Cataluña vivirá este miércoles, 6 de septiembre, una jornada clave en el proceso independentista que culminará con el referéndum del próximo 1 de octubre. Se espera que, con toda probabilidad, Junts pel Sí y la CUP soliciten una ampliación del orden del día de la reunión de la mesa del Parlament, para incluir en el pleno que arranca mañana la Ley del Referéndum para su aprobación. Se trata de una de las leyes clave de todo el proceso, junto a la Ley de Transitoriedad Jurídica.

El texto de la ley, presentada el pasado 4 de julio en el Teatro Nacional de Cataluña, describe los detalles que deberán guiar la consulta que pretende celebrar la Generalitat dentro de 25 días. El articulado proclama el referéndum como vinculante, contra el criterio del Gobierno, y detalla las consecuencias de los resultados: si gana el ‘No’, se convocarían elecciones autonómicas inmediatamente; si vence el ‘Sí’, la República de Cataluña debería proclamarse en las 48 horas siguientes, es decir, antes del 4 de octubre.

Del mismo modo, la pretendida guía legal del referéndum no establece ningún umbral mínimo de participación, con el objetivo de burlar el más que probable movimiento abstencionista de los contrarios a la secesión. Tampoco explica cómo se elaborará el censo, aunque sí especifica que se hará sin el consentimiento expreso de los ciudadanos, y pretende dotar de carácter de obligatoriedad la presencia en las mesas electorales de aquellos que sean citados.

La Ley de Transitoriedad Jurídica, por su parte, prevé que los catalanes conserven la doble nacionalidad tras una hipotética independencia, y otros apartados como una amnistía para todos aquellos ciudadanos procesados por delitos relacionados con el proceso independentista.

Esta ley se define a sí misma como ley «suprema» y establece la creación de una Asamblea Constituyente desde la que redactar la Carta Magna de un hipotético Estado independiente, en forma de República, cuya presidencia ocuparía inmediatamente el presidente de la Generalitat.