El Ministerio de Hacienda llevará este viernes un paquete de medidas al Consejo de Ministros con el fin de impedir que la Generalitat de Cataluña use dinero público para el referéndum del 1 de octubre, suspendido de manera cautelar por el Tribunal Constitucional. Entre otras actuaciones, el Ejecutivo puede aplicar las medidas coercitivas que prevé la Ley de Estabilidad Presupuestaria, aprobada en el Parlamento con el voto favorable de CiU.

Es la respuesta del Gobierno de Rajoy después de que el vicepresidente de la Generalitat y consejero económico del Govern, Oriol Junqueras, anunciara este jueves que no continuará remitiendo a Hacienda los informes semanales del gasto del Ejecutivo autonómico con fondos procedentes del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Estos informes, que hasta ahora se canalizaban a través de la Intervención de la Generalitat, servían para comprobar que el dinero aportado por el Estado no estaba siendo utilizado para financiar el referéndum.

 

Carta dirigida este jueves por Oriol Junqueras al ministerio de Hacienda.

Carta dirigida este jueves por Oriol Junqueras al ministerio de Hacienda.

En el último informe, y ante la pregunta del Gobierno de cómo se estaban financiando los spots de campaña para el referéndum así como la web de la consulta, la Generalitat se limitó a responder que «no conoce con qué recursos» se estaban pagando estas acciones.

Junqueras ha argumentado que el régimen jurídico aprobado la semana pasada por el Parlamento catalán para regular y garantizar la celebración del referéndum es incompatible con esa decisión de la Comisión Delegada.

Hacienda puede aplicar una versión reducida del artículo 155 de la Constitución

Sin embargo y dado que el Ministerio reclamaba estas certificaciones de los gastos en base a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, Hacienda puede aplicar los pasos siguientes que prevé esta Ley y que incluye numerosas medidas coercitivas, pudiendo llegar incluso a la aplicación de una versión reducida del artículo 155 de la Constitución, ya que el artículo 26 de la citada norma prevé una intervención aprobada por el Senado.

El artículo 25 de esta Ley es el que establece las primeras «medidas coercitivas» y entre ellas está la posibilidad de que Hacienda ordene la aprobación de un acuerdo de no disponibilidad de créditos y efectúe la correspondiente retención de éstos.

La norma contempla incluso, «cuando resulte necesario», que las competencias normativas que se atribuyan a las Comunidades Autónomas en relación con los tributos cedidos pasen a ser ejercidas por el Estado.

Depósito con intereses

Hacienda también puede obligar a la Generalitat a constituir un depósito con intereses en el Banco de España equivalente al 0,2 por ciento de su Producto Interior Bruto nominal, que sería cancelado en el momento en que se aplicasen las medidas que garanticen el cumplimiento de los objetivos.

El artículo 25.2 de la Ley dice que si no se adoptan ninguna de las medidas anteriores, el Ministerio de Hacienda puede enviar una Comisión de Expertos para analizar las cuentas, y éstos podrán requerir «cualquier dato, información o antecedente respecto a las partidas de ingresos y gastos». Según la norma, las medidas que proponga la Comisión de Expertos «serán de obligado cumplimiento para la administración incumplidora».

Pero si todo esto no fuera suficiente y la Generalitat de Cataluña no adoptase ni el acuerdo de no disponsibilidad de crédito, ni constituyese el depósito obligatorio o no implementase las medidas propuestas por la Comisión de Expertos, la Ley de Estabilidad dota de otra herramienta aún más coercitiva como es la posibilidad de una intervención parcial del Estado.

«Control político»

Así, el artículo 26 establece que el Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 155 de la Constitución Española, «requerirá al Presidente de la Comunidad Autónoma para que lleve a cabo» las medidas que se le hayan requerido y, en caso de no ser atendido el requerimiento, el Gobierno, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, «adoptará las medidas necesarias para obligar a la Comunidad Autónoma a su ejecución forzosa». Y para esta ejecución de las medidas, el Gobierno «podrá dar instrucciones a todas las autoridades de la Comunidad Autónoma».

Ahora, Junqueras redobla el reto al Estado y asegura que ni siquiera continuará remitiendo estos informes, que ha calificado como un trámite que responde a un ansia de «control político» desde la Administración «que no guarda relación alguna con los objetivos de estabilidad presupuestaria ni con las finalidades de la legislación estatal en esta materia».

La decisión ha sido comunicada durante la mañana de este jueves al Ministerio de Hacienda, por medio de una carta. Precisamente hoy, la Generalitat debía haber trasladado al Gobierno sus gastos semanales.

En la misiva, el conseller asegura que Cataluña sigue comprometida en el objetivo de déficit establecido para las comunidades autónomas, por lo que continuará enviando los informes de gasto, aunque lo hará sólo con periodicidad mensual.