La Comisión de Garantías de Podemos vuelve al centro de la polémica. La pugna que vive el tribunal de Podemos, el órgano más sensible del partido encargado de resolver los conflictos internos, ha llevado a su ruptura total: de facto, ahora existen dos tribunales paralelos. Uno, el elegido en la Asamblea Ciudadana de Vistalegre II, y otro autoerigido y formado por los mismos miembros que denunciaron a Olga Jiménez, presidenta electa de la Comisión, después de que ésta cuestionara los nuevos estatutos de Podemos. Este movimiento ha sido visto como una maniobra de la dirección para apartar a la presidenta del tribunal y medio centenar de dirigentes de Podemos adscritos a los tribunales de hasta 13 comunidades autónomas han respaldado en las últimas horas a la titular de la Comisión de Garantías, que se enfrenta a un expediente abierto tras sus críticas al nuevo reglamento.

La disputa estalló el 28 de julio, cuando Jiménez, junto a los miembros de este órgano Nuría Martín y Jesús Calpe, llevó a votación un dictamen -conocido como Dictamen 3– que fue aprobado y que anulaba dos puntos conflictivos introducidos en los polémicos estatutos, elaborados por la secretaría de Organización de Pablo Echenique y aprobados el 25 de julio por la ejecutiva de Pablo Iglesias. El primer foco de disputa fue la introducción de nuevas infracciones y sanciones en el nuevo texto [consultar en PDF]. Una de las faltas que Podemos identificó como “grave” fue  la de “transmitir o filtrar información interna que comprometa la actuación de sus órganos, la acción política de la organización o la buena imagen de las personas que la representan“. En el texto, Podemos también castigaba la propagación “de noticias falsas que desprestigien a Podemos, sean descalificatorias de la organización o de sus órganos” o la difusión de noticias “manipuladas”.

El dictamen de la Comisión propuesto por Olga Jiménez y aprobado en pleno extraordinario del 28 de julio por 5 votos a favor, 3 en contra y una abstención, apuntaba a una injerencia de la ejecutiva de Iglesias -Consejo de Coordinación- en la elaboración de los estatutos, y señalaba que estos, en lugar de ser una «trasposición» de los documentos votados por los inscritos en Vistalegre II, eran una «nueva regulación que no han sido sometidos a la voluntad de los inscritos», que «exceden con mucho lo votado» y que deberían someterse a una consulta entre los militantes del partido, puesto que «son de indudable relevancia organizativa», señala la resolución.

El segundo de los puntos polémicos fue sobre el funcionamiento de la propia Comisión de Garantías. Desde el nacimiento de Podemos, los cinco miembros suplentes de la Comisión siempre habían tenido derecho a voto, al igual que los cinco titulares. Sin embargo, el documento organizativo salido de Vistalegre no aclaraba este extremo. Es por ello que la primera reunión del tribunal interno de Podemos, el 17 de febrero de este año, aprobó entre otras cosas otorgarle plenos derechos a los miembros suplentes.

El conflicto llega cuando los nuevos estatutos elaborados por Echenique dejan sólo a los cinco titulares con derecho a voto -art. 68-. De esta forma, se aseguran una mayoría afín en un órgano crucial del partido, puesto que tres de los cinco miembros principales ya se habían mostrado contrarios a poner en cuestión el documento de Iglesias. En el pleno del 26 de julio, Olga Jiménez propuso anular el apartado que limitaba los derechos de los integrantes suplentes, alegando que la decisión se había votado en febrero, «con anterioridad a la aprobación de los estatutos», y que este nuevo reglamento implicaría una «retroactividad de las normas» y generaría «inseguridad jurídica» en los expedientes resueltos y acuerdos adoptados.

Mientras Jiménez pedía la anulación de estos apartados, en la misma reunión, los tres integrantes críticos con la Presidencia, Isabel Serrano, Argiro Giraldo y Charo Rodero, propusieron la aplicación inmediata de los estatutos, que se habían aprobado sólo un día antes, con el fin de que sólo cinco personas tuvieran potestad en la toma de decisiones. Con esta fórmula, podrían haber tumbado el dictamen propuesto por Jiménez y frenar así el desafío lanzado a Iglesias. Sin embargo, la mayoría del pleno rechazó someter a votación la propuesta que quería quitar el voto a los suplentes al no constar en el orden del día y por haber sido llevado a votación cinco meses antes. Por entonces, los estatutos tampoco habían entrado en vigor: no se habían hecho públicos ni se habían sido inscritos en el Registro de Partidos del Ministerio del Interior. A día de hoy, los estatutos siguen sin ser estrictamente válidos: se registraron el 4 de agosto en Interior, pero se encuentran a la espera de validación y de inscripción efectiva; un proceso que culminará después de que sea cotejado con la Ley de Partidos.

