El Ministerio de Justicia reforzará la plantilla de Anticorrupción con la creación de dos plazas y consolidará a los ocho fiscales que fueron adscritos en comisión de servicio debido a la elevada cantidad de casos abiertos en los últimos tiempos. Desde hace años, esta Fiscalía viene demandando refuerzos ante la escasez de medios personales que padece, lo que le impide ser más eficaz en su lucha contra la delincuencia.

Fuentes del departamento que dirige Rafael Catalá han confirmando a El Independiente el incremento de plazas en Anticorrupción, que el pasado año intervino en 524 procedimientos judiciales frente a los 371 del ejercicio anterior. Ello supone un incremento del 29,2%, si bien este aumento se explica en gran medida por la escisión de procedimientos en piezas separadas para facilitar su instrucción y posterior enjuiciamiento.

En la memoria de la Fiscalía General correspondiente a 2016, dada a conocer la pasada semana, se hace hincapié en el problema de falta de personal que tiene Anticorrupción, como evidencia el hecho de que ocho fiscales estén adscritos en comisión de servicio. Esta circunstancia, unida a que la plantilla se encuentra «a pleno rendimiento», justifica ya de por sí -sostiene- la creación de seis nuevas plazas (dos de fiscales decanos).

Los fiscales avisan de que la falta de plantilla y los obsoletos medios tecnológicos les impiden ser más eficaces

«La dificultad de las investigaciones que se llevan a cabo, su duración, así como la complejidad de los procesos en los que interviene esta Fiscalía exigen que, en no pocos casos, haya de asignarse a dos fiscales para cada asunto. El auge paulatino de macroprocesos ha ido estrangulando la capacidad operativa de una plantilla de fiscales que ya era muy ajustada, lo que ha obligado a echar mano del recurso de la comisión de servicio, remedio excepcional y temporal que no es la solución a una situación estructural, y que irá in crescendo, de insuficiencia de fiscales», expone la memoria.

A 31 de diciembre, la plantilla de esta Fiscalía Especial estaba integrada por 28 fiscales (incluida la jefatura), 22 fiscales delegados y nueve fiscales delegados temporales. A ello se suman 32 colaboradores, las 51 personas que forman parte de las unidades de apoyo (Agencia Tributaria, Intervención General de la Administración del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil) -una de las «singularidades» de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada- y 32 funcionarios, de los que 26 pertenecen al cuerpo de gestión procesal.

La Fiscalía General plantea no sólo un incremento de recursos humanos, sino también una mejora de la organización interna mediante la incorporación de «mandos intermedios» que, en «estrecha colaboración» con el fiscal jefe, asuman el seguimiento y coordinación de los asuntos asignados a los fiscales delegados y los relativos a la delincuencia organizada. La estructura tradicional, asegura, ha quedado «arcaica» como consecuencia del aumento de los casos en los que intervienen.

Despachos compartidos y aplicaciones ‘caseras’, el día a día de los fiscales que luchan contra la corrupción en España

No son las únicas reivindicaciones de las que Anticorrupción deja constancia en la memoria en la que la Fiscalía General pormenoriza la actividad desarrollada cada año, en este caso la correspondiente a 2016. También se queja de que la sede es «insuficiente» para albergar a toda la plantilla, como demuestra el hecho de que diez fiscales tienen que compartir despacho con otros compañeros. «La complejidad de los asuntos encomendados a esta Fiscalía requiere de un espacio individual para el estudio de los asuntos y su gestión profesional, por lo que compartir despacho constituye una rémora para el buen desempeño de la labor del fiscal, al ser frecuentes las interferencias derivadas de comunicaciones telefónicas, de recepción del personal auxiliar o de las unidades de apoyo, o de visitas de letrados», denuncia.

Igualmente, lamenta la «apabullante penuria de medios tecnológicos» con que cuenta y que se encuentre «en la prehistoria», con aplicaciones «caseras» que han confeccionado los propios funcionarios para poder llevar a cabo el registro diario de asuntos. En este sentido, reclama una aplicación específica que permita «conocer y evaluar en todo momento» el estado de tramitación de la causa y que ésta pueda ser asumida por otro fiscal «en cualquier instante».

Bases de datos interconectadas

«Resulta absolutamente imprescindible que la Fiscalía Especial disponga de un programa o programas capaces de relacionar y tratar la información de bases de datos alimentadas tanto con la propia de los procedimientos en curso como de otras externas, tales como los registros mercantiles, los de la Propiedad, los boletines oficiales o la información recibida del SEPBLAC [Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales del Banco de España] o de otros organismos», detalla.

Al frente de la Fiscalía Anticorrupción se encuentra desde principios de julio Alejandro Luzón, nombrado tras verse forzado a dimitir Manuel Moix tan sólo 87 días después de su nombramiento como consecuencia de la polémica suscitada por el hecho de que era accionista de una empresa familiar radicada en Panamá y lo había ocultado. Luzón, que estuvo adscrito a esta Fiscalía Anticorrupción durante veinte años (desde la creación en 1995 hasta 2015), llegaba con la misión de instalar de nuevo la paz tras la división provocada durante la etapa de su predecesor.