en el soporte de los leales a Franco», rezaba el semanario.

Siete meses después de la muerte de Franco, el 2 de julio de 1976, Arias Navarro dimitió como presidente de Gobierno tras la petición del ahora Rey emérito y dos días después salió elegido Adolfo Suárez en la terna propuesta por el Consejo del Reino, en la que entró gracias a la intercesión de Torcuato Fernández Miranda, uno de los hombres de confianza del rey. Suárez lanzó un mensaje claro en su primera intervención televisiva después de su nombramiento. «La meta última y concreta es que los gobiernos del futuro sean el resultado de la libre voluntad de la mayoría de los españoles».

Este pistoletazo de salida aceleró el proyecto de ley fundamental de Reforma Política, que se aprobó en las Cortes aún franquistas en noviembre del 76 y que fue una de las últimas leyes del franquismo, en un paso definitivo hacia la democracia. La propuesta tenía un corte marcadamente democrático: reconocía la soberanía al pueblo, se reconocen las Cortes salidas del resultado de elecciones democráticas como única institución capaz de elaborar y aprobar leyes, y se propone el referéndum vinculante para ratificar asuntos de interés nacional. La ley fue ratificada en el referéndum de diciembre del 76 con un 95% de apoyos. Esa fecha marcó un antes y un después en la historia del país. Era la primera vez que se les preguntaba a los españoles tras más de cuarenta años.

En el referéndum de 1976 el Gobierno tuvo un interés máximo en fomentar la participación y pone en la calle la famosa canción Habla, pueblo, habla. Al Gobierno no le bastaba con una mera victoria matemática. Las resistencias del franquismo ortodoxo al cambio son enormes. Por eso el Gobierno necesita en primer lugar una presencia masiva en las urnas y necesita también una abrumadora mayoría de «síes». Pero la oposición de izquierdas, que aún era ilegal pero cuyos líderes, salvo Santiago Carrillo,  ya estaban en conversaciones con el presidente Adolfo Suárez, defendía la «abstención activa». Eso quería decir no acudir a votar, como explicó en su día Felipe González: «No era un referéndum estrictamente franquista, pero tampoco era un referéndum que ofreciera la más mínima igualdad de oportunidades. Como no podíamos estar en contra ni podíamos decir que sí como si fuéramos los perrillos falderos del que lleva la tropa, pues teníamos que abstenernos. Entonces nos abstuvimos pero no hicimos campaña por la abstención. […] Pensábamos que, de todas maneras, el éxito del referéndum iba a ser un paso en la buena  dirección».

Los resultados de la consulta del 15 de diciembre dan un 77,4% de participación y un 22% de abstención. Del total de votantes, el 94,2% votó «sí». Y, dato importantísimo para el proyecto del Gobierno, los votos del «no», que era lo que defendían los franquistas recalcitrantes, contabilizaron un raquítico 2%.  Con estos resultados queda claro que los españoles apoyaron el plan del Gobierno, consistente en iniciar el camino hacia la democracia por la vía de la reforma y no por la vía de la ruptura. A partir de ese momento el proceso democratizador se acelera.

A esta ley de la Reforma Política le siguió un decreto emitido en febrero de 1977 por el que se flexibilizaba la inscripción de partidos en el registro de Asociaciones Políticas, y por el cual se legalizaron más de un centenar de partidos. El 6 de abril del mismo año pasaba a la legalidad el Partido Comunista de España, uno de los que había abanderado con más intensidad, junto al PSOE, la oposición al régimen franquista.

El fruto político de la Transición fue la Constitución de 1978, la primera que se elaboró desde un amplio consenso de distintas fuerzas políticas. Las Cortes salidas de las elecciones de 1977, de las que se cumplen ahora 40 años, se convirtieron de inmediato en unas Cortes Constituyentes, y en la Comisión Constitucional se eligieron los que serían los siete padres de la Constitución. Gabriel Cisneros, Miguel Herrero de Miñón y José Pedro Pérez Llorca de UCD; Gregorio Peces-Barba del PSOE; Jordi Solé Turá del PCE;  Miquel Roca, en representación de Minoría Catalana y del PNV ; y Manuel Fraga de Alianza Popular (AP). La mecánica fue por consenso para terminar con la tradición de las «constituciones de partido». El texto final fue aprobado en el Pleno del Congreso de los Diputados por 316 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones y sometido a referéndum de los ciudadanos el 6 de diciembre de 1978. La Constitución quedó aprobada con un 87,87% de votos.

