El Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, ha garantizado que el Ministerio Público seguirá desplegando “una defensa activa de la España constitucional” ante la “sinrazón de quienes se sitúan al margen de la Ley” y ha asegurado que la actuación será «tan firme y enérgica como requiera la preservación de las instituciones del Estado de Derecho”.

En presencia del Rey, Maza ha hecho estas consideraciones durante el discurso ofrecido en el acto de apertura del Año Judicial y un día antes de que el Parlament de Cataluña apruebe previsiblemente la ley por la que convocará el referéndum ilegal el próximo 1 de octubre. Ante el «grave quebranto del orden constitucional» que podría consumarse en Cataluña, el fiscal general ha dicho que «no caben vacilaciones de clase alguna» y que, «como órgano esencial para la vigencia de la Ley y del Estado de Derecho», el Ministerio Público no titubeará para garantizar una «patria común e indivisible de todos los españoles».

José Manuel Maza ha dicho que el Ministerio Fiscal tiene la clara convicción de que el sólo respeto a la Ley «garantiza nuestra convivencia» y que «sólo bajo su amparo y vigencia es posible el ejercicio de la libertad y el disfrute de la seguridad a las que tienen derecho todos y cada uno de los ciudadanos españoles».

«Hoy más que nunca corresponde custodiar sin ambigüedades la Constitución y la Ley», proclama Carlos Lesmes

El órdago del independentismo catalán al Estado de Derecho también ha estado muy presente en el discurso del presidente del Poder Judicial y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Carlos Lesmes ha defendido este lunes que «hoy más que nunca» corresponde a los jueces «custodiar sin ambigüedades la Constitución y la Ley», al tiempo que ha asegurado que ningún servidor público «sufrirá por cumplir la Ley». «Estamos ante una gran responsabilidad y estoy convencido de que sabremos afrontarla», ha proclamado.

En presencia del Rey, Lesmes ha hecho estas afirmaciones durante el discurso ofrecido en el acto de apertura del Año Judicial y un día antes de que el Parlament de Cataluña apruebe previsiblemente la ley por la que convocará el referéndum ilegal el próximo 1 de octubre. El presidente del órgano de gobierno de los jueces ha señalado que la indisoluble unidad de la nación española que consagra el artículo 2 de la Constitución es un «mandato jurídico directo» que el poder judicial deber garantizar. Es, ha dicho, «un deber para todos nosotros de inexcusable cumplimiento».

«Amparar a los servidores públicos»

En este sentido, Lesmes ha insistido en que los jueces deben asegurar los derechos reconocidos en la Constitución y en las leyes, «especialmente con relación a aquellos ciudadanos que puedan sentirse amenazados por el legítimo ejercicio de esos derechos», y que también les corresponde «amparar a todos los servidores públicos, de cualquier clase que sean, encargados de hacer cumplir la Ley en cualquier parte del territorio nacional». En su opinión, un Poder Judicial único, fuerte e independiente «es la mejor garantía de la libertad y la igualdad de los españoles».

«Las voluntades unilaterales que pretenden disponer de la Constitución y que sólo contemplan como mecanismo de preservación de lo que consideran más propio la ruptura o la separación son inaceptables y violentan la propia democracia, pues ningún principio democrático puede amparar ni legitimar que una parte disponga del todo», ha dicho.

El presidente del CGPJ ha recordado que la justicia está llamada a ser «instrumento para la paz social» y que ésta no será posible si no se garantiza que la Ley «sea respetada y aplicada correctamente a cada caso». Esta premisa «constituye condición existencial de la propia democracia y presupuesto necesario de unos valores de convivencia que no cabe desconocer en el marco de nuestro Estado de Derecho».

Lucha contra la corrupción

También se ha referido Carlos Lesmes durante su discurso al problema de la corrupción, ante la que -ha defendido- la Justicia española «sigue proporcionando la más eficaz y contundente respuesta». El presidente del Tribunal Supremo ha recordado que los jueces concluyeron el pasado año 112 investigaciones por delitos de corrupción pública que terminaron con el procesamiento de 659 personas.

A este respecto, el fiscal general del Estado ha defendido que una «eficaz herramienta en la lucha contra la corrupción» sería la reforma procesal para que sea el Ministerio Público quien dirija la investigación penal. A su juicio, ésta «se ha sobredimensionado fatalmente hasta el punto de convertirse, con alarmante frecuencia, en una anticipación del juicio oral, cuando antes al contrario debería reconducirse tan sólo a un espacio de acopio del material imprescindible para tomar criterio sobre la formulación de la acusación».

José Manuel Maza considera «inevitable» esta reforma «a la vista del entorno procesal que nos rodea», máxime tras la creación de la nueva figura del fiscal europeo. «Estará obligado en breve a actuar en nuestra nación con sometimiento a estos criterios que desde aquí propugnamos y cuya exigencia viene desde hace años proclamando la gran mayoría de la doctrina procesalista española», ha insistido.

La amenaza del yihadismo

Maza también se ha referido a la amenaza yihadista, semanas después del doble atentado perpetrado por una célula en Cataluña que acabó con la vida de 16 personas. El fiscal general del Estado dice que el Poder Judicial debe «perservar con toda energía, desde el rigor y la eficacia», en la lucha contra esta manifestación terrorista «tan cruel e inhumana» y ha recordado que las investigaciones por terrorismo yihadismo aumentaron un 40% el pasado año en la Audiencia Nacional, el órgano jurisdiccional que tiene las competencias para investigar estos delitos.

Tras iniciar su intervención recordando a las víctimas del doble atentado, el presidente del Tribunal Supremo ha mostrado su orgullo por la respuesta de la sociedad española frente al terror -«unidad frente al miedo, firmeza institucional y solidaridad»- y ha señalado que «ninguna creencia, cultura o credo puede justificar el terror ni alumbrar apóstoles o mártires de la violencia».