El cerco se estrecha en torno al vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda de la Generalitat catalana, Oriol Junqueras, que todavía a estas alturas del desafío aspiraba a salir indemne para mantener intactas sus opciones de aspirar a la presidencia de la Generalitat. La actuación del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, con la detención de su número dos y el registro de las consejerías que son de su competencia, le deja muy expuesto y no es difícil imaginar que pueda seguir el camino de otras ex consejeras como Joana Ortega e Irene Rigau hoy inhabilitadas por su papel en la consulta del 9-N.

El Gobierno se malicia de que el líder de ERC “forzó” la intervención financiera de la Generalitat para soslayar cualquier decisión vinculada a la financiación de la consulta del 1 de octubre. Era, en definitiva, una coartada impecable para no tomar medidas de su exclusiva competencia, en calidad de consejero de Economía y Hacienda, que le pudieran comprometer judicialmente en el futuro.

La intervención de las cuentas de la Generalitat, permitía al líder de ERC “no resultar salpicado por el 1-O”

No pasó desapercibido el tono extremadamente cordial de la carta que remitió el pasado 13 de septiembre a Cristóbal Montoro para informarle de que la Generalitat se negaba a remitir informes semanales sobre sus decisiones financieras. “Apreciado ministro”; “la Generalitat continuará colaborando con el Ministerio que usted preside”; “el compromiso con la estabilidad financiera y presupuestaria se mantiene inalterable” y “compartimos con el ministerio que usted preside la necesidad de seguir colaborando” son algunas de las expresiones de guante blanco que usó tras denunciar la pretensión por parte de Hacienda de ejercer un “control político” sobre las cuentas del ejecutivo autonómico.

La reacción del titular de Hacienda, dando un ultimátum de 48 horas para que el gobierno autonómico se sometiera a los controles semanales, y la intervención final de esas cuentas, “permitía a Junqueras no resultar salpicado por la gestión de su departamento de aquí al 1 de octubre”, según fuentes populares, por mucho que el también líder de ERC recurriera la medida en el Tribunal Supremo.

La firma conjunta del decreto del 1-O atañe a Puigdemont, a quien corresponde la competencia, más que a su Govern

Cabe reseñar que aunque Oriol Junqueras está incluido en la querella criminal que la Fiscalía ha presentado contra todos los miembros del Govern que firmaron el pasado 7 de septiembre el decreto de convocatoria de la consulta ilegal, el hecho de que la potestad de la consulta recaiga en el presidente de la Comunidad, Carles Puigdemont, y no en el conjunto de su ejecutivo, podría librarle de la pena de inhabilitación para cargo público.

El Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, anunció al día siguiente de la firma del decreto de convocatoria la presentación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de una querellla contra todos los firmantes por los presuntos delitos de desobediencia al Tribunal Constitucional, prevaricación y malversación de fondos. Pero fuentes de Justicia admiten que “la firma judicialmente relevante es de quien tiene la competencia. Luego puede ir acompañado de todo su gobierno o su familia en esa firma, pero el principal responsable es él”, con lo que el TSJ puede determinar que el resto de las rúbricas son irrelevantes al margen del “teatrillo” que montaron el día 7, agregan los medios consultados.

Ley de Consultas de la Generalitat

De hecho, Moncloa sabía de esta eventualidad, de cuyo alcance también alertaron algunos dirigentes del PP catalán a Moncloa. El artículo 10 de la Ley de Consultas Populares no Referendarias y otras formas de participación ciudadana de la Generalitat catalana reza en su redacción que corresponde al presidente de la Generalidad convocar la consulta -en este caso habla de consultas populares en cuestiones de competencia autonómica-, aunque la iniciativa surja del conjunto del Govern, al margen de la regulación concreta de las consultas municipales. Esta ley, de septiembre de 2014, acabó siendo un auténtico quebradero de cabeza por los intentos de la Generalitat de buscar una vía para abrir paso a un futuro referéndum de independencia que pretende culminar el 1-O.

Junqueras aspira a ser el próximo presidente de la Generalitat si no es inhabilitado

Pero la actuación judicial de este miércoles con las detenciones del secretario general del departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda, Josep María Jové, número dos del departamento que dirige Junqueras,  y Lluís Salvadó, secretario de Hacienda y responsable del despliegue de la Agencia Tributaria catalana, le coloca en ese disparadero que con tanta soltura había ido evitando. Con unos sondeos que apuntan al triunfo de ERC de celebrarse elecciones autonómicas, Junqueras tenía serias posibilidades de ser el próximo president de la Generalitat.

Prácticamente aniquilada la antigua Convergencia, todo apunta a que la hegemonía política catalana cambiará de manos, un vuelco, sin duda, histórico. Era la oportunidad del líder republicano, el mismo que ha ido viendo pasar los cadáveres políticos de Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau, Francecs Homs, Jordi Baiguet, Jordi Jané, Meritxell Ruiz o Neus Munté. En la misma medida en que la extinta CDC se desangraba, el partido republicano cogía fuerzas, aunque ahora Junqueras está en el ojo del huracán judicial.