Los argumentos de Podemos

 Los partidos republicanos no pudieron presentarse a las elecciones con ese nombre. «Hay que recordar que las formaciones que se definían como republicanas no fueron legalizadas para las elecciones de 1977», recordaba estos días Pablo Iglesias. Y es cierto. Los partidos con el adjetivo «republicano» no pudieron concurrir a las elecciones de 1977. Pero también es cierto que Heribert Barrera, miembro de Esquerra Republicana de Cataluña desde 1935 y su secretario general desde 1976, sí se presentó a las elecciones de junio de 1977 por la Coalición Electoral Esquerra de Catalunya y obtuvo escaño. De los 12 partidos que obtuvieron representación parlamentaria en esas elecciones, al menos cinco, incluidos el Partido Socialista y el Partido Comunista eran abiertamente republicanos.

Diego López Garrido, catedrático de Derecho Constitucional y secretario de Estado para la UE entre 2008 y 2011, bajo la legislatura de Zapatero reduce este hecho a algo «puramente anecdótico porque PCE y PSOE defendían la república». El Gobierno tenía miedo de que la introducción parlamentaria de ese término provocase al franquismo intransigente, ya muy irritado con el curso de los acontecimientos, y se echara a perder el proyecto democratizador que se disponía a ser culminado con la elaboración de una Constitución. De todos modos, Acción Republicana Democrática Española (ARDE) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) fueron legalizados el 2 de agosto, 10 días después de que constituyeran las primeras Cortes democráticas. Efectivamente, durante la monarquía de Alfonso XIII existieron partidos republicanos y durante la República los hubo monárquicos, por lo que no había dificultad alguna de tipo histórico en su legalización. Y finalmente no la hubo.

La Ley de Sucesión, un corsé a la democracia. Una de las tesis de Iglesias es que el pacto de la Transición tuvo corsés como la ley fundamental de Sucesión que «impidió a los españoles poder decidir sobre el modelo de Estado». Esta ley del franquismo es de 1947, ocho años después de acabada la Guerra Civil y dispone que el sucesor del Jefe del Estado, es decir, de Franco, sería nombrado por él y que tendría que ser ratificado por las Cortes. Como la Transición se hizo por la vía de la reforma, esto es, «de la ley a la ley pasando por la ley», como expresó Torcuato Fernández Miranda, el valedor de Suárez puesto por el rey.

La Ley para la Reforma Política, una de las últimas leyes fundamentales del franquismo, incluyó la figura del Rey dentro de su articulado. En noviembre de 2016 se reabrió el debate sobre la consulta sobre la república en aquel momento, a raíz de una grabación en la que Suárez admitía la inclusión de esta figura en la Ley fundamental de la Reforma Política ante lo desfavorable de las encuestas. Más tarde, sin embargo, la Constitución de 1978 derogó las leyes fundamentales y los distintos partidos, incluido el PSOE y PCE, consensuaron fijar el modelo monárquico.

«La monarquía se aprobó al refrendarse la Constitución con un apoyo amplísimo», destaca López Garrido. Benigno Pendás, presidente del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, señala que «el rey Juan Carlos fue el impulso determinante para la democracia junto a Adolfo Suárez». Él fue quien impulsó a Suárez, uno de los perfiles más reformistas de la dictadura. La figura del Rey por entonces era un garante de estabilidad, pues aseguraba la obediencia de los mandos militares, en muchos casos leales al franquismo, explican los expertos. «La corona se relegitimó el 23-F, tras el intento de golpe de Estado, cuando se consolidó la monarquía», explica López Garrido.

La Transición no rompió con el franquismo de manera rotunda. Podemos apela a la continuidad de cargos policiales y políticos durante la Transición para defender que no fue una ruptura con el régimen franquista, sino una continuación. «Con un dictador que muere en la cama, se conservaron partes de los mandos de la última parte del régimen, pero todos estaban locamente a favor de la democracia. Otra cosa hubiera sido si no estuvieran a favor», explica López Garrido. El espíritu del proceso fue un difícil equilibrio entre la savia nueva de la democracia y el mantenimiento de parte de la estructura, con dos objetivos. Uno, no rebelar a los cargos militares que aún defendían el régimen; y dos, evitar la confrontación entre las dos Españas.

«Una quiebra revolucionaria hubiera venido seguida de depuración de mandos», advierte López Garrido, que defiende que «sí hubo una ruptura jurídica absoluta respecto a lo anterior». Rompió con el franquismo de una manera total pero no de forma abrupta, defiende el experto, sino respetando los procedimientos legales y abriendo las vías democráticas que rompieron definitivamente con la dictadura. Fue lo que la izquierda llamó la «ruptura pactada». Francisco Javier Roca, presidente emérito de la Asociación de Constitucionalistas de España, cree que la renovación total de todos los cargos era en aquel momento «imposible por las circunstancias»  y que no fue «hasta mucho tiempo después cuando se erradicaron los residuos de la dictadura, que quedaron muchos».

