El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha rebajado de cuatro millones a 200 euros la fianza para que Pablo González, ex presidente de Mercasa y hermano del ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, pueda abandonar la cárcel tras su detención y envío a prisión en el marco de la Operación Lezo. El instructor considera que el tiempo transcurrido y la disminución del riesgo de fuga justifican la reducción de la caución, si bien deja claro que el papel desempeñado por el investigado en la trama es «especialmente relevante».

Parte de los argumentos que esgrime el magistrado son aplicables a Ignacio González, por lo que no es aventurado pensar que en los próximos días emitirá auto ofreciéndole la posibilidad de salir de prisión si deposita una fianza. El ex alto cargo del PP prestó semanas atrás declaración voluntaria ante García-Castellón, al que ha pedido la puesta en libertad o la imposición de una fianza a la que pueda hacer frente por el «desgaste físico y psíquico» que sufre.

En un auto fechado este jueves, al que ha tenido acceso El Independiente, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional accede a la petición de Pablo González -apoyada por la Fiscalía- al considerar que las circunstancias que motivaron en su día la imposición de una fianza tan elevada «han variado sustancialmente». Una de las razones esgrimidas por el juez es el tiempo transcurrido, dado que el investigado permanece en prisión provisional desde el pasado 21 de abril como su hermano y el ex presidente ejecutivo de la filial del Canal de Isanel II en Latinoamérica (Inassa), Edmundo Rodríguez Sobrino.

Arraigo «acreditado»

El magistrado recuerda que, en estos tres meses, se han realizado «diferentes actuaciones» y se han recogido «elementos de prueba», lo que hace que disminuya su capacidad para «ocultar» elementos que puedan ayudar al esclarecimiento de los hechos que se investigan. A ello se suma el arraigo «acreditado», lo que reduce también las posibilidad de que huya de España, y el deterioro de su salud.

Igualmente, García-Castellón justifica también su decisión en el hecho de que el juzgado del que es titular se haya inhibido en favor del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional para que sea este órgano el que investigue el caso Mercasa, por lo que disminuye la penalidad que en su día pueda recaerle a Pablo González en la causa que él instruye. En el caso Lezo, a éste se le investiga tanto en la pieza de Tecnoconcret como en la relativa al blanqueo de capitales.