La investigación de la operación Lezo alcanza ya a casi 60 personas, según detalla el juez Eloy Velasco en los escritos enviados a los Registros de la Propiedad para trabar embargos de propiedades de algunos de los imputados. Hay políticos de primer nivel, empresarios de postín, directivos y empleados de diversas compañías.

  • Ignacio González. En septiembre de 2012 ascendió hasta la Presidencia de la Comunidad de Madrid tras la dimisión de Esperanza Aguirre, su madrina política. Sólo estuvo hasta 2015, cuando la dirección nacional forzó su salida al investigarse ya la compra de su ático de Estepona (Málaga). En su condición de número dos del Gobierno autonómico, presidió durante casi una década el Canal de Isabel II, uno de los focos principales de la investigación que dirige el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional en el marco de la Operación Lezo.
  • Pablo González. Hermano de Ignacio González, era hasta su detención durante la redada llevada a cabo la pasada semana por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el director de Estrategia y Operaciones de la empresa estatal Mercasa, que lo ha destituido de forma fulminante. Entre otros aspectos, la investigación trata de aclarar si Pablo González se benefició de forma irregular de contratos relacionados con el campo de golf de Chamberí. El hermano del ex presidente de la Comunidad se reunió a principios de marzo con el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, tras conocer que ya estaba siendo investigado.
  • José Antonio Clemente. Este empresario venezolano es administrador único de Tecnoconcret Proyectos e Ingeniería SL, una de las tres empresas -junto con Iridium (ACS) y  Soto Once- que integraban el consorcio al que se adjudicó la explotación y gestión del campo de golf del Canal de Isabel II en Chamberí. De acuerdo con los datos que obran en el Registro Mercantil, Clemente es socio de un hermano (Pablo) y un cuñado (José Juan Caballero) de Ignacio González en la empresa Tamanaco 07 Consulting SL.
  • José Juan Caballero. Casado con Isabel González, hermana del ex presidente de la Comunidad de Madrid y diputada en la Asamblea autonómica por el PP, Caballero es otro de los detenidos en la operación Lezo por formar parte presuntamente del entramado familiar montado por Ignacio González para desviar fondos mediante adjudicaciones llevadas a cabo por el Canal de Isabel II, entre ellas la adjudicación del citado campo de golf.
  • Edmundo Rodríguez Sobrino. Fue el presidente ejecutivo de la filial latinoamericana del Canal de Isabel II -Interamericana de Aguas y Servicios SA (Inassa)- entre abril de 2006 y abril de 2016, cuando fue destituido al figurar su nombre vinculado a sociedades que aparecían en los Papeles de Panamá y no haberlo comunicado. Fue supuestamente el cerebro de la operación por la que el Canal adquirió a finales de 2013 el 75% del capital de la empresa brasileña Emissao, por la que se pagó una cantidad “hipervalorada ficticiamente”. El juez Eloy Velasco decretó para él prisión incondicional el pasado viernes.
  • María Fernanda Richmond. Era la directora económico-financiera del Canal de Isabel II cuando se negoció la compra de Emissao. Richmond fue destituida a mediados del pasado año por el Ejecutivo de Cristina Cifuentes tras conocer el informe de una auditoría interna, que advertía de “procedimientos anómalos” en dicha operación. Fue el informe con el que el Gobierno regional acudió a la Fiscalía General del Estado, al entender que los hechos podrían tener trascendencia penal. La ex directiva se encuentra en prisión tras ser detenida la pasada semana, aunque podría salir si deposita una fianza de cuatro millones de euros.
  • Adrián Martín López de las Huertas. Director de Canal de Isabel II Gestión SA, sociedad participada mayoritariamente por el ente Canal de Isabel II y encargada de la gestión del ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid. Entre 2009 y 2012 fue director gerente del Canal de Isabel II. Fue otro de los detenidos la pasada semana y ha podido eludir la cárcel al depositar la fianza de 100.000 euros que le impuso el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional.
  • Diego Fernando García Arias. Fue el gerente de expansión de Inassa y uno de los nombres que figuran en el contrato de compraventa de Emissao, sin que quedara claro de dónde derivaba su capacidad de representación. García Arias, además, fue la persona a la que la firma de auditoría KPMG envió el informe en el que advertía de la situación en que se encontraba la compañía brasileña cuyo control iba a tomar el Canal de Isabel II en cuanto a procedimientos y suministro de información. Fue ignorado y no se tuvo en cuenta esa información a la hora de negociar a la baja el precio de la transacción.