Y para poder hacerse una idea aproximada de lo delicado del terreno en el que se hizo la Transición basta decir que la Ley para la Reforma Política no incluyó ciertamente ninguna cláusula derogatoria por precaución, por no expresarlo con esa crudeza.  Habría que esperar a diciembre de 1978 para ver en la Constitución la Disposición Derogatoria que declara sin efecto las ocho Leyes Fundamentales que organizaban los poderes del Estado durante el franquismo.

El protagonismo, del pueblo. «No fue la gran obra de Suárez y el Rey, las movilizaciones con huelgas amplísimas dirigidas por CCOO fueron clave para esta ruptura. No fue un tema palaciego», destaca López Garrido. Pablo Iglesias, al ser preguntado, aseguró esta semana que el «gran protagonista» de la Transición fue el pueblo español. Las movilizaciones, coincide con Iglesias, han hecho referencia al papel de Suárez y Juan Carlos I en la Transición. Benigno Pendás coincide en que en el momento hubo «una conciencia general de que la Transición había sido un éxito colectivo», puesto que se consiguió el principal objetivo. «El protagonismo fue del pueblo anónimo, que en su deseo de democracia exigió puntos de entendimiento, y sobre todo no volver al enfrentamiento que se había vivido en la Guerra Civil».

Los olvidados de la Transición. Podemos ha reivindicado estos días la figura de los «héroes del antifranquismo», que lucharon por la democracia a través de huelgas y movilizaciones. Entre ellos están las cinco víctimas de los sucesos de Vitoria, en marzo de 1976, o los episodios violentos que se desataron en enero del 77, con los Asesinatos de los abogados de Atocha a manos de la ultraderecha. La inestabilidad de un gobierno aún preconstitucional se hizo patente en las calles, donde la oposición aclamó la llegada de la democracia. «El PCE estaba en el Parlamento, qué más homenaje podía hacerse», reflexiona López Garrido, que recuerda que el PSOE liderado por Felipe González fue uno de los grandes agentes de oposición al régimen. «En España ha gobernado mucho más tiempo la oposición al franquismo que la derecha española, que sí fue heredera del franquismo».

La frustración de la izquierda. «La Transición fue un éxito político que seguramente frustró las expectativas de la izquierda en ese momento», aseguraba esta semana Pablo Iglesias. «La izquierda había hegemonizado la oposición al franquismo y lo había pagado con la cárcel, imagínense en las elecciones del 77: la victoria de UCD con cuadros de la dictadura». El líder de Podemos ha reconocido en otras ocasiones la falta de fuerza de la oposición en las calles. A esto se le suma la división que sufría, que dificultaba aun más la posibilidad de imponer sus planeamientos. Las palabras de Felipe González y de Santiago Carrillo, que sí vivieron ese tiempo, dan una idea de la situación de la izquierda en aquellos momentos.

Felipe González: «La izquierda era muy frágil en España, muy débil. Y además, cualquiera que diga otra cosa, miente -y es una pena mentir cuando uno se esta refiriendo a los acontecimientos históricos- porque de cada 100 ciudadanos en España no había más de uno razonablemente, o dos como mucho, dispuestos a arriesgarse a ir a la cárcel para enfrentarse con la dictadura en aquel momento. Esa es la verdad y después de 40 años era lógico que así ocurriera.[…] Y naturalmente, las circunstancias nos obligaron a todos a intentar un acercamiento y un diálogo que superara esas discrepancias entre las fuerzas de la oposición, que considerábamos débiles en su conjunto y que, fragmentadas, serían aún más débiles, obviamente«.

Santiago Carrillo : «Nosotros estábamos convencidos por la práctica y por una larga experiencia, de que la oposición no tenía fuerza suficiente para romper el sistema. Y además yo diría que muchos no tenían la voluntad de hacerlo. Querían heredar pero no derribar». Y otra reflexión más, también de Santiago Carrillo: «Divididas las fuerzas democráticas eran impotentes. Unidas tampoco hubieran podido derribar el sistema» .

Estas razones, dadas por sus propios protagonistas, explican en buena medida por qué la izquierda no pudo imponer sus planteamientos iniciales aunque luego contribuyó decisivamente al éxito de la conquista de la democracia y la elaboración de la primera Constitución de la Historia de España, que contó con la aprobación de todos los grupos con representación parlamentaria.

