Pulso inédito en Podemos contra la cúpula de Pablo Iglesias. La Comisión de Garantías Democráticas de Podemos, el tribunal interno del partido, ha dado un paso más tras el golpe de la ejecutiva de Iglesias, que abrió expediente a la presidenta de dicho tribunal, Olga Jiménez, después de que ésta cuestionara los nuevos estatutos. Ahora 11 de los 16 tribunales autonómicos del partido piden en una resolución conjunta dirigida a la cúpula del partido que se retiren los nuevos estatutos y se reconozca la legitimidad de la presidenta, a la vez que dejan la puerta abierta a emprender acciones judiciales ante los Tribunales en caso de no hacerlo.

Los nuevos estatutos, elaborados por la secretaría de Organización liderada por Pablo Echenique y aprobados por la cúpula de Iglesias, daban potestad a la ejecutiva de Iglesias potestad para establecer sanciones por, entre otras cosas, realizar filtraciones o emitir mensajes que dañaran la imagen de sus dirigentes. La Comisión de Garantías aprobó el 28 de julio -con 5 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención- un dictamen -llamado Dictamen3– donde se declaraban nulos estos estatutos, alegando que no respondía a la «trasposición» de los documentos votados en Vistalegre y que se trataba de una extralimitación en las funciones de la ejecutiva, que adquiría el papel de juez sin ninguna garantía judicial.

El pleno federal de comisiones de garantías ha aprobado la resolución por 11 votos a favor y una abstención, y el texto ya ha sido remitido a la secretaría de Organización y al Consejo de Coordinación de Podemos -la ejecutiva de Iglesias-. Hasta ahora los órganos estatales de Podemos han hecho caso omiso al dictamen aprobado por el tribunal en el que anulaba los estatutos, y Echenique ha salido en defensa del nuevo reglamento.

Han votado favorablemente los representantes de los tribunales de Cataluña, Navarra, La Rioja, Madrid, Cantabria, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Euskadi, Canarias, Castilla y León, Asturias y Andalucía, mientras que Cantabria se ha abstenido y no han acudido Extremadura, Murcia, Galicia y Aragón. El sentido favorable de los votos tendrá que ser ratificado en pleno en cada uno de los territorios, a excepción de Cataluña, Navarra y La Rioja, que han acudido con la delegación del voto de la comisión de garantías autonómica.

Los asistentes a la reunión de este jueves han validado la legitimidad de Olga Jiménez como presidenta legítima del órgano, después de que surgiera una Comisión de Garantías paralela en la que otro miembro de la Comisión, Argiro Giraldo se autoproclamó como nuevo presidente del órgano.

Los firmantes creen que el expediente abierto a Jiménez se ha realizado de forma «fraudulenta», donde los denunciantes son los que después instruyen la causa, y ponen el acento en la rapidez con la que la ejecutiva de Iglesias procedió a abrir causa contra la presidenta, sólo 11 horas después de la denuncia. Desde febrero, el tribunal de Podemos ha hecho diversas peticiones al Consejo de Coordinación (ejecutiva) para que abriera expedientes a miembros del partido, y la cúpula de Iglesias aún no ha dado luz verde a ninguno de ellos. Además, recuerdan que nadie puede revocar a la Comisión de Garantías salvo los propios militantes en una Asamblea Ciudadana Estatal que tendría que pedir un 20% de los inscritos, según figura en los documentos aprobados en febrero.

Este nuevo desafío a Iglesias para que retire los estatutos se basa en este dictamen 3 aprobado el pasado julio donde se pedía la anulación de los Estatutos del partido. Los dictámenes aprobados en este órgano son de obligado cumplimiento, y la resolución aprobada este jueves por las comisiones autonómicas reconocen la «habilitación» de Jiménez para emprender acciones legales, «internas y ante los Tribunales de Justicia», con el fin de «encauzar estos asuntos en pleno respeto a las decisiones adoptadas por la Asamblea Ciudadana estatal en VAII, y en pleno respeto del resto del ordenamiento jurídico aplicable».

Así, los tribunales internos de Podemos ponen la vía judicial en el horizonte, en un pulso abierto con la cúpula del partido por su independencia. «No ha considerado a las Comisiones de Garantías con la fuerza que los inscritos nos han dado al elegirlos. No lo han visto como un órgano judicial que resuelve conflictos, sino como un asistente legal supeditado a las decisiones políticas».

Los firmantes de la resolución contemplan dos escenarios: el primero es que la ejecutiva de Iglesias retire y rectifique los estatutos de acuerdo a los documentos de Vistalegre II; el segundo escenario sería la inacción y la falta de respuesta por parte de la cúpula del partido. En este caso, volvería a convocarse el Pleno federal de comisiones de garantías para decidir las acciones a tomar.