El ministro Juan Ignacio Zoido ha trasladado al coronel Manuel Sánchez Corbí su intención de seguir contando con sus servicios como jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El titular de Interior defiende así la actuación de este departamento en un momento en que, desde algunos frentes, se han cuestionado algunas de sus investigaciones en casos de corrupción política que instruyen actualmente diversos juzgados españoles.

Según ha podido conocer El Independiente, Sánchez Corbí telefoneó al ministro después de que OKdiario publicara el pasado miércoles que el Ministerio del Interior lo relevaría por la «cadena de errores cometidos en las últimas investigaciones». Las fuentes consultadas por este periódico aseguran que, en el curso de dicha conversación, Zoido le reiteró su confianza y descartó su sustitución.

Veterano de la lucha antiterrorista en el País Vasco, Sánchez Corbí se encuentra al frente de la UCO desde hace algo más de año y medio, después de que Pedro Ortega Calahorro ascendiera a general y fuera destinado a la jefatura de Policía Judicial. El actual responsable ya conocía el funcionamiento de esta unidad de la Guardia Civil, puesto que con anterioridad dirigió su departamento de Delincuencia Especializada y Drogas.

El jefe de la UCO telefoneó al ministro el pasado miércoles al publicarse que iba a ser relevado en el puesto

En los últimos meses han arreciado las críticas contra el trabajo de la UCO a cuenta de algunas de sus investigaciones. Es el caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, después de que agentes de esta unidad pidieran al juez Eloy Velasco que la imputara por delitos continuados de cohecho y prevaricación por la adjudicación del servicio de la cafetería de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández en el marco de la pieza separada del caso Púnica en la que se investiga la presunta financiación irregular del PP de Madrid. Ni el instructor ni la Fiscalía Anticorrupción apreciaron indicios delictivos para elevar exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dada la condición de aforada de Cifuentes.

La jefa del Ejecutivo autonómico criticó el relato «sin fundamento jurídico» del informe de la Guardia Civil y que se le hubiera dado «pábulo», al tiempo que llamó la atención por la «indefensión» que le había causado la «filtración» de dicho atestado en vísperas de que el grupo de Podemos en la Asamblea de Madrid presentara una moción de censura. Ésta no prosperó y Cifuentes se mantiene al frente del Gobierno regional.

Las críticas se avivaron a raíz de que el titular del Juzgado de Instrucción 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, acordara el pasado 24 de mayo archivar una pieza separada del caso Rato en la que se investigaba al ex vicepresidente por la presunta comisión de delitos de blanqueo, cohecho y malversación de fondos públicos al basarse las acusaciones policiales en «sospechas sin sustento».

Cristina Cifuentes y la juez del fraude de la formación, entre los más críticos con la investigación de la UCO

En concreto, la UCO mantenía que Rato habría aprovechado la privatización de grandes empresas de titularidad pública o participadas por el Estado durante su etapa como ministro de Economía y vicepresidente del Gobierno para colocar al frente de ellas a personas «de su confianza» con el objetivo de que contrataran posteriormente publicidad a una empresa controlada por él -COR Comunicación SL- «a precios muy elevados y percibiendo por ello sustanciosas comisiones». «Suponer que dicha facturación, que data de hace 13 años y sobre la que no ha existido sospecha alguna hasta la actualidad, per se supone la existencia de un delito de malversación no va más allá de la mera suposición, pero carece de sustento fáctico alguno, máxime cuando en la actualidad su presidente es quien estuvo ligado al investigado por vínculo matrimonial», concluyó el magistrado.

La censura a la actuación de esta unidad de la Guardia Civil también se lee en los autos de María Núñez Bolaños, la magistrada que sustituyó a Mercedes Alaya al frente del juzgado sevillano que investiga el caso ERE y el fraude en los cursos. En la resolución por la que archivó a principios de año la pieza política de la formación, en la figuraban como investigados tres ex consejeros de la Junta de Andalucía, la instructora acusó a los agentes de la UCO de construir «teorías sobre conspiración y tramas delictivas» y lamentó «el daño que se causa a personas cuya honorabilidad y profesionalidad se pone en cuestión, viéndose abocadas a defenderse como presuntos delincuentes en el proceso».

La absolución de todos los procesados -diez- por la venta de los suelos de Mercasevilla, una de las piezas separadas del caso Mercasevilla, también ha servido de munición para criticar no sólo la instrucción de Alaya sino también la investigación policial de la UCO. Lejos de la posición de la instructora, las acusaciones y la Guardia Civil, la titular del Juzgado de lo Penal 13 de Sevilla ha defendido en la sentencia que no había ni siquiera indicios de la comisión de delitos de fraude y exacciones, prevaricación y delito societario, por los que el fiscal pidió en el juicio dos años de cárcel para los acusados.

El número dos de Interior dice que el trabajo de esta unidad policial es «excelente pero no infalible»

Meses atrás, igualmente, el titular del Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, reprochó a la UCO que hubiera tomado declaraciones a testigos e imputados sin autorización judicial en el procedimiento en el que se investiga si Mario Conde repatrió a España fondos ocultos en el extranjero y le instó a que cesara mientras no lo autorizara él.

Los reproches al trabajo han llevado a algunas asociaciones profesionales con representación en la Guardia Civil a exigir al equipo ministerial que saliera en defensa de la UCO, una de las unidades que gozan de mayor prestigio. El pasado martes, el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, calificó la actuación de este grupo como «excelente pero no infalible» durante el Consejo de la Guardia Civil. «Nunca se ha dudado del prestigio de la UCO», sentenció Nieto, cuyo nombre apareció en informes policiales de la operación Lezo por la reunión que mantuvo con el hermano del ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González semanas antes de que se desplegara el dispositivo policial.

«Nuestro margen de error es cero»

En conversación con El Independiente el pasado mes de abril, Sánchez Corbí destacó la profesionalidad y preparación de la unidad que dirige, integrada por unos 550 agentes. «Los rangos de mando están muy subidos. Los departamentos los dirigen tenientes coroneles y los grupos, comandantes. Eso implica calidad», defiende. Y sentenció: «Nuestro margen de error es cero».

A la vista de las críticas que se han conocido en los últimos meses, fuentes de la UCO consultadas por este diario defienden su labor en la investigación de casos de corrupción, en la mayoría de los casos bajo el foco mediático. «Difícilmente podemos hacer mejor nuestro trabajo», dijeron, al tiempo que recordaron que sus atestados están siempre supeditados al criterio de magistrados y fiscales. «El mejor control de calidad posible es el juez. Es él el que debe decir si el informe es bueno o no», apostilla.