La fiscalía de la Audiencia Nacional pide un total de 378 años de cárcel para los ocho agresores de dos guardias civiles y sus parejas en la localidad navarra de Alsasua el 15 de octubre del 2016 al tipificar los hechos como cuatro delitos de lesiones y dos de amenazas terroristas. El ministerio público encuadra esta agresión en la campaña que ETA, a pesar de su abandono de la lucha armada, mantiene en el País Vasco para expulsar a las fuerzas de seguridad.

El fiscal relata en su escrito la trayectoria de la organización criminal desde sus inicios y reitera que ETA a lo largo de los años “ha imbuido” en un sector de la población “un sentimiento de odio hacia la Guardia Civil” . Por ello, inició una campaña hace unos 15 años que se conoce con el nombre “Fuera de Aquí”.

Objetivo: la exclusión de la Guardia Civil

Dicha campaña tiene por objeto influir de “forma negativa en la calidad de vida” de los agentes de la Benemérita “así como de sus familiares y amigos” como paso “previo a su exclusión social”.

Además, estas actuación busca “crear un clima de miedo y de rechazo entre los ciudadanos instándoles a no establecer” vínculos afectivos, de amistad o de cortesía con miembros de la Guardia Civil “para aislarlos socialmente”.

El fiscal sostiene que a los ciudadanos que no siguen estos preceptos “se les convierte automáticamente en afín del cuerpo” y, por tanto, en cualquier “momento tanto su persona como sus bienes o incluso sus vinculaciones directas” pasan a convertirse en “objetivo” de este movimiento.

Estas actividades, según el fiscal, se mantienen en la actualidad, a pesar de que ETA anunció en el 2011 el cese de la actividad armada. El ministerio público reconoce que la organización terrorista ha “desactivado la violencia terrorista y ha reducido a mínimos ” las actividades de la violencia callejera, pero “no de este movimiento”.

Aumento de las acciones de protesta

La fiscalía explica que desde el 2011 se ha producido un aumento de las acciones de “protesta, presión y hostigamiento” centrados en Guardias civiles en las localidades navarras de Alsasua, Leiza y Estella. Y que es habitual que en estas poblaciones y en otras aparezcan carteles “con figuras de animales con connotaciones despectivas” a los que se añaden tricornios.

El ministerio público cifra en 100 actos contra las fuerzas de seguridad perpetrados entre 1988 y el 2009 en Alsasua y relata varios de ellos antes de describir la agresión sufrida por un teniente y un sargento y sus respectivas parejas en la noche del 15 de octubre del pasado año cuando acudieron a un bar a tomar unas consumiciones.

Los agentes, según el escrito del fiscal, nada más llegar al local “notaron que les miraban fijamente y que le señalaban” y poco después les dijeron que “no tenían derecho a estar aquí”.

Golpeados e insultados

Después fueron rodeados por un grupo de unas 25 personas que les empezaron a insultar y a golpear. Los cuatro resultaron heridos de diversa gravedad. El teniente sufrió la rotura de un tobillo y los otros múltiples contusiones. Además, las mujeres sufren un cuadro de ansiedad y estrés a consecuencia de la agresión.

Ohian Arnanz inició la agresión a la que se unieron los otros siete acusados. Por ello, se enfrenta a 62, 6 años de cárcel por cuatro delitos de lesiones y uno de amenazas terroristas.

El fiscal pide 50,4 años de cárcel para otros seis acusados y 12,6 para Ainara Urquijo que está acusada de un delito de amenazas terroristas.

Delitos y penas alternativas

La fiscalía también propone a los jueces que los acusados sean condenados alternativamente a un delito de desórdenes públicos, atentado a agente de la autoridad, cuatro delitos de lesiones y dos de amenazas y rebaja la petición a penas que oscilan entre los 20 y los 43,2 años de cárcel.

Además, el fiscal solicita que a los testigos y peritos que comparezcan en la vista se les otorgue la condición de testigos protegidos por lo que deberán ser trasladados a la Audiencia Nacional en vehículos policiales. También se les deberá reservar un local “para su exclusivo uso” en las dependencias del tribunal y deberán declarar sin que el público los pueda ver y solicita que se les distorsione su voz.

Protección de testigos

La fiscalía justifica estas medidas porque los testigos residen en Alsasua y los hechos “no se limitan a una agresión puntual sino a un ambiente social de presión sobre un determinado colectivo, los miembros de las fuerzas de seguridad, y a quienes se relacionan con ellos”.

Además, el ministerio público sostiene que “existe una clara presión” sobre los testigos pues algunos de ellos han denunciado al juez que han recibido amenazas, “colocación de pasquines en las proximidades de su domicilio o negocio y daños en sus bienes”.

Este caso ha tardado varios meses en instruirse porque varios colectivos sociales, entre ellos, Podemos, negaron que esta agresión se pudiera encuadrar en un delito de terrorismo y plantearon que era un delito de odio. El Tribunal Supremo dictaminó que los hechos debían ser enjuiciados en la Audiencia Nacional.