El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha ampliado la comisión rogatoria con la que busca que las autoridades judiciales de Andorra bloqueen activos por importe de más de 11 millones de euros del ex banquero catalán Eduardo Pascual Arxé, «jefe» de una de las dos empresas intermediarias (Vitalia) que se lucró con el negocio millonario de las pólizas de prejubilaciones que durante una década sufragó la Junta de Andalucía y en búsqueda y captura internacional durante casi 20 meses hasta su detención el pasado 11 de mayo en Uagadugú (capital de Burkina Faso).

En un auto fechado el pasado 4 de septiembre, al que ha tenido acceso El Independiente, el titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional concreta el importe y las personas acusadas en la pieza separada del caso Eurobank relativa a la liquidación del antiguo banco catalán, después de que la autoridad judicial andorrana le enviara el 9 de agosto un escrito de aclaración a la petición de comisión rogatoria acordada a principios del pasado mes de marzo.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ya dictó sentencia condenatoria en el caso Eurobank contra dos procesados -entre ellos María Vaqué, también imputada en el caso ERE– el pasado 31 de marzo, pero no pudo enjuiciar a Pascual porque estaba fugado. Durante la instrucción, el magistrado abrió una pieza separada sobre la liquidación, en la que ha investigado al comisionista de los ERE y a otros diez acusados más de delito societario continuado, desobediencia a la autoridad judicial, falsedad, apropiación indebida, estafa y blanqueo de capitales. Esta rama ya está calificada, pero aún no se ha fijado fecha para el inicio del juicio.

El juez de la Mata, en una pieza del ‘caso Eurobank’, pide a la autoridad andorrana el embargo de activos de 11 acusados

De la Mata exige a cada uno de los acusados la cantidad de 11.084.741,64 euros, de los que más de ocho millones son en concepto de responsabilidad civil y el resto por multa y el tercio que fija la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ésta es la cantidad que pretende que Andorra embargue en el caso de que los acusados tengan aún activos en el Principado.

Entre los imputados en esta pieza se encuentran Eduardo Pascual y María Vaqué, a los que la juez sevillana que inició la investigación del caso ERE (Mercedes Alaya) describía como «jefes» de la mediadora Vitalia. Pascual y Vaqué son dos de los 19 imputados en la pieza separada en la que la juez de los ERE investiga el dinero que la Administración andaluza pagó a Vitalia y Uniter por su labor de intermediación ante las compañías aseguradoras para la suscripción de pólizas de prejubilaciones sufragadas por la Junta. Todos los intrusos han sido localizados en seguros en los que intermedió Vitalia.

Asimismo, entre la veintena de empresas señaladas por el juez De la Mata como responsables civiles subsidiarias hay al menos cuatro (Holding Europeo Tindex SL, Irson Empresarial SL, Fortia Vida y la luxemburguesa Excell Life Internacional) que también han sido investigadas en el procedimiento que dirige el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla y que sigue en fase de instrucción.

En prisión preventiva 15 meses

Cuando se declaró en paradero desconocido, el ex presidente de Eurobank se encontraba en libertad condicional tras haber pasado más de 15 meses en un centro penitenciario de Sevilla por su presunta implicación en el caso ERE. En concreto, ingresó el 24 de marzo de 2013 y salió el 18 de julio de 2014, tras depositar la fianza de 6.000 euros que le impuso la juez Alaya cuando aún era la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. El dinero lo aportó un hermano.

La huida de la Justicia de Eduardo Pascual se produjo semanas después de que hubiera solicitado sin éxito a la Audiencia Nacional que le devolviera el pasaporte, una medida que consideraba indispensable para poder obtener un empleo -aseguraba tener dos ofertas de trabajo en el extranjero y ninguna opción laboral en España- y para completar la documentación que acreditaría cómo dinero destinado a pagar prejubilaciones de trabajadores andaluces se desvió a inversiones inmobiliarias en el Caribe.

Extradición en curso

Cuando declaró como imputado el 26 de septiembre de 2014 ante el juzgado de los ERE, Pascual aseguró que 18 de los 98,5 millones que la Junta pagó a la mutua Fortia Vida en comisiones acabaron invirtiéndose «en dos hoteles en República Dominicana” controlados por «empresarios vinculados con la cúpula del PSOE nacional».

La Audiencia Nacional ha solicitado ya a las autoridades de Burkina Faso la extradición de Eduardo Pascual para que responda por los procedimientos que tiene abiertos: la quiebra de Eurobank y la descapitalización de Fortia Vida. También el juzgado que instruye el caso ERE ha pedido que el acusado sea puesto a su disposición para adoptar medidas de naturaleza personal, a fin de garantizar su presencia cuando en el futuro sea juzgado una vez termine la instrucción de la pieza de las sobrecomisiones.