  • Sebastiao Cristovam. Empresario al que Inassa compró la mayoría accionarial de Emissao, una ingeniería relacionada con la gestión del agua y radicada en Río de Janeiro. Cristovam exigió que el 84% del dinero de la operación -18 de 21,4 millones de euros- se le abonaran en la cuenta que tenía en el Royal Bank of Canadá de Suiza. Como informó El Confidencial, la Audiencia Nacional ha dictado una orden de extradición contra Cristovam.
  • Ignasi Maestre Casanovas. En la operación de Emissao figura como el representante de las dos sociedades de nacionalidad pañamena -Yavango Investments Inc. y Tana Investment Company- propietarias de Soluciones Andinas del Agua SRL, la compañía con sede en Uruguay que compró previamente el Canal de Isabel II -concretamente Canal Extensia e Inassa, al 50%- como vehículo para adquirir posteriormente Inassa. Maestre Casanovas, que ya se encontraba investigado por ayudar a evadir impuestos al futbolista Xabi Alonso (hoy en el Bayern de Múnich), ejerció también como apoderado de la empresa (Igmasa Management) a la que Inassa encargó el asesoramiento legal y contable de Soluciones Andinas del Agua.
  • Clarisa Guerra Soto. Era la secretaria de Edmundo Rodríguez Sobrino, con quien figuraba como apoderada en una de sus empresas, y ha sido una de las personas detenidas en el marco de la Operación Lezo. El juez Velasco decretó su puesta en libertad a finales de la pasada semana con la obligación de comparecer en el juzgado con periodicidad mensual.
  • José Martínez Nicolás. Fue consejero delegado de la empresa de informática de la Comunidad de Madrid -la antigua Agencia de Informática y Telecomunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM), hoy Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid- y está imputado en el caso Púnica por presuntos pagos al conseguidor de la trama Alejandro de Pedro. Martínez Nicolás fue detenido en octubre de 2014 por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos a la multinacional Indra y continúa como investigado en esta causa. La investigación trata de esclarecer su presunto enriquecimiento ilícito, tras descubrirse que tuvo cuentas en el paraíso fiscal de Liechtenstein con “más de un millón de euros de origen desconocido y ocultos al fisco”.
  • Francisco Javier López Madrid. Yerno del empresario Juan Miguel Villar Mir y consejero delegado de la constructora OHL, López Madrid ha sido imputado por el presunto pago de una comisión de 1,4 millones de euros a Ignacio González por el fallido proyecto del tren de Navalcarnero (Madrid). Velasco decretó su puesta en libertad bajo fianza de 100.000 euros, cantidad que deberá depositar antes del próximo viernes si quiere eludir la cárcel.
  • Fernando José de Cevallos Aguarón. Director de Recursos Humanos del Canal de Isabel II, fue uno de los directivos destituidos a mediados del pasado año por la nueva dirección de la empresa pública tras conocer las sombras que arrojaba la auditoría interna realizada de la compra de la brasileña Emissao. Es el marido de Regina María Plañiol, diputada en la Asamblea de Madrid por el PP y sucesora de Francisco Granados al frente de la Consejería de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid.
  • Oriol Serra Ibars. Este abogado fiscalista catalán representaba a Canal Extensia y a Inassa cuando se formalizó la compra de Soluciones Andinas del Agua. La investigación interna realizada por la actual dirección del Canal de Isabel II puso en conocimiento de la Fiscalía que Oriol Serra era empleado de Igmasa Management, a la que Inassa encargó el asesoramiento legal y contable de Soluciones Andinas del Agua y que está relacionada con Ignasi Maestre.
  • Luis Vicente Moro Díaz. Ex delegado del Gobierno en Ceuta y antes Subdelegado en Palencia, Moro se presenta en la red profesional Linkedin como “asesor empresarial en Grupo Essentium”. Se trata del holding catalán dirigido por la ex tesorera del FC Barcelona Susana Monje que sugirió al Canal de Isabel II la toma de una participación en el capital de Emissao. Inicialmente iba a ser de un 40% (en vez del 75%) y Essentium también iba a desembarcar en la compañía brasileña. Finalmente quedó fuera y ahora reclama una indemnización de un millón de euros en ejecución de una cláusula que supuestamente autorizó Rodríguez Sobrino.
