La Fiscalía General del Estado ha presentado este martes una querella criminal por desobediencia, amenazas y coacciones contra el alcalde de Moià (Barcelona), Dionís Guiteras (ERC), por un decreto ordenando a la Policía Local del municipio restituir «de forma inmediata» material de propaganda del 1-O que había requisado.

El edil ha dado orden a la Policía Local de desobedecer el mandato de la Fiscalía de retirar la propaganda electoral sobre el referéndum independentista y advierte a los agentes de medidas disciplinarias si no se restituyen los carteles electorales retirados. La orden viene a confirmar las denuncias de los sindicatos en el sentido de que los agentes han sido presionados para incumplir los mandatos judiciales destinados a frenar la celebración del 1-O.

Decreto de la alcaldía de Moià

En un decreto de alcaldía, el alcalde ordena a la policía municipal, en su calidad de “mando superior de la policía local” la restitución “inmediata de en los lugares en los que estaban localizados los carteles de propaganda” que fueron retirados durante el día de ayer de diversos espacios publicitarios del municipio.

El primer edil amenaza además con adoptar medidas “de acuerdo con la legalidad vigente” por lo que considera una “obstaculización del ejercicio de las libertados publicas, insubordinación a la autoridad del alcalde y desobediencia a las instrucciones legítimas dadas por este”. Por último, Guiteras ordena que se notifique personalmente el decreto de alcaldía a todos los miembros del cuerpo de policía local.

En este contexto, la Fiscalía ha presentado una querella criminal contra el alcalde al entender que pretende echar atrás la decisión del juez sobre el referéndum del 1-O, suspendido por el Tribunal Constitucional. En paralelo, la Abogacía del Estado ha presentado un recurso en el juzgado de instrucción administrativo contra el decreto del alcalde de Moià y ha pedido como medida cautelarísima la supresión de dicho decreto de forma inmediata.

Instrucciones ilegales, según la CUP

Paralelamente, la CUP ha enviado un documento a los intendentes de las policías locales con instrucciones para desatender el requerimiento de Fiscalía de requisar material relacionado con el referéndum del 1-O.

En un comunicado, defienden que las instrucciones de la Fiscalía tanto a los Mossos d’Esquadra como a las policías locales son «manifiestamente ilegales» porque exceden los límites del Ministerio Fiscal. Argumentan que, con sus órdenes, la Fiscalía pretende que los cuerpos de seguridad «limiten» derechos fundamentales como el de expresión, de libertad ideológica y de participación política, recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución.

Además, creen que interpreta «extensiva e injustificadamente» la suspensión dictada por el Tribunal Constitucional (TC), que pedía a los poderes públicos evitar actuaciones que permitan la preparación o celebración del referéndum.

La Fiscalía pide a los funcionarios policiales adoptar medias para intervenir los efectos o instrumentos destinados a prepara el referéndum «requisando urnas, sobres electorales, manuales de instrucciones para los miembros de las mesas electorales, impresos electorales, propaganda electoral, elementos informáticos» y otros elementos de difusión del 1-O.

La CUP sostiene que el TC no hace referencia a la suspensión de la capacidad de la ciudadanía y de las organizaciones políticas a «expresar su opinión sobre la conveniencia o no de la convocatoria del referéndum». «En cualquier caso, es una resolución dirigida a los poderes públicos por unos actos administrativos concretos y, por lo tanto, no llega al conjunto de la ciudadanía de forma genérica», han subrayado.

Por eso, piden a las policías locales que «interprete directamente el texto de la providencia del TC en el sentido de mantener la vigencia de los derechos fundamentales» permitiendo a la ciudadanía su ejercicio. también en lo que hace referencia al 1-O.

Moción a los ayuntamientos

También han enviado mociones a todos los ayuntamientos catalanes en la que recuerdan que la celebración de un referéndum no está tipificado como delito en el Código Penal.

Por ese motivo, piden que los consistorios que acuerden garantizar dichos derechos fundamentales e «implicarse activamente» para permitir a los ciudadanos su ejercicio, también en lo que hace referencia al referéndum.

La moción pide condenar cualquier actuación policial que menoscabe la vigencia de esos derechos y que dificulte a la ciudadanía su ejercicio, y notificar este acuerdo al Govern, a la ACM y a la AMI.

En su instrucción, la Fiscalía de extendía a todas las policías locales la orden para que actúen como policía judicial ante “actos dirigidos a la preparación del referéndum de autodeterminación y indiciarios por tanto de los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación” y de manera explícita, les insta a actuar frente al referéndum ilegal, requisando urnas, sobres electorales, manuales de instrucciones, impresos electorales, propaganda electoral o elementos informáticos.

La ampliación de la orden de Fiscalía a las policías municipales, dirigida inicialmente a Mossos d’Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil, llegó después de que el sindicato CSIF los solicitara para dar amparo a los guardias urbanos ante el anuncio de los líderes de la AMI y ANC, Neus Lloveras y Miquel Buch respectivamente, que pondrían a las policías locales al servicio del referéndum para que garantizaran la seguridad del 1-O.