Este verano no habrá escrache a la Guardia Civil en Alsasua. No lo hubo la semana pasada -fecha habitual en ediciones anteriores- y a esta hora no está convocada para esta. Es algo que no había ocurrido desde hace siete años, cuando el colectivo ‘Ospa Mugimendua’ comenzó a organizarlo. Así, desde el año 2010, con la llegada de la última semana de agosto o el inicio de septiembre, Alsasua llevaba a cabo su jornada Alde Hemendik (Fuera de aquí) en contra de la presencia de la Guardia Civil en la localidad navarra. Conocido como el Ospa eguna, cientos de jóvenes organizaban un acto que bajo un clima de parodia y mofa reclamaban el cierre del cuartel, el mismo contra el que a lo largo del año se producen numerosas pintadas, actos de rechazo y acoso.

Sin embargo, los graves incidentes ocurridos el 15 de octubre de 2016 supusieron un antes y un después en la siempre tensa relación entre el sector más radical y abertzale de la localidad navarra y la Guardia Civil. Aquella noche, en plenas fiestas locales, un grupo de jóvenes agredió en el bar Koxka a dos agentes de la Guardia Civil y sus parejas, provocándoles heridas y su ingreso hospitalario. Por aquella paliza están procesados ocho jóvenes, varios de los cuales se encuentran aún en prisión. La Fiscalía de la Audiencia Nacional reclama para el conjunto de ellos penas que suman 375 años de prisión al considerar que la agresión puede ser considerada un delito de terrorismo.

El entorno de la familia habría presionado para evitar que un nuevo ‘Ospa eguna’ perjudique a los encausados

Desde entonces, tanto la izquierda abertzale como el entorno de los jóvenes procesados se ha movilizado de modo muy importante -con el respaldo de numerosas instituciones navarras- en apoyo de los presuntos agresores al considerar desproporcionada la petición de cárcel que pesa sobre ellos. Insisten en que lo sucedido fue una mera “trifulca de bar” y que con la petición de penas se pretende “criminalizar a la juventud” mediante el empleo de “montajes policiales”.

Fuentes consultadas por ‘El Independiente’ aseguran que la decisión de no celebrar este año el ‘Ospa Eguna’ se engloba dentro de un intento por no tensar más la situación e intentar que el caso sea juzgado como un delito de terrorismo. Según estas fuentes, desde el entorno de las familias de los encausados se habría instado a los promotores de este ‘escrache’ que por el momento eviten su celebración para no volver a enrarecer el clima y perjudicar a los encausados. Hasta esta hora ninguno de los movimientos de apoyo a los encausados, ni la plataforma que han impulsado la celebración del ‘Ospa Eguna’, ni las diversas y activas plataformas en las redes ha convocado la jornada en contra de la Guardia Civil.

A la espera de juicio por terrorismo

Es la Audiencia Nacional la que instruye el caso después de que el Tribunal Supremo resolviera en su favor la cuestión de competencia planteada por la Audiencia de Navarra que consideraba que era la competente para juzgar el caso. La Audiencia foral no veía en la agresión de Alsasua delito de terrorismo. Sin embargo, el TS, siguiendo la tesis de la Fiscalía, consideró que de lo instruido puede apreciarse indiciariamente que los hechos encajarían en el artículo 573.1 del Código Penal, que considera terrorismo cualquier delito grave contra la vida o la integridad física que aterrorice a la población.

En el auto de procesamiento de la juez Carmen Lamela se apuntaba que todos los acusados conocían con anterioridad la condición de guardias civiles del teniente y el sargento agredidos, “siendo esta única y exclusivamente la causa por la que fueron insultados y golpeados”.

Los padres de los acusados han celebrado numerosas concentraciones en contra del procesamiento de sus hijos

Con la no celebración del ‘Ospa Eguna 2017’ se quiere evitar volver a tensar la situación en un caso para el que la Fiscalía de la Audiencia Nacional reclama para siete de los ochos encausados penas que superan los 50 años de cárcel para cada uno al imputarles cuatro delitos de lesiones terroristas. Para el octavo acusado se reclaman 12 años de cárcel por un delito de amenazas terrorista. De este modo, en esta ocasión Alsasua se desmarca de lo que ha sido una costumbre habitual de los sectores más críticos con la presencia de la Guardia Civil en el municipio. Sin embargo, a lo largo del verano localidades como Oñati sí han celebrado ‘escraches’ o concentraciones en contra de la presencia de la Guardia Civil en su localidad, como la llevada a cabo el pasado 17 de junio.

El encarcelamiento y procesamiento de los jóvenes acusados de la agresión de los dos guardias civiles y sus parejas se ha convertido en los últimos dos meses en un motivo de movilización que ha contado con un amplio respaldo del sector abertzale más radical y en menor medida de ámbitos más moderados del nacionalismo vasco-navarro como el PNV. Los padres de los procesados han constituido una plataforma que ha celebrado numerosas concentraciones de apoyo y de reclamación de un proceso sin lo que han definido “montajes policiales y mediáticos” e instando a excarcelar a sus hijos e hijas. La más numerosa fue la celebrada durante los San Fermines en Pamplona y más recientemente durante las fiestas de las tres capitales vascas.

Los padres reclaman que el caso vuelva a la Audiencia de Navarra, donde en una primera instancia la juez que abordó la agresión no consideró que se pudiera encuadrar en un delito de terrorismo. Finalmente, el caso derivó a la Audiencia Nacional donde próximamente se deberá fijar fecha para el juicio una vez presentados los escritos de acusación de la Fiscalía y de defensa.

Diez meses después de la agresión

Transcurridos diez meses desde los incidentes, actualmente sólo uno de los agentes agredidos continúa destinado en el cuartel de Alsasua. El sargento Álvaro Cano apenas acumulaba un mes de destino en el municipio cuando sufrió la agresión y por ahora ha decidido continuar. Quienes le conocen aseguran que se ha recuperado bien y que por el momento no presenta secuelas de lo ocurrido y que se encuentra con muchas ganas de trabajar.

Diez meses después sólo uno de los guardias civiles agredido el pasado 15 de octubre  continúa destinado en Alsasua

Quien peor lo está pasando es su mujer. Afincada en Alsasua, ve cómo el acoso de los colectivos más críticos con la Guardia Civil no han cesado en su entorno. Ante el bar que regentan sus padres y cerca de su casa las pancartas de apoyo a los encausados y en contra de la Guardia Civil han continuado todos estos meses. María José ha comenzado a prolongar más sus estancias en la capital en Pamplona en un intento por desconectar del clima hostil que respira en Alsasua. Fuentes conocedoras de su situación aseguran que la familia lo está pasando mal, “se les está machacando”.

El otro agente agredido, el teniente Oscar Arenas, dejó Alsasua en la primera oportunidad que se le presentó. Pidió el traslado a otra comunidad autónoma. Desde su entorno aseguran que no lo hizo a consecuencia de la agresión, sino porque Alsasua es un destino de paso para un mando en el que se suele permanecer alrededor de dos años.