Las cartas están sobre la mesa y parece que habrá partida. Nunca hasta ahora el órdago había tenido tantos visos de ser visto. En agosto comenzará el juego que podría tener un final definido a finales de año. A un lado del tapete, el Gobierno de Mariano Rajoy necesitado, un ejercicio más, de apoyos para sacar adelante sus presupuestos. Al otro el PNV, dispuesto a seguir exprimiendo sus cinco votos de oro en el Congreso. Si el balance de haberlos cedido para salvar las cuentas de Rajoy en 2017 le reportó unos innegables réditos económicos –valorados en caso 5.000 millones de euros- (Liquidación del Cupo, renovación de la ley quinquenal, plan de inversiones hasta 2023 del TAV, inversiones en infraestructuras, retirada de recursos ante el TC, etc.), el potencial beneficio que puedan rascar los nacionalistas vascos y el Gobierno vasco que sustentan no se antoja menor.

Pese a que el partido y el Ejecutivo de Urkullu, el PNV y el Gobierno vasco, intentan desligar la negociación presupuestaria de los acuerdos entre ejecutivos, es una evidencia que se trata de una separación más formal que real. El interés del Gobierno del PP por ganarse al PNV no se produciría si no necesitara sus votos y así lo ha demostrado en los últimos años de mayoría absoluta. En esta ocasión, los nacionalistas vascos ya han trasladado el precio de su apoyo: el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika de 1979. Y la lista de competencias reclamadas no es menor: 34 materias.

La cesión de la gestión de las prisiones y del régimen económico de la Seguridad Social encabezan la lista de competencias reclamadas

Se lo trasladó el propio lehendakari al presidente del Gobierno el pasado miércoles día 19 en la reunión “discreta” que ambos mandatarios celebraron en el Palacio de La Moncloa. La petición del PNV y su Gobierno tiene un elevado valor simbólico, incluso más que el económico. La aspiración de poder completar el cumplimiento del Estatuto ha sido una constante casi desde su aprobación en 1979. De las 144 competencias que el Estatuto vasco reconoce y que el Estado debería ceder a la administración vasca, aún quedan pendientes por transferir casi una de cada cuatro, un 24% del total.

Traspasos con ‘calendario’

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría telefoneó el pasado martes al consejero de Autogobierno vasco, Josu Erkoreka para concertar una próxima cita en agosto que permita abrir a partir de septiembre un calendario de encuentros. En ellos el Gobierno está dispuesto a explorar fórmulas para satisfacer la vieja aspiración del PNV hasta ahora desoída. El propio Urkullu ha reconocido estar esperanzado en que esta vez sí pueda ser posible cumplir íntegramente el Estatuto. Ha llegado incluso a reclamar un “calendario” para completar el traspaso de las materias pendientes.

El vasco, con 109 materias cedidas, no es ni con mucho el Estatuto con el que más transferencias ha cedido el Estado. Cataluña es la comunidad a la que más traspasos se han realizado, un total de 189, seguida de Andalucía con 155, Galicia con 154 o Valencia con 132. Desde su aprobación en 1979 la cesión de materias ha venido muy condicionada a los acuerdos del PNV con los respectivos Gobiernos del Estado. Así, el periodo 1980-1985 fueron los más fructíferos con entre 17 y 21 transferencias anuales y con 2011, cuando el acuerdo PNV-PSOE se concretó en 12 competencias cedidas.

Cataluña es la comunidad con más materias transferidas, 189, seguida de Andalucía (155) y Galicia (155). A Euskadi se han cedido 109

Ahora, a punto de cumplirse 38 años de la aprobación en referéndum del Estatuto –con un 90.2% de apoyo-, el órdago pasa por cerrar de una vez su desarrollo íntegro. El intercambio de apoyo por competencias tiene como primer punto de la negociación las dos materias que el Gobierno vasco ha fijado como prioritarias: prisiones y el régimen económico de la Seguridad Social. La primera de ellas supondría ceder a las autoridades vascas la gestión de las cárceles en Euskadi, al igual que ya se hace en Cataluña.  La medida no tendría efectos en ningún caso sobre la política penitenciaria que seguiría en manos del Estado, si bien el Gobierno vasco viene reclamando al Ejecutivo de Rajoy una modificación de la misma en aras a eliminar la dispersión como “medida excepcional” que se aplica a los presos de ETA.

