Continúa el conflicto entre la Comisión de Garantías de Podemos, el órgano disciplinario del partido, y la ejecutiva de Pablo Iglesias. El órgano salido de Vistalegre II, presidido por Olga Jiménez, ha inhabilitado a Isabel Serrano, uno de los miembros titulares de este tribunal interno, encargado de resolver los conflictos internos de Podemos. La causa de esta inhabilitación es que incumplió los requisitos necesarios a la hora de inscribir su candidatura el pasado febrero. Se trata de un hecho importante en la pugna que vive la formación.

Con esta resolución, cambian las tornas en la Comisión de Garantías. Hasta el momento, tres de los cinco miembros titulares tenían posiciones cercanas a Iglesias, pero la inhabilitación de Isabel Serrano, considerada una de las oficialistas, da un vuelco a estos equilibrios. En su lugar, entra la siguiente persona con más votos: Paloma del Llano, que ha mostrado su apoyo a la presidenta de la Comisión y que da la mayoría a los partidarios de reformar los estatutos; una petición que lanzó Jiménez y tras la que fue expedientada.

Serrano postuló para formar parte de la Comisión de Garantías sin estar inscrita en Podemos

La causa de la inhabilitación de Serrano es la falta de afiliación a Podemos cuando registró su candidatura. Serrano se presentó como aspirante al órgano sin estar inscrita en el partido, cuando los documentos organizativos aprobados en Vistalegre imponían (en su art. 19 del documento Organitzativo) el requisito de contar con al menos seis meses de afiliación anterior a su elección. Su inscripción, el 4 de febrero, tuvo lugar una vez que ya se había postulado como candidata y se habían presentado las listas que se someterían a votación, según los plazos establecidos en el reglamento de elección elaborado por el Comité Técnico antes de la Asamblea morada.

Serrano, ahora inhabilitada, fue una de las personas que interpuso la denuncia contra Jiménez después de ésta cuestionara los nuevos estautos del partido, elaborados por el secretario de Organización, Pablo Echenique, y aprobados de forma exprés por la ejecutiva de Iglesias. A raíz de esa denuncia, la ejecutiva abrió un expediente contra Jiménez y poco después Argiro Giraldo, otro de los miembros denunciantes de la Comisión, se autoerigió como nuevo presidente del tribunal interno.

La división es patente en este tribunal, y tanto Echenique como Iglesias han reconocido únicamente la legitimidad de los cinco miembros titulares de la comisión, tal como figura en los estatutos impugnados por este tribunal, excluyendo así a los cinco suplentes que hasta ahora sí se tenían en cuenta en la toma de decisiones. Con este movimiento de sillas, la presidenta no sólo cuenta ya con una mayoría en la Comisión en pleno -contando a todos sus miembros, titulares y suplentes-, sino que se hace con la mayoría entre los cinco titulares.

La Declaración de incompatibilidad de Serrano se inició el pasado 7 de agosto, aunque no se ha cerrado cerrado hasta este miércoles. Ese mismo día se notificó a la interesada la resolución, y este órgano le dio dos días hábiles para presentar apelaciones. Al ser agosto un mes inhábil, sólo ha podido cerrarse la investigación después de que hayan transcurrido dos días hábiles de septiembre, el viernes 1 y el lunes 4. Ahora se abre un plazo de 15 días para interponer recursos ante el tribunal de Podemos, aunque la resolución califica la candidatura de Serrano como «nula de pleno derecho» y «sin posibilidad alguna de subsanación», al considerar la existencia de un «error de fondo que vicia y anula el resto de actos», incluido su nombramiento como integrante del órgano disciplinario.

Tras ignorar la rebelión, la ejecutiva tendrá que pronunciarse sobre el conflicto de legitimidades

Desde la plataforma de apoyo por una Comisión de Garantías Independiente, advierten de que la inscripción de la candidatura se hacía por internet, y que el sistema tendría que haber impedido automáticamente la admisión de Isabel Serrano por no cumplir los requisitos necesarios. En este punto, sospechan que la miembro ahora inhabilitada sorteó el escollo gracias a la intervención de algún miembro del partido que hubiera incluido manualmente su nombre para concurrir en Vistalegre II.

La Comisión Deliberadora que ha investigado la causa está compuesta por dos partidarios de la presidenta, Jesús Calpe y Paloma del Llano, y por la propia presidenta. La incógnita está ahora en si la ejecutiva de Iglesias aceptará esta medida. El hecho de que la presidenta de la Comisión, ahora expedientada, sea una de las impulsoras de la investigación deja en el aire la actuación de la cúpula de Podemos. Hasta el momento ninguno de sus dirigentes ha aclarado si reconoce o no a Jiménez como presidenta o si, por el contrario, considera legítimo a Giraldo, el denunciante y autoerigido nuevo jefe del órgano.

La ejecutiva de Iglesias podría escudarse ahora en que Serrano recibió el voto de los inscritos, pese a no haber cumplido un requisito esencial para presentar su candidatura; también cabría la opción de que la cúpula de Podemos desdeñara la resolución relativa a su inhabilitación, apelando a la supuesta suspensión de Jiménez, aunque la plataforma de apoyo a la presidenta electa aseguran que no ha habido ninguna comunicación respecto a suspensión alguna.

Un círculo denuncia a Giraldo por «oportunista»

Además de este revés, los miembros oficialistas de la Comisión, que constituyeron un órgano paralelo presidido por Algiro Giraldo, se enfrentan ahora a otro inconveniente: una denuncia contra el presidente autoerigido. El Círculo de San Martín de Valdeiglesias (Madrid), al que pertenece Giraldo, ha interpuesto este fin de semana una denuncia contra él donde le acusan de presentar su candidatura «de forma irregular y fuera de plazo, siendo sorprendentemente aceptada».

Este escrito, presentado ante la Comisión de Garantías de la Comunidad de Madrid y aprobado en pleno por el Círculo, denuncia la actuación de Giraldo y le acusa de «un comportamiento políticamente oportunista y arribista, encaminado exclusivamente a la promoción de intereses propios, y con el objetivo de resultar elegido en cargo público remunerado».

Recibida la denuncia, y a partir de ahora, el tribunal autonómico de Madrid  podría adoptar varias posiciones, desde iniciar una investigación, abrirle un Expediente dicisplinario, imputarle una suspensión cautelar de la militancia o archivar la denuncia.