El fundador y máximo accionista del Grupo Zed, Javier Pérez Dolset, ha negado este jueves ante el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón tener conocimiento de que se cometieran irregularidades por parte de la empresa tecnológica para conseguir subvenciones públicas millonarias de forma fraudulenta.
Según fuentes fiscales, el acusado, que ha declarado durante poco más de una hora ante el juez que investiga la quiebra de la sociedad, ha dicho que es falso que se aprovechara de un círculo de influencias o que se valiera de proyectos ficticios para conseguir ayudas públicas por valor de cerca de 70 millones de euros entre 2011 y 2016.
El presunto cabecilla de la trama ha reconocido que sufrió presiones por parte del presidente de La Razón, Mauricio Casals
El presunto cabecilla de la trama ha reconocido que sufrió presiones por parte del presidente de La Razón, Mauricio Casals, pero ha negado igualmente que éste, imputado en la causa, intercediera para la comisión de las presuntas irregularidades que investiga Castellón y que llevaron a la empresa a la quiebra. Los fiscales del caso sin embargo apuntaron en su querella que el conglomerado se habría beneficiado de sus contactos en el Ministerio de Industria para cobrar comisiones irregulares.
Pérez Dolset, en prisión incondicional desde el pasado 30 de junio, ha añadido que no tiene dinero en ninguna sociedad panameña pese a que Anticorrupción apunta que el empresario dispone de fondos por valor de 101 millones de dólares, según las mismas fuentes. Los fiscales se basan en un documento aportado a la causa por el consejero general del Grupo Planeta, Luis Elías Viñeta, sobre la constitución de la sociedad Panareal a la que presuntamente se habrían desviado los fondos destinados al Grupo Zed.
Sin embargo el empresario ha manifestado que dicho documento es falso y ha negado disponer de dicha cantidad al igual que hizo el pasado 30 de junio cuando el juez decretó, a petición de los fiscales del caso, su ingreso en prisión sin fianza en la cárcel de Estremera, desde donde ha sido trasladado hasta la Audiencia Nacional. En ese momento dijo que estaba arruinado y que todo el capital que disponía lo había invertido en el grupo familiar.
Su defensa, que ha pedido la celebración de una vista para resolver su situación de prisión, ha aportado un certificado de un despacho de abogados que acreditaría que el principal acusado no dispone de fondos en la sociedad panameña.
Recurre la prisión
No obstante, la Sala está pendiente de resolver de forma previa el recurso de apelación presentado igualmente por su defensa contra la prisión incondicional dictada por el juez. Al respecto los fiscales del caso podrían ratificar la solicitud de cárcel o bien modificar su petición para el acusado.
La operación, conocida como Hanta, fue dirigida por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional y coordinada conjuntamente con la Unidad de Delitos Económicos y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Los ocho detenidos se negaron a declarar ante el magistrado, que decretó prisión sin fianza para el acusado y dejó en libertad con medidas cautelares a los otros siete.
Los investigadores atribuyen a Pérez Dolset la comisión de delito de insolvencia punible, administración desleal, fraude de subvenciones y tráfico de influencias por valerse de más de una decena de sociedades para captar entre 2011 y 2016 un total 69.369.876 euros de fondos públicos.
El juez considera que tuvo una "intervención fundamental" en la situación de insolvencia de la empresa tecnológica porque creó un sistema con el que obtuvo subvenciones de forma masiva falseando los requisitos para acceder a éstas.
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