La ruptura total de la Comisión de Garantías

En paralelo al dictamen que tumbaba la ley mordaza de Podemos, se difundió un escrito de queja de Rodero, secretaria de la Comisión, en el que criticaba el sistema de votación de la polémica resolución y donde acusaba a Jiménez de actuar «como si el dictamen que pretendía aprobar hubiera sido de hecho aprobado, computando para una supuesta aprobación el voto que dicho dictamen, de haber sido aprobado, hubiera dado a los suplentes», sin hacer constar que esa decisión ya había sido votada favorablemente cinco meses antes, en febrero. Además de poner en cuestión la actuación de la presidenta, Rodero rechazaba la validez del dictamen que anulaba los estatutos.

Este texto ha sido mencionado el propio Pablo Echenique, que ha asegurado la existencia de «dictámenes contradictorios» para restar credibilidad a las críticas vertidas sobre los estatutos elaborados por su departamento, la Secretaría de Organización, que constituyó un equipo de Acción Legal comandado por Gloria Elizo, quien fuera presidenta de la Comisión de Garantías anterior a Vistalegre II y ampliamente cuestionada. En sus alusiones, Echenique equipara un dictamen oficial lo que fuentes internas del partido consideran un  documento «fraudulento» por no ser un escrito colegiado ni firmado por más miembros del tribunal. Una maniobra que ha sido vista como un intento de desacreditar el dictamen aprobado en el tribunal interno y apartar a Jiménez.

Echenique también desdeñó las impresiones de la mayoría del tribunal electo y volvió a defender el nuevo código disciplinario de Podemos, alegando que permite que exista «seguridad jurídica» dentro de la organización, puesto que en su opinión es importante que exista una norma que indique a sus miembros «qué se puede hacer y qué no se puede hacer».

A raíz de los desacuerdos respecto al sistema de votación, los tres miembros críticos con Jiménez impulsan una denuncia a la presidenta, y la ejecutiva de Iglesias admite a trámite esa denuncia y le abre expediente a la presidenta electa de la Comisión de Garantías mediante una reunión extraordinaria celebrada telemáticamente el 10 de agosto. La apertura de expediente conlleva una suspensión cautelar, por lo que la cúpula de Podemos consigue con esta operación desactivar a este elemento crítico con sus estatutos y contribuir a su descrédito.

La polémica continúa un día después, el 11 de agosto, cuando los miembros críticos acuerdan convocar un pleno a través de un chat de mensajería instantánea al que sólo están invitados los cinco miembros titulares y al que sólo acudieron tres personas: las mismas que habían denunciado y provocado la suspensión de la presidenta de la Comisión. En esa reunión virtual nombraron instructora a una de las integrantes, la senadora Miren Gorrochategi, que formó parte de la candidatura de Iglesias en Vistalegre II.

En ese mismo encuentro uno de los críticos, también denunciante, Argiro Giraldo, se proclamó nuevo presidente del tribunal alegando ser el miembro de pleno derecho de más edad, aunque este norma no figura ni en los documentos organizativos aprobados ni en los estatutos del partido. En respuesta a estos movimientos, Jiménez respondió un día después en una misiva donde destacaba la nulidad del pleno con dos argumentos: uno, que el reglamento del tribunal sólo otorga potestad a la Presidencia para convocar los plenos; y dos, que ningún proceso judicial admite que las mismas personas sean ‘juez y parte’, por lo que pasó a declarar nulos los nombramientos que se habían hecho, en los que los denunciantes eran instructores de la causa y sucesores de la presidenta denunciada.

El resultado de esta batalla legal es la existencia de dos tribunales paralelos que no se reconocen entre sí. Uno, formado por varios miembros críticos autoerigidos tras la apertura de expediente y la suspensión cautelar de Jiménez; otro, encabezado por la presidenta electa, suspendida cautelarmente, que no reconoce la legitimidad del nuevo presidente. En ese contexto, medio centenar de miembros y ex integrantes de las comisiones de garantías de Podemos de hasta 13 comunidades autónomas han suscrito un comunicado conjunto en el que manifiestan su respaldo a Olga Jiménez y coinciden con sus críticas al código disciplinario, acusando a la Ejecutiva de «injerencia» y de «usurpar funciones», así como de poner en riesgo la independencia de estos ‘tribunales’ de garantías.

Según subrayan, la Comisión de garantías se eligió en la asamblea ciudadana de Vistalegre y su composición no puede ser alterada por la Ejecutiva del partido: «Esa usurpación de funciones y cargos es contraria a los Estatutos, constituye una infracción muy grave y es susceptible de sanción al consistir en el ejercicio de actos propios de cargos electos, atribuyéndoles carácter oficial, careciendo de legitimidad para ello -argumentan-. Se trata de falsedad personal».