El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, han comparecido por sorpresa este martes para criticar la decisión del Tribunal de Cuentas, que ha citado a una decena de ex altos cargos del Govern, entre ellos el ex presidente Artur Mas, para que abonen una fianza de en torno a cinco millones de euros por los gastos realizados durante la consulta independentista del 9-N de 2014.

Puigdemont ha acusado al Gobierno de «fomentar el miedo como único argumento para evitar lo que es inevitable, que es el referéndum» antes de una semana que ha calificado como «decisiva e histórica». El presidente catalán ha calificado la decisión como «represalia económica» y  ha subrayado que lo que hace el Tribunal de Cuentas no es más que una «incautación del patrimonio» de líderes independentistas, entre los que se incluyen también los ex consejeros Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs.

«Si les tocan a ellos, nos tocan a todos. Ellos actuaban en nombre del Gobierno de Cataluña», ha enfatizado Puigdemont, después de que el Tribunal de Cuentas haya citado para el próximo 25 de septiembre al ex presidente de la Generalitat Artur Mas dentro de la investigación que tiene abierta para dilucidar responsabilidades por la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014 y, en su caso, reclamarle el dinero público que se gastó en aquella consulta, que podría superar los cinco millones de euros.

Según han informado a Europa Press fuentes del PDeCAT, la citación tiene como objetivo solicitarle el pago de una fianza para garantizar que podrá afrontar la condena en el caso de que ésta finalmente se produzca. En concreto, el tribunal cita a Mas seis días antes del 1 de octubre, cuando está prevista una nueva consulta independentista en Cataluña. Junto al ex presidente catalán el Tribunal de Cuentas también investiga a su ex vicepresidenta Joana Ortega, a la ex consejera de Educación Irene Rigau y al ex consejero de Presidencia Francesc Homs.

En el caso de que no abonen las cantidades que el tribunal les reclame, podrá procederse al embargo de los bienes y cuentas de los investigados en esta causa. Según informan varios medios de comunicación, además de a Mas, Ortega, Rigau y Homs, el tribunal ha citado para el mismo día y con el mismo fin a otros siete ex altos cargos de la Generalitat que participaron en la organización de los gastos para el referéndum del 9-N. Se trata del ex secretario general de la Presidencia de la Generalitat Jordi Vilajoana y de Lluis Bertrán i Saura, Josefina Valls i Villa, Carolina Pardo Miguel, Jaume Domingo i Planas, lgnasi Genovés i Avellana, Jordi Serra i Catalán y Jordi Vilajoana i Rovira.

Poco después de conocerse la decisión, organizaciones como la Asamblea Nacional Catalana (ANC) han llamado a los ciudadanos a llenar con dinero «la caja de solidaridad» que fue creada con la intención de hacer frente a las multas económicas tras las primeras acusaciones del Tribunal de Cuentas.

Uso irregular

Esta investigación, que el tribunal decidió activar el pasado 19 de julio, tiene su origen en una denuncia fue presentada por Societat Civil Catalana (SCC) y la Asociación de Abogados Catalanes por considerar que, aunque Mas y sus consejeros ya fueron condenados por desobedecer al Tribunal Constitucional al organizar aquella consulta de 2014, ello no les exime de su responsabilidad contable por el uso irregular de dinero público.

El procedimiento, en el que está personada la Abogacía del Estado, tiene como objetivo contrastar la denuncia de los colectivos catalanes para determinar las responsabilidades contables de Artur Mas y sus consejeros y, en su caso, reclamar su reintegro al Tesoro.

En concreto, los denunciantes individualizaban una serie de gastos públicos por un importe global de más de 5 millones de euros: construcción de una página web institucional (14.837.60 euros); material para la votación (70.532,08 euros); adquisición de ordenadores portátiles para las mesas de votación (828.171,42 euros); póliza aseguradora para voluntarios (1.409,26 euros); apoyo informático a la consulta (1.106.185,77 euros) y envío de información (307.962,71 euros).

Días clave

La rueda de prensa de Puigdemont y Junqueras se ha producido después de que los grupos parlamentarios de Junts pel Sí y la CUP hayan solicitado la convocatoria de un pleno extraordinario monográfico para este viernes 8 de septiembre, como arma para mantener “vías abiertas” si las leyes de desconexión no pueden aprobarse finalmente en el pleno ordinario que arranca este miércoles, y en el que se pretenden validar las principales leyes que conduzcan al referéndum de independencia de Cataluña.

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha convocado a la Mesa este miércoles a las 9, una hora antes de empezar el pleno ordinario, según un comunicado de la cámara. En esa reunión se iniciará el trámite de la Ley de Referéndum y, probablemente, también la de Transitoriedad Jurídica, las dos principales leyes de desconexión que deben dar soporte legal a la consulta independentista, y que el Gobierno recurrirá en cuanto estén sobre la mesa.