Las posibles dudas sobre la determinación del gobierno para frenar el desafío soberanista se han disipado esta semana tras la aprobación por el Parlament de Cataluña de las leyes de Referéndum y de Transitoriedad. La declaración del presidente del gobierno el pasado jueves, tras el consejo de ministros extraordinario, fue rotunda.

Quien piense que se trata de simple postureo, se equivoca. “Si ellos van a por todas, nosotros iremos a por todas”, asegura un miembro del Ejecutivo. El gobierno ha estudiado ya la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que se llevaría acabo de forma parcial, afectando a las competencias más sensibles de la Generalitat. Por supuesto, también está sobre la mesa el decreto para aplicar la ley de Seguridad Nacional.

La convicción de que hay que actuar contra la ruptura de la legalidad no hay que confundirla, sin embargo, con la imprudencia. “El gobierno se cuidará mucho de caer en provocaciones para no dar bazas a los independentistas en la guerra de imagen que es la única que podrían ganar”, señala la misma fuente.

El portavoz del gobierno catalán, Jordi Turull, lo dijo hace una semana, quiere un tanque en las calles de Barcelona, porque, de esa forma, “ya habremos ganado”. Aunque sea de boquilla, el independentismo sueña con una acción violenta del Estado para vender su victimismo al mundo y poder gritar que “España ha pisoteado la democracia en Cataluña”.

Pero no habrá ningún tanque, ni siquiera de cartón piedra. No hará falta. La Acorazada Brunete se mantendrá tranquila en los cuarteles, porque la democracia, la Constitución, no corren peligro.

La derrota del independentismo se ha producido ya por la vía de los hechos, sin necesidad siquiera de llegar al 1-O. El gobierno cuenta con la legitimidad de las urnas y está obligado a cumplir la ley. Además, ha logrado el respaldo del principal partido de la oposición, el PSOE, y de Ciudadanos. Pablo Iglesias no se sabe dónde está.

Rajoy ha conseguido que Bruselas y el Parlamento Europeo digan explícitamente que cualquier ataque contra la unidad de España y la Constitución es un atentado contra toda la UE. Las asociaciones judiciales han respondido al unísono en defensa de la legalidad. El gobierno no sólo cuenta con la unanimidad del Tribunal Constitucional para rechazar el desafío independentista, sino que tiene de su lado a la Fiscalía y al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Los funcionarios han hecho saber que van a cumplir la ley. Y, algo muy importante: la inmensa mayoría de los medios de comunicación ha mostrado su respaldo a la legalidad y su rechazo al desvarío de Junst Pel Sí y de su socio y protagonista en la estrategia de ruptura, la CUP.

El gobierno, por tanto, no puede dar marcha atrás porque la inmensa mayoría de la sociedad le reclama que sea inflexible con los que quieren hacer saltar por los aires la convivencia en Cataluña. “España no puede permitirse que se produzca el referéndum: el presidente ha comprometido su palabra”, apunta un alto funcionario .

Uno de los miembros del Govern ha acudido la semana pasada al notario para hacer una donación de bienes a su conyuge

En este pulso sin precedentes, los independentistas tienen todas las de perder. Y lo saben. Uno de sus grandes fracasos ha consistido en su incapacidad para aislar al PP. Mientras el bloque independentista se va resquebrajando (no tardaremos mucho en ver a la CUP y al PDeCAT tirándose los trastos a la cabeza), en paralelo crece la solidez de la mayoría ciudadana en defensa de la ley. El miedo cunde en algunas figuras relevantes del independentismo. Una fuente de toda solvencia me informa de que uno de los miembros del Govern ha acudido la semana pasada al notario para hacer una donación de bienes a su conyuge. Además de la inhabilitación, e incluso la cárcel, una de las consecuencias de las querellas presentadas por la Fiscalía, que afecta a todos los miembros del Ejecutivo catalán, es el embargo de bienes si se demuestra que ha habido malversación de fondos públicos en la preparación del 1-O.

La sociedad catalana, toda España y el mundo entero (los pocos que siguen este quimérico proceso), han podido comprobar esta semana cómo se las gastan estos nois de la estelada. Su concepto de democracia es tan dúctil como un chicle. Se puede estirar, retorcer, aplastar. Dan por sentado que cualquier cosa es legítima si se hace por votación mayoritaria. Incluso suprimir los derechos de los diputados. Incluso saltarse a la torera las propias normas del Parlament y las garantías estatutarias de la institución. Pero, ¿es democrático eliminar los instrumentos básicos de la democracia aunque se haga por mayoría? ¿Se hubiera convertido Franco en un demócrata si hubiera sometido la legitimidad de su régimen a un refrendo sobre su persona que, durante decenios, podría haber ganado de calle? La democracia no es sólo una urna donde votar cada cierto tiempo, sino unas leyes que hay que respetar, unos procedimientos que garantizan los derechos de las minorías, como bien le recordó Joan Coscubiela a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell en el Pleno celebrado el pasado miércoles. Todas las garantías han saltado por los aires en apenas 48 horas, y con ellas, la credibilidad de los soberanistas. Por eso no hará falta ningún tanque.

Rajoy está dispuesto a cumplir su palabra y tiene los instrumentos en su mano para conseguirlo sin llegar al uso de la violencia. La misión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (Policía, Guardia Civil y Mossos) consistirá, siguiendo la instrucción del Fiscal General, José Manuel Maza, en localizar urnas y papeletas para impedir que, en efecto, se pueda culminar la desobendiencia en la que se mueve ya la Generalitat el próximo 1 de octubre con su simulacro de referéndum.

La Policía, la Guardia Civil y el CNI llevan meses trabajando en los distintos escenarios. “Yo creo que no hará falta aplicar el artículo 155, ni siquiera la ley de Seguridad Nacional”, asegura un responsable de las Fuerzas de Seguridad del Estado. “Los Mossos cumplirán la ley y las órdenes de los jueces. Si no lo hicieran sería su final”, añade.

Pueden tener urnas, pero, desde luego, no 6.000. Y las que tengan procuraremos encontrarlas antes del 1-O”, afirma un mando policial

Lo que ocurrirá, probablemente, el 1-O es que no hará falta que los Mossos retiren las urnas, porque no habrá urnas que retirar. Varias fuentes coinciden en que la afirmación de Puigdemont de que la Generalitat contaba ya con 6.000 urnas en su entrevista al Financial Times, fue, más que una bravuconada, un error de traducción. “Pueden tener urnas, pero, desde luego, no 6.000. Y las que tengan escondidas procuraremos encontrarlas antes del 1-O”, afirma un mando policial.

Habrá, sí, movilizaciones, algaradas. Seguro que a algunos sectores -minoritarios- del independentismo más radical les gustaría que hubiera bofetadas en la calle, con resultado de víctimas.

Pero la sangre no llegará al río, porque la mayoría de los ciudadanos de Cataluña no respaldará una movilización violenta.

El día 2 de octubre, como dijo Pedro Sánchez, “Cataluña seguirá siendo España”. Será a partir de ese momento cuando habrá que echar toda la carne en el asador del diálogo, de la política. Pero sin ultimátums, sin amenazas, sin prisas. Y con la maquinaria de la Justicia ya en marcha, con unas querellas que pueden llevar a la cárcel a los promotores de esta alocada aventura.