En lo relativo al régimen económico de la Seguridad Social, la cesión se formalizaría en los parámetros previstos en el Estatuto de Gernika y que no dañaría a la “caja única”. En la disposición transitoria quinta del Estatuto se establece que la cesión económica de la seguridad social se formalizaría “dentro de su carácter unitario y del principio de solidaridad”. Así, los tipos de cotización los continuaría determinando el estado mientras que correspondería a la administración vasca recaudar los pagos.

Desde los aeropuertos a la matriculación de coches

La lista de “competencias exclusivas” para Euskadi que a partir de agosto comenzarán a negociar los dos gobiernos es amplia. Además de prisiones y seguridad social incluye la cesión de la gestión de los aeropuertos, los puertos, las autopistas en régimen de concesión –AP-1 y la AP-68- y los ferrocarriles (sólo cedidos parcialmente). En el programa de Gobierno firmado por PNV y PSE se detallan en cinco áreas las competencias pendientes, si bien ésta aún podrían variar en el listado definitivo que el Gobierno vasco presentará en septiembre en respuesta a la petición de la ponencia de Autogobierno del Parlamento Vasco para actualizar la lista de materias pendientes de ceder.

La lista de materias que Euskadi reclama incluye la competencia sobre los puertos, aeropuertos, Salvamento Marítimo o el Fogasa

En la que por ahora se maneja y que es la que por el momento se ha remitido al presidente del Gobierno, también figura la cesión a Euskadi del Instituto Social de la Marina, los bienes del Insalud y el Inserso de titularidad de la tesorería de la Seguridad Social o el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA). Euskadi, de acuerdo a su Estatuto, también debería gestionar materias ahora en manos del Estado como el servicio de Salvamento Marítimo, el Fondo de Regulación y Organización del Mercado (FROM), la inspección pesquera, los seguros agrarios o la ejecución de la legislación sobre los productos farmacéuticos.

En materia económica y de tributos la lista de transferencias debería abarcar además ámbitos como la defensa de la competencia, el desarrollo legislativo en materia de crédito y banca y los seguros o lo relativo a los mercados de valores la gestión. El detalle de desarrollo que reclamará el PNV y el Gobierno vasco abarca además cuestiones como la homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de enseñanzas universitarias, la asignación del Sistema de Identificación de libros (ISBN) o la gestión de los fondos de protección dela cinematografía. De completarse el Estatuto vasco correspondería a Euskadi incluso asumir la competencia de la matriculación de vehículos y lo relativo a los permisos de circulación de vehículos y permisos de conducción, la regulación del régimen municipal electoral o la gestión de la seguridad privada en su territorio.

Cumplir el Estatuto para negociar un nuevo ‘estatus’

Se da la circunstancia de que mientras el PNV y el gobierno vasco negociarán el desarrollo íntegro del Estatuto de Gernika, en el Parlamento Vasco se continuará trabajando para dar a luz a un documento que supere el marco de autogobierno recogido en él. La Cámara de Vitoria trabaja desde la pasada legislatura en una propuesta que a través de un texto articulado dibuje un nuevo encaje “jurídico-político” del País Vasco en el conjunto del Estado. Tanto las formaciones nacionalistas como el PSE y Podemos afirman que el modelo estatutario se ha quedado obsoleto y que requiere una actualización.

Todas las formaciones vascas excepto el PP creen que el Estatuto de Gernika se ha quedado obsoleto

La fórmula que han pactado respetar los dos socios de Gobierno en Euskadi pasa por tramitar la nueva fórmula de relación territorial entre Euskadi y España “de acuerdo con las normas y procedimientos legales vigentes”. El denominado “nuevo estatus político” que se reclama para Euskadi apela a poner en valor no sólo el derecho al “autogobierno” de Euskadi sino sus “singularidades históricas, jurídico-institucionales y culturales propias”, afirman PNV y PSE. El cronograma previsto establece que a finales del próximo año 2018 el Parlamento vasco habrá tenido que aprobar con una amplia mayoría una propuesta consensuada por los partidos vascos para tramitarla posteriormente de acuerdo a “las normas y procedimientos legalmente vigentes, respetando el ordenamiento jurídico, los métodos democráticos y los derechos y las libertades de la ciudadanía”.