La Generalitat ha acordado hoy interponer un recurso ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional (TC) ante las nuevas condiciones y requerimientos de información impuestos por el Gobierno a la Generalitat para seguir pagando el FLA para evitar que ese dinero sirva para sufragar el referéndum de independencia.

Unas medidas que el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, ha tachado de «improcedentes y desproporcionadas». En este argumento se basarán los recursos judiciales de la Generalitat, que Junqueras ha definido como «el primer paso para agotar vías internas del Estado antes de llevarlo a justicia internacional».

La información sólo la dará Economía

«El referéndum no tiene nada que ver con el FLA, si alguien quiere interrumpir el FLA no impedirá que los catalanes voten», ha añadido Junqueras para descalificar la decisión del Gobierno, a la que la Generalitat se niega a responder en los términos fijados por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

Junqueras ha criticado además los requerimientos de información a 133 entidades públicas dependientes de la Generalitat «que no tienen nada que ver con la organización del referéndum» y ha advertido de que sólo responderán a peticiones concretas de información y será él quien lo haga.

Con el objetivo de proteger a los funcionarios a los que el Gobierno ha solicitado esta información -interventores y secretarios generales- Junqueras ha anunciado que él centralizará la información. «El Gobierno ya sabe a quién dirigirse» -en referencia a su Departamento- porque «las decisiones las toma el gobierno y sus miembros».

El vicepresidente económico de la Generalitat ha recordado además que el FLA sirve en buena parte para pagar los propios vencimientos de este fondo y ha apuntado, en este sentido, que «la reputación de todas las administraciones publicas está cruzada, la autonómica, estatal y europea».

«Interrumpir el FLA no impide la celebración del referéndum, tiene efecto sobre las entidades del tercer sector, las prestadoras de servicios sociales, los hospitales, el Instituto Catalán de Oncología, las universidades públicas catalanas», ha insistido Junqueras, quien ha pedido al Gobierno que «no castigue a los usuarios de los servicios públicos» con esta medida.

Con este argumento, el ejecutivo catalán ha acordado que las entidades requeridas por el Gobierno no respondan a esta petición semanal de información y que será la Generalitat la que responda a «peticiones concretas» de información sobre pagos referidos al FLA. «No tenemos inconveniente en enviar información cada día o cada semana, pero quien tiene que informar sobre las decisiones del Govern son sus responsables políticos».

Para fundamentar esta decisión, Junqueras ha señalado que entre las  entidades requeridas para enviar información están el Consorcio del Estany d’Ivars, el Instituto Catalán de Oncología, la Escuela Superior de Música de Cataluña, el Circuito de Motocross o el conjunto de las universidades públicas.

Devolución de las facturas

«Ya hemos entregado las facturas del mes de julio, si el Gobierno no quiere pagarlas, que nos las devuelvan que las pagaremos nosotros», ha retado Junqueras, con el plan de contingencia de tesorería, «porque nosotros sí somos un gobierno responsable y queremos proteger los intereses de la ciudadanía».

El líder de ERC ha añadido, con ironía, que su relación con el Gobierno español, «con los ministros Montoro, Guindos y Santamaría es fluida, cordial y educada pero poco resolutiva» para argumentar que «ya he tenido» este tipo de conversaciones y reflexiones con el Gobierno.

Garantía del derecho de defensa

Por otro lado, el Gobierno catalán ha acordado «actualizar el derecho de defensa» de los funcionarios, cargos públicos y consejeros de la Generalitat. Una decisión que busca, según el conseller de Presidencia, «proteger a los funcionarios y cargos públicos que necesiten defensa jurídica que se vean sometidos a la presión judicial del Gobierno por una actuación en defensa del interés general de la Generalitat».

El Govern ha acordado la creación de un comité que acreditará que la actuación por la que se le querella fue en defensa del interés general, ha añadido Turull, quien ha destacado que con esta medida se busca «enviar un mensaje muy claro a los empleados públicos de que el Govern no los dejará solos, que estén tranquilos que la Generalitat va a estar a su lado».