Equidistancia entre la oposición a la dictadura y los cuadros del franquismo. En el 40 aniversario de las elecciones, Iglesias culpó al rey de ser equidistante «entre los defensores de la democracia y de la dictadura». Lo que hoy puede ser visto como equidistancia fue por entonces un intento por partir de cero. La legalización de los partidos opositores a la dictadura vino acompañada por dos amnistías, que supusieron un intento por hacer «tabla rasa» en el escenario político. «La ley de Amnistía fue clave para que se pudiera producir un proceso pacífico hacia la democracia», apunta López Garrido. Es por ello que Roca establece una diferencia: «Memoria histórica por reivindicar a quienes lucharon por la democracia, sí, pero no al afán de machacar la Transición», apunta.

La amnistía supuso la desaparición total de los hechos condenados al aceptarse que el hecho en sí nunca debió de ser considerado delictivo. La izquierda reivindicó masivamente esta medida, sobre todo desde la muerte de Franco. En enero de 1976 se crea la Comisión Pro-Amnistía en demanda de «Amnistía y libertad», que fue el grito reivindicativo de los partidos de izquierda durante todo el primer semestre del mismo año. La abogada Cristina Almeida lo explicaba ante 600 personas convocadas por ese Comité Pro-Amnistía: «Creemos que la amnistía es algo mucho más profundo y que en es tenemos que ser mu exigentes. Se podrá soltar a a gente de la cárcel, pero mientras las puertas se sigan abriendo otra vez para que entre en elle nueva gente, no habremos conseguido nada. ¡La amnistía lleva implícita la palabra libertad!».

La Ley de Amnistía de octubre de 1976 declaró amnistiados todos los delitos de intencionalidad política cometidos antes del 15 de diciembre de 1976, fecha del referéndum sobre la Reforma Política. Esa ley de amnistía permitió salir de la cárcel incluso a los terroristas con delitos de sangre, de modo que hubo un momento en España en el que no hubo ningún miembro de ETA en prisión, aunque duró apenas unas semanas puesto que la oleada de terror siguió marcando la historia del país.

La amnistía fue una reclamación exclusiva de la izquierda, la oposición al régimen, que era la que tenía presos y represaliados políticos. Los mandos del franquismo no habían sido condenados por delitos políticos porque habían estado en pleno ejercicio del poder. La Ley  de Amnistía no tuvo por lo tanto nada que ver con una Ley de Punto Final como la argentina, por la que se indultaban a quienes cometieron actos violentos de tortura y represión en la dictadura militar. En España no hubo una ley de este corte de la que hubieran podido beneficiarse los franquistas. Felipe González lo explicó en su día con sincera crudeza:

«Entonces no sólo no se planteaba la posibilidad de pedir responsabilidades a los franquistas por los desmanes de la dictadura sino que por lo que se luchaba todavía en aquel momento era por garantizar la libertad de los que habían estado sometidos a las restricciones de la dictadura. Algunos locos había, como esos que están enterrados en un pozo y dicen: ‘Cuando salga del pozo se va a enterar usted’. Bueno, pues entonces no sale usted del pozo porque no le echo la cuerda. Es decir, aquí había una relación de fuerzas que era absolutamente negativa para la oposición. Y creo que en esto hay que ser absolutamente realistas. Y no nos olvidemos: cuando aquí se llega a la decisión primera de amnistía, no se está amnistiando a los responsables del régimen ¡de lo que se está hablando es de la amnistía de las responsabilidades políticas de la oposición al régimen! Los herederos de la situación anterior -desde luego Adolfo Suárez, pero incluso Fraga, que estaba por un proceso de reforma distinto-  no pensaban en si se iban a pedir responsabilidades a los franquistas, ¡estaban pensando en cuánto soltaban la cuerda y cuánto había de perdón para los malos, que seguíamos siendo nosotros! Es una pena que se olviden las cosas tan pronto. Pero esto era así«.

Blanquear la Transición. En sus tres años de vida, Podemos ha defendido la tesis de que la Historia ha blanqueado la Transición, y había pasado de puntillas por sus capítulos negros. Aunque aquellos años no estuvieron exentos de inestabilidad, para Roca, de la Asociación de Constitucionalistas de España, esta afirmación constituye un error de perspectiva, puesto que considera que se trata de «un juicio histórico anacrónico», realizado 40 años después. «El valor de la transición hay que analizarlo en su momento, con todo lo que implicó». «¿Se podía haber hecho de otra manera? Es difícil saberlo, pero sí es cierto que nunca hubiéramos imaginado que España iba a salir tan bien de la dictadura», explica, destacando el carácter pacífico del proceso. Si bien la retrospectiva no ayuda a valorar el proceso en conjunto, Roca sí es favorable a abordar los nuevos retos en asuntos como la articulación del Estado, la integración en la Unión Europea o la corrupción, pero llama a hacerlos desde el espíritu que reinó una de las etapas consideradas doradas de la democracia:  «Ahora es momento de cambios, pero hay que hacerlos sin iras».