Dos manifestaciones se han enfrentado a las puertas del cuartel de la Guardia Civil en Barcelona a favor y en contra de las actuaciones de este cuerpo en Cataluña en la investigación sobre los preparativos del proceso independentista. Separados por 10 metros y varias dotaciones de Mossos d’Esquadra, las dos concentraciones han mostrado la tensión generada por estas actuaciones y las denuncias en contra del Gobierno de la Generalitat.

La marcha de la CUP, encabezada por los diputados Anna Gabriel, Eulalia Reguant, Albert Botran y Carles Riera, ha llegado por la Travesera de Gracia -previamente cortada por los mossos- cuando la contramanifestación convocada por las redes por el movimiento 12 de Octubre ya cortaba la vía al frente de la Guardia Civil.

Al grito de «votaremos», «vosotros fascistas, sois los terroristas» los anticapitalistas han competido en consignas con los constitucionalistas durante una media hora, tras la cual han abandonado la concentración. En frente, los convocados en defensa de la Guardia Civil -convocatoria a la que no se ha unido ningún partido político, en la que ha participado el ex líder de la xenófoba Plataforma por Cataluña, Josep Anglada- respondían al grito de «ahí están, esos son, los amigos de Pujol», «no nos engañan, Cataluña es España» y vivas a España y la Guardia Civil.

El diputado de la CUP Carles Riera ha defendido la concentración ante los medios para «denunciar la actuación antidemocrática» de los agentes responsables de la investigación que instruye el Juzgado 13 de Barcelona. Riera ha insistido en que «la democracia es convocar el referéndum» y ha advertido de que las actuaciones «ilícitas» de la Guardia Civil «en connivencia con la judicatura» no les frenarán porque «el miedo ha cambiado de bando».

Denuncia del Govern

La manifestación convocada por la CUP se produce después de que el Gobierno catalán presentara el sábado una denuncia contra el Instituto Armado por los interrogatorios a altos cargos de la Generalitat que agentes de la Guardia Civil han llevado a cabo durante las últimas semanas en el marco de la querella que el Juzgado 13 de Barcelona instruye por los preparativos para el referéndum de independencia. Se concreta así la amenaza lanzada por el portavoz y consejero de Presidencia, Jordi Jordi Turull el pasado miércoles, después de que el secretario general del Presidencia abandonara las dependencias de la Guardia Civil en Barcelona como investigado policial por su participación en la puesta en marcha de la web del Pacto Nacional por el Referéndum.

Turull, argumentó la denuncia porque según los servicios jurídicos de la Generalitat los interrogatorios pueden haber incurrido en «hasta cinco delitos graves» contra los funcionarios públicos. El texto de la denuncia se refiere a delitos contra los derechos individuales, de obstrucción a la justicia, un delito de usurpación de atribuciones; delito de falsedad en documento oficial y delito de violación de secretos.

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La denuncia se dirige también contra cualquier otra persona que, por su relación directa con los hechos que se denuncian, hubiera colaborado de forma activa y consciente en la comisión de los delitos que se detallan. Turull denunció el sábado que «querer imputar por sedición a trabajadores públicos, altos cargos de la Generalitat, a personas y entidades por el hecho de participar en la web del pacto Nacional para el referéndum o el registro de catalanes en el exterior, es de una desproporción absoluta», o «como nos tememos, es una voluntad de intimidación y de coacción para poder atacar al proceso que vive Cataluña”, remachó.

La denuncia no se dirige, finalmente, contra el juez instructor de la causa contra Santiago Vidal, Carles Viver Pi-Sunyer y Lluís Salvadó, pese a que Turull así lo advirtió inicialmente, porque el Govern ha optado por señalar ahora a la Guardia civil como única responsable de lo que define como una «operación de acoso» contra el proceso independentista. Por ello uno de los delitos a los que se refiere es el de usurpación de atribuciones, dado que los agentes se habrían «auto-atribuido ante los declarantes la condición de comisionados del titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona cuando no estaban actuando a solicitud de éste».

Esto demostraría, según el consejero Turull, «que alguien está engañando, que alguien va más allá de sus funciones; y si además el contenido es este tono de coacción y de intimidación nosotros eso no lo podemos pasar por alto». La denuncia también recoge la amenaza de citar a declarar «a letrados que asistían a personas que fueron allí como testigos», añadió. «Son las formas que hay», lamentó, pero «si alguien cree que haremos como si no hubiera pasado nada, pues no».