La defensa de un ex directivo del Canal de Isabel II en Panamá imputado en el caso Lezo ha pedido al juez Manuel García-Castellón el sobreseimiento de las actuaciones sobre su representado al entender que los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se basan en «elucubraciones» y no incluyen ninguna prueba que le incrimine siquiera indiciariamente.

Francisco Javier Domínguez Anaya, gerente de la sucursal panameña del holding a través del que la empresa controlada por la Comunidad de Madrid opera en Suramérica (Inassa), ha sido llamado en calidad de investigado al procedimiento que dirige el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional por el presunto pago de una «comisión ilegal de 273.672 dólares» a fin de conseguir el contrato para el diseño y construcción del sistema de alcantarillado sanitario en la Pintada (provincia panameña de Coclé). Este directivo es uno de los 60 imputados que acumula la causa, por la que siguen en prisión preventiva desde el pasado mes de abril el ex presidente madrileño Ignacio González y su hombre de confianza en Suramérica, Edmundo Rodríguez Sobrino.

En el escrito presentado al juzgado, al que ha tenido acceso El Independiente, el abogado de Domínguez Anaya rechaza de plano la tesis de los investigadores de la UCO y censura que el informe policial que ha propiciado la imputación de su cliente esté basado en una «conjetura periodística sin mayor contraste» y no contenga más que «insinuaciones tendenciosas».

El investigado dice que la comisión bajo sospecha es ocho veces inferior a la que asegura la UCO

El reproche de la Guardia Civil es el pago que el consorcio Inassa-Cleop hizo al grupo empresarial Eduholding Corp como supuesto conseguidor del citado contrato. «Jamás se abonó ninguna factura por el importe de 273.672,32 dólares. Tal afirmación es rigurosamente falsa», expone el abogado Carlos de Pablo, que cifra en 32.000 dólares -ocho veces menos- la cantidad abonada a dicha compañía por el asesoramiento técnico y jurídico que le prestó para poder concurrir a la citada licitación en Panamá.

«Resultan absolutamente cuestionables las elucubraciones de irregularidades efectuadas por la Guardia Civil, basadas exclusivamente en el carácter de ‘paraíso fiscal’ (Islas Vírgenes) del domicilio social de la entidad Eduholding, como si ello bastase por sí solo para cuestionar la legalidad de un determinado contrato. Tan irrelevante circunstancia (la nacionalidad de la mercantil) ha sido torcidamente puesta en relación, con la interpretación interesada de dos correos electrónicos y con informaciones periodísticas alusivas a acontecimientos acaecidos en los años 2014 y 2015, que convendremos que bien poco tendrán que ver con un contrato suscrito en junio de 2012», argumenta.

«Manipulación» del concurso

La defensa de Domínguez Anaya rechaza que la obtención del contrato en Panamá fuera como consecuencia de la «manipulación» del concurso y asegura que si recibió el encargo fue porque el otro competidor (Constructora Raasa de Panamá SA y Estudios de Ingeniería SA) fue descalificado por defectos formales. «¿Qué irregularidad puede seguirse de tal circunstancia? ¿Pretende decirse que la descalificación de la otra compañía licitadora llevada a cabo por el tribunal fue irregular? ¿Dónde consta la oposición a la adjudicación formulada por el otro competidor, ‘indebidadamente’ descalificado, según parece insinuar la Guardia Civil? Habremos de convenir que, si el ‘perjudicado’ por el ‘amaño’ que se dice, nada objetó respecto del procedimiento, sería porque nada tendría que objetar respecto de la regularidad de su descalificación por defectos formales», sostiene.

El abogado lamenta el «irreparable perjuicio» que la «infundada imputación» ha causado ya a su representado por la repercusión que este caso tiene en los medios de comunicación, «al ver puesto su honor en entredicho e inmovilizado su patrimonio» por las medidas cautelares adoptadas. «Denuncias infundadas generan imputaciones injustificadas y el archivo ulterior del procedimiento a que hayan dado lugar no resulta hecho noticiable en la mayoría de ocasiones por su separación en el tiempo del momento de presentación», concluye.