«Creo que el problema no es la actuación del Gobierno, sino quién le pone la firma a esas dos leyes que son contrarias a la Constitución y a las más elementales reglas de la democracia. No creo que el problema sea la reacción del Gobierno, sino la responsabilidad de quien las firmas». Con estas palabras, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado el retraso de la puesta en marcha del proceso de independencia de Cataluña, que sigue pendiente de la tramitación de la ley de desconexión.

En este sentido, ha recordado la inhabilitación de cuatro miembros del anterior Gobierno catalán por impulsar la consulta del 9-N, incluidos el ex presidente Artur Mas y su conseller Frances Homs, que tuvo que abandonar en marzo su escaño en el Congreso por este motivo. Sin mencionarla, también se ha referido a la imputación judicial de la presidenta del Parlamento catalán, Carmen Forcadell, y tres miembros de la Mesa de la Cámara, por permitir votar resoluciones a favor del referéndum.

«El 31 de julio la iban a tramitar urgentemente y estamos a 30 de agosto y no sabemos cómo lo van a hacer. Por lo tanto, el Gobierno está preparado. Tenemos los textos y si los ponen encima de la mesa podemos recurrirlas inmediatamente. Es lo que pasa cuando se anuncia una tramitación», ha advertido.

La número 2 del Ejecutivo ha elevado el tono y ha tachado de «aberrante» y de «producto jurídico propio de otras latitudes» la ley de transitoriedad jurídica de Carles Puigdemont, a cuyos «mínimos principios democráticos» ha apelado. «En España, con una democracia consolidada, que alguien pretenda constituir una autocracia, en la que el presidente de la Generalitat mande no sólo sobre sus consellers, sino sobre todo el Parlamento, sobre los jueces, sobre todo el mundo, y que dinamite la división de poderes y la mínima responsabilidad política es un producto aberrante en democracia», ha asegurado.

«Me llama la atención que partidos y diputados que vienen a esta Cámara a decir determinadas cosas puedan avalar un producto así. Me parece bochornoso que se pueda registrar en un parlamento como el de Cataluña», ha insistido a su salida del Congreso tras asistir al pleno monográfico sobre la declaración judicial de Mariano Rajoy en el caso Gürtel.

La vicepresidenta también se ha referido a la intención de Junts pel Sí y la CUP de concentrar en un mismo día la admisión a trámite de la ley, su debate y la convocatoria del referéndum del 1 de octubre con el objetivo de dificultar los recursos del Gobierno.

«El trámite de lectura única está suspendido por parte del Tribunal Constitucional  y cualquier otro trámite exige la posibilidad de que la oposición haga sus aportaciones y, sobre todo, que el Consell de Garantías Estatutarias opine. Puede que estén dispuestos a saltárselo porque creo que han perdido todo tipo de vergüenza democrática. Pero si lo quieren celebrar un día, ese mismo día tendrán el recurso de inconstitucionalidad. A nosotros eso no nos pilla desprevenidos. Que lo hacen por decreto ley, pues lo mismo», ha advertido.