La Fiscalía de Cataluña ha ordenado al mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero, así como a la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía en Cataluña que, para evitar la «consumación del delito», «requisen urnas» y todo material destinado a preparar y celebrar el referéndum del 1 de octubre. Unas órdenes que ha evitado valorar el portavoz del gobierno catalán, Jordi Turull, quien se ha limitado a señalar que la prioridad de la policía autonómica es la lucha antiterrorista.

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Tras una reunión este mediodía con Trapero y los responsables de la Guardia Civil en Cataluña, Ángel Gozalo, y del Cuerpo Nacional de Policía, Sebastián Trapote, la Fiscalía ha emitido un comunicado en el que ordena a todas las unidades de la policía judicial que actúen ante cualquier acto ejecutado por autoridades, funcionarios o «particulares en connivencia con aquellos» dirigidos a preparar y celebrar del «referéndum de autodeterminación ilegal«.

Urnas, sobres electorales, manuales de instrucciones para los miembros de las mesas electorales»

Concretamente, la instrucción de la Fiscalía incluye requisar «urnas, sobres electorales, manuales de instrucciones para los miembros de las mesas electorales, impresos electorales, propaganda electoral, elementos informáticos, así como cualquier otro material de difusión, promoción o ejecución del referéndum ilegal».

Asimismo, la Fiscalía ha indicado a los cuerpos policiales que deben «elaborar de forma urgente el informe o atestado oportuno» ante los «actos» encaminados a preparar y celebrar el referéndum que lleven a cabo «autoridades o funcionarios públicos o particulares en connivencia con aquellos». Ante esas situaciones, añade el ministerio público, la policía judicial «procederá a elaborar de forma urgente el informe o atestado oportuno, que contendrá todos los datos necesarios acerca de su ejecución, autoría, participación y circunstancias concurrentes».

El ministerio público ha recordado a los mandos policiales que la notoriedad de la prohibición de los actos de organización del referéndum «hace que cualquier conducta de autoridades, funcionarios públicos o de particulares en connivencia con los anteriores» puedan constituir delitos de desobediencia, prevaricación y malversación, delito que recuerda está penado con hasta ocho años de cárcel. La Fiscalía mantendrá mañana reuniones similares en sus sedes provinciales de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona para comunicar las mismas directrices sobre el referéndum a los responsables policiales de cada una de esas demarcaciones.

El Govern se escuda en la lucha contra el terrorismo

«El Govern marca las prioridades de seguridad a los Mossos» ha señalado Turull en respuesta a la reunión mantenida en la sede de la Fiscalía en Barcelona, y «las prioridades políticas son clarísimas, perseguir terroristas y evitar atentados». Turull se escudaba así en el nivel de alerta terrorista de 4 sobre 5 para evitar valorar la orden de retirar las urnas e impedir la celebración del referéndum convocado por el propio Govern. Turull ha reconocido no conocer en qué términos exactos se ha dirigido la Fiscalía a Trapero porque el encuentro se ha producido mientras el Consell Executiu estaba reunido, pero ha destacado que «la confianza en Trapero es total y absoluta».

Turull tampoco ha podido explicar por qué no se ha publicado en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) la suspensión de la Ley del Referéndum por parte del Tribunal Constitucional, cinco días después de que el alto tribunal anunciara esa decisión. «No sé por qué no está publicada en el DOGC la anulación del Constitucional» sobre la Ley del Referéndum ha asegurado Turull, «al DOGC le llegan muchos anuncios que se tienen que contrastar y validar» ha argumentado a modo de excusa.

El Diario Oficial fue escenario ya de una enconada batalla el pasado miércoles, tras la aprobación en el Parlament de la Ley del Referéndum, cuando el Gobierno intentó que esa ley no se publicara y no entrara por tanto en vigor, objetivo que no consiguió. Su responsable, Jaume Domingo, ha sido también objeto de las advertencias del Tribunal de Cuentas sobre las consecuencias legales de participar en el proyecto secesionista suspendido por el Constitucional.