Los opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma son nombres conocidos por la comunidad internacional, pero no son los únicos presos políticos en la Venezuela de Nicolás Maduro. López, líder de Voluntad Popular, y Ledezma, alcalde metropolitano de Caracas, así como sus familias, siempre reivindican la libertad de todos aquellos de los que no conocemos por su nombre.

El número de los encarcelados por motivos políticos por el gobierno de Nicolás Maduro varía cada día, según explica el director del Foro Penal venezolano, Gonzalo Himiob. “Hasta el 29 de julio había 498 presos políticos, pero mientras dejan salir a unos, entran otros, son cárceles con puertas giratorias”, señala Himiob, quien acusa al Gobierno de Maduro de utilizar a los presos como “fichas de canje”.

El gobierno de Maduro utiliza a los presos políticos como «fichas de canje», dice el director del Foro Penal

Con López y Ledezma se está comprobando en esta crisis. El 8 de julio trasladan al líder de Voluntad Popular a su domicilio en un movimiento sorprendente. Sin embargo, el pasado lunes 31 de julio buscan de madrugada en sus casas tanto a López como Antonio Ledezma.

A Ledezma le reprochan haber secundado las protestas en un vídeo. Y a López le acusan de tener preparado un plan de fuga. El viernes 4 de agosto han vuelto a dejar al que alcalde metropolitano de Caracas en su hogar. Nadie sabe hasta cuándo. Ni qué pasará con Leopoldo López.

El Foro Penal venezolano, una ONG en la que prestan sus servicios unos 200 abogados en todo el país, más otros 200 letrados colaboradores a tiempo parcial, y 1.700 voluntarios, lleva casi 15 años en la brecha. Su misión es asistir jurídicamente a los que han sido detenidos arbitrariamente y a sus familiares.

“Desde el inicio de las protestas, en abril, se ha arrestado a 4.901 personas pero los números cambian todos los días; siguen detenidos 1.323 y 527 civiles han de comparecer en tribunales militares”, explica Himiob. Donde se producen protestas hay sistemáticas violaciones del domicilio. Irrumpen sin órdenes judiciales a cualquier hora, se llevan a quien buscan y amedrentan a parientes y vecinos, como se relata en el último informe del Foro Penal venezolano.

Hasta ahora cada vez que se habla de diálogo aumenta el número de presos», dice Gonzalo Himiob

Reconoce que hasta ahora el gobierno de Maduro ha utilizado a los presos en la negociación. “Hasta ahora cada vez que se habla de diálogo se incrementa la represión, aumenta el número. Si liberan a alguien con notoriedad mediática, o le facilitan mejores condiciones, a la vez arrestan a otros menos conocidos. Es lo que llamamos el efecto de la puerta giratoria”, señala el abogado, que, al igual que sus colegas, presta sus servicios de forma altruista al foro.

Según esta ONG, “ningún diálogo sobre presos, perseguidos o exiliados políticos en Venezuela puede resultar exitoso si, como ocurre hasta ahora, los que han sido convocados como mediadores jamás han aceptado públicamente su existencia ni la existencia de una grave crisis humanitaria”.

Los abogados del Foro Penal tratan, en primer lugar, de documentar los casos y facilitar el acceso a las familias y a los defensores. No es tarea fácil, especialmente cuando se trata de civiles juzgados por tribunales militares. “La incomunicación, tras el arresto, es común. No se permite el acceso hasta el juicio. El Estado no comunica al familiar dónde se encuentran los detenidos”, señala el documento de junio.

“En primer lugar, hay que localizar dónde está el detenido, intentar el acceso de las familias y conseguir que podamos defenderle. Muchas veces nos bloquean incluso estando en la puerta del tribunal y sabiendo que somos sus abogados”, denuncia Gonzalo Himiob.

Es el caso reciente del violinista de Caracas Wuilly Moises Arteaga, de 23 años, a quien le imputan los delitos de “instigación política y detentación de sustancias incendiarias”. Le arrestaron el jueves 27 de junio cuando participaba en un paro cívico convocado por la Mesa de la Unidad Democrática. Le presentaron a escondidas en el tribunal y no dejaron que el abogado del Foro Penal llevara su causa.

