El Ministerio de Industria, Energía y Turismo concedió ayudas por importe superior a los 23,55 millones de euros al conglomerado de empresas controlado por Javier Pérez Dolset -en prisión desde la pasada semana por su implicación en el presunto fraude de la compañía tecnológica- durante la etapa como titular de José Manuel Soria, forzado a dimitir a mediados de abril del pasado año tras trascender su participación en empresas familiares radicadas en paraísos fiscales.

ZED Worldwide SA, Ilion Studios SA, Factory Holding Company SL (hoy U TAD Centro Digital SL), Pyro Studios SL, Alvento Soluciones SL, Play Wireless SL y Pyro Mobile SL -administradas por los hermanos Pérez Dolset- fueron algunas de las sociedades beneficiadas entre 2010 y 2015 con fondos ministeriales para el impulso de la competitividad en materia de I+D+i y par el fomento de la sociedad digital. Según detalla la Fiscalía Anticorrupción en la querella presentada ante la Audiencia Nacional, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio otorgó en el citado periodo a estas empresas 48.839.200 euros (44.161.792 en préstamos y 4.677.498 en subvenciones), de los que 23.555.949,23 euros se fechan en la etapa de Soria. Éste ocupó el cargo desde el 22 de diciembre de 2011 al 15 de abril de 2016.

El fiscal sospecha que Javier Pérez Dolset tenía contactos dentro del Ministerio que «le proporcionaban información de las convocatorias antes de que éstas se publicasen en el BOE» y que posteriormente se encargaban de la supervisión de la ejecución de los proyectos. En este sentido, uno de los querellados -Teófilo R.P.- señaló que la persona «bajo cuyo paraguas se hacían estas revisiones» era Antonio Alcolea Muñoz, alto cargo del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid, el Subdirector general de Fomento de la Sociedad de la Información (dependiente de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información) desde junio de 2014 ejerció previamente como vocal asesor en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (entre abril de 2012 y mayo de 2014) después de haber sido coordinador de Inspección Técnica y Control de Calidad en el mismo organismo.

Un alto cargo de Industria, señalado por uno de los querellados como ‘protector’ de Dolset en el Ministerio

Entre los requerimientos formulados por Anticorrupción en vísperas de que se desplegara la pasada semana la operación Hanta, saldada con la detención de ocho personas, Anticorrupción solicitaba diversos requerimientos de cumplimiento inmediato al hoy Ministerio de Industria, Turismo y Agenda Digital, entre ellos copias de los expedientes de ayudas, actas u otros documentos que reflejen la propuesta y la decisión de la comisión de evaluación, la identificación de los funcionarios que intervinieron en cada fase del expediento y que formaban parte del órgano evaluador y si existen informes de fiscalización o de control financiero sobre los citados expedientes.

El diario Vozpópuli recoge el testimonio de un ex empleado del grupo tecnológico, declarado en concurso de acreedores en noviembre del pasado año, que asegura visitas frecuentes del ex ministro de Industria a la sede de la compañía. «En el tiempo que yo estuve, cerca de un año, diría que le vi todos los meses», declara.

La falta de liquidez y el bloqueo de inversores externos llevó a Pérez Dolset el 30 de junio de 2016 a solicitar concurso voluntario de acreedores, aceptado por un juzgado de lo Mercantil de Madrid el 10 de noviembre del pasado año. De acuerdo con la cuantificación de la administración concursal, ZED mantiene una deuda pendiente de pago con las administraciones públicas por importe superior a los 28,42 millones de euros, a los que se suman otros 14,22 millones en «subvenciones ilícitamente obtenidas» -sostiene el fiscal- que no están sujetas a devolución.

La quiebra del grupo tecnológico ha provocado un perjuicio a las administraciones públicas de 42,6 millones

El fiscal ha detectado posibles anomalías en las memorias con las que las empresas justificaron el dinero público recibido. «No consta el resultado concreto de este proyecto ni una correlación entre las bases de la convocatoria pública y los supuestos resultados obtenidos. Asimismo, alguna de las personas reflejadas en la memoria no tuvieron participación en el proyecto, carecían de la cualificación reseñada o cumplían funciones totalmente ajenas a las indicadas en las memorias», expone el representante del Ministerio Público en relación con el apoyo brindado a ZED Worldwide en el marco del proyecto ‘Abaco’ de la Secretaría de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información por un montante de 4,43 millones de euros.

Al analizar otra de las ayudas, dirigida a financiar el diseño de infraestructuras orientadas a la visualización tecnológica y organizativa del estudio de animación 3D, Anticorrupción llama la atención sobre el hecho de que no aparezca «ninguna referencia» ni sobre los objetivos ni sobre los resultados «más allá de la resolución de la concesión de las ayudas publicadas en el BOE [Boletín Oficial del Estado]».

Tampoco pasa por alto la Fiscalía la memoria técnica justificativa aportada por Javier Pérez Dolset sobre el proyecto ‘Memento’ en 2012. A este respecto, expone: «Este documento presenta ausencias de elementos esenciales como la reseña de los medios materiales y humanos empleados y los costes repercutidos al proyecto, por lo que lleva a pensar que el documento aportado es incompleto y no se correspondería con el presentado a la Administración».

Anticorrupción desvela que, en algunas de las ayudas otorgadas, el único rastro es la concesión publicada en el BOE

José Manuel Soria cobró 41.803,02 euros como indemnización tras su salida del Gobierno, concretamente nueve mensualidades a razón de 4.644,78 euros. El abono de esta cantidad tuvo lugar entre el 1 de mayo de 2016 y el 31 de enero de 2017.

Tras su salida de Industria, el ex ministro canario intentó orientar su carrera profesional en un organismo internacional como director ejecutivo del Banco Mundial, cargo para el que había sido designado por el Gobierno a principios del pasado mes de septiembre. La presión obligó al Ejecutivo a pedirle que renunciara a este puesto, como hizo el 7 de septiembre en una carta enviada al secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa, en la que dejaba claro que lo hacía «a petición del Gobierno».

Soria dejó de cobrar la cesantía tras constituir una consultora -Sorben Partners SL, con sede en Las Palmas de Gran Canaria- dedicada a asesorar a empresas en sus planes de expansión tanto a nivel nacional como internacional. El antiguo titular de Industria figura en esta compañía como administrador único desde el 1 de febrero de 2017.