Otros, como el español Yon Goicoechea, o el tuitero Victor Ugas, no recuperan su libertad pese a haberse sentenciado su liberación. A Goicoechea le retienen pese a que su orden de excarcelación es de octubre pasado y hasta la ONU ha clamado por su caso. Ugas, que fue condenado por tuitear la foto de un diputado oficialista muerto, cumplió su pena el 18 de abril pasado, pero el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) no se da por enterado.

“Tenemos documentadas torturas y tratos degradantes. Hay un protocolo que se repite: les golpean, les amenazan con llevarles a cárceles comunes con la insinuación de que allí les violarán… A unas presas les observaron en la ducha, les ofrecieron relaciones sexuales a cambio de dinero. A otros les aplican descargas eléctricas o arrojan bombas lacrimógenas en las celdas”, asegura el director del Foro Penal.

Hay un protocolo que se repite: les golpean, les amenazan con cárceles comunes… a otros les aplican descargas», denuncia Himiob

A Himiob se le ve afectado por el relato de cinco jóvenes estudiantes de la Universidad Pedagógica Experimental de Maracay, a quienes sometieron a actos lascivos. A una le amenazaron con violarla tras introducirle una vara por el ano con la ropa puesta. Lo denunciaron.

En su informe de junio evocan el caso de Orlando Moreno, dirigente juvenil del partido Vente, que fue detenido en Maturin, Estado Monagas. “Le colgaron durante 24 horas de las manos esposadas a la pared y fue golpeado reiteradamente para que denunciara que la dirigente María Corina Machado financiaba las protestas. Tres días más tarde, después de más golpes y amenazas, le liberaron con restricciones”, dice el documento.

Quienes se unen al Foro Penal corren sus riesgos y algunos han sufrido amenazas. Hubo un caso especialmente grave de uno de los suyos. Marcelo Crovato, argentino venezolano, miembro del Foro Penal, acudió hace tres años a ayudar a un vecino que le solicitó ayuda legal cuando allanaban su casa y acabó pasando más de 10 meses en un penal común en Yare.

Ahora sigue bajo arresto domiciliario. Su caso sigue todavía en audiencia preliminar aunque las leyes venezolanas dictan que si no hay sentencia firme en dos años ha de procederse a la liberación.

El alcalde de Barquisimeto, incomunicado

Muchos políticos locales también saben lo que es vivir bajo la amenaza de acabar encarcelado. Una quincena de alcaldes opositores se han rebelado contra la orden del presidente, Nicolás Maduro, de impedir las protestas en su jurisdicción. Después de quitarles competencias para vigilar el orden público, les ha acusado de no hacer lo necesario para evitar la sublevación. Es el caso de Alfredo Ramos, alcalde de Barquisimeto (con 1,5 millones de habitantes, en el estado de Lara), de La Causa R.

El viernes pasado fue detenido por agentes del Sebin en su propio despacho. El Tribunal Supremo de Justicia apenas minutos antes le había inhabilitado y condenado a 15 meses de cárcel. Desde ese momento Ramos está incomunicado en el centro del Sebin en Caracas, conocido como el Helicoide. Ni sus abogados ni su familia han podido verle.

Su esposa Carmen Ramos confirma que aún no le ha visto y le preocupa su estado de salud porque sufre hipertensión severa crónica. «Alfredo lleva 40 años luchando, sobre todo por los pensionistas y los más desfavorecidos. No va a parar ahora», dice Carmen, orgullosa de su marido, pese al riesgo que sufre.

“El régimen emprendió una caza de brujas selectiva, con una represión brutal, y la persecución de aquellos que como Alfredo Ramos no van a enfrentarse a su pueblo”, señala desde Caracas Luis Trincado, secretario nacional de organización de La Causa R.  “Cuando se le llevaban continuaba llamando a seguir en la lucha”, recuerda su compañero de partido.

Alfredo Ramos, el violinista de Caracas, las estudiantes de pedagogía, Leopoldo López y Antonio Ledezma, saben que a la libertad no se accede por una puerta giratoria. Es un estado de conciencia y cuando se adquiere se caen las cadenas.