  • Avelino Alfredo Martínez Herrero. Fue directivo del Canal de Isabel II, concretamente de Saneamiento y Reutilización y posteriormente director general de Hídrica y Abastecimiento.
  • Ángel Varona Grande. También vinculado al Canal de Isabel II en el periodo investigado como director-secretario del consejo de administración.
  • Patricia Ana Rodríguez Revuelta. Abogada.
  • Santiago Barreno Sevillano. Presidente del consejo de administración de Audiovisual Española SA, empresa editora del diario La Razón.
  • José Javier Soler Gallego. Abogado que ejerció como asesor de confianza de Ignacio González cuando presidió el Canal de Isabel II. En marzo de 2011, la Ser informó de que Soler había sido espiado a principios de 2008 por una agencia de detectives a encargo de la empresa pública.
  • Francisco Javier Domínguez Anaya. Gerente general de la filial de Inassa en Panamá, empresa que gestiona la toma de la lectura de los contadores y el reparto de las facturas del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales en gran parte de esta República centroamericana.
  • Carlos Turró Hemedes. Presidente del consejo de administración de Cleop SA. Se investiga si el consorcio formado por Inassa y Cleop pagó una “comisión ilegal de 273.672 dólares” por conseguir el contrato para la construcción del alcantarillado en La Pintada, en la provincia panameña de Cocle.
  • Carlos Isidro Bello Vicente. Directivo de Cleop destacado en Panamá. Según detalla el juez Velasco en un auto, Bello fue la persona que se encargó de todo lo relacionado “con los contratos y las comisiones a pagar”, de lo que mantuvo informado a Carlos Turró.
  • Sergio Vidal Balaguer. Empresario panameño que habría intermediado en el pago de comisiones ilegales por la adjudicación de contratos públicos en dicho país.
  • Óscar Sánchez Moyano, Juan Miguel Madoz Echevarría y José Miguel Alonso. Vinculados a sociedades investigadas en la rama en la que el juez trata de determinar si el ente informático de la Comunidad de Madrid (ICM) infló contratos a favor de Indra para pagar a proveedoras del PP de Madrid en la campaña de las elecciones autonómicas de 2011.
  • Ángeles Monje Gutiérrez y Jesús Arranz Monje. Esposa e hijo del constructor burgalés Jesús Arranz Acinas, investigados por recibir más de un millón de euros de la cuenta que tenía Martínez Nicolás en Liechtestein en las que ellos constaban como titulares en Suiza y Panamá, respectivamente. Para el juez Velasco, esas transferencias son “difícilmente subsumibles en una operativa comercial ordinaria” y estarían relacionadas con “operativas de compensación de fondos o de envío de dinero mediante un sistema informal”.
  • Dimitris Tsalidis. Administrador único de Onlygolf Planning and Design SL, a la que se adjudicó el diseño y la construcción del campo de golf de Chamberí.
  • Pablo González Liberal. Padre nonagenario de Ignacio y Pablo González, el juez Eloy Velasco y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investigan si el ex presidente de la Comunidad de Madrid utilizó a su progenitor para blanquear dinero mediante préstamos ficticios.
  • Alberto Pérez de la Sal. Socio y consejero delegado de la Sociedad Europea Inmobiliaria SA (Seinsa), empresa que vendió a Ignacio González y a su esposa la casa en la que residen en el barrio madrileño de Aravaca. Se calcula que el precio de la transacción fue inferior en unos 200.000 euros al valor real de mercado.
  • Eduardo Zaplana. Según el juez Velasco, Ignacio González habría pretendido comprar una empresa a través del abogado uruguayo Fernando Belhot para explotar los “derechos de patente de un producto de desinfección del agua” y asociarse con el ex presidente de la Generalitat Valenciana y ex ministro de Trabajo. Zaplana asegura que “jamás” ha tenido “relación mercantil” con Ignacio González. Los pinchazos practicados al teléfono del sucesor de Esperanza Aguirre al frente del Gobierno madrileño habrían permitido interceptar una llamada en la que González ofrece al ex presidente de la Generalitat valenciana “montar una estructura financiera (…) para canalizar algún tipo de operación a medio o largo plazo”.
  • Carmen Pilar Pazos Bejarano. Propietaria de la red de guarderías Mis Pollitos y presidenta de Grupo Empresarial Chickies SL, sociedad ésta en la que figura como apoderada y consejera la mujer de Ignacio González (Lourdes Cavero, también bajo la lupa de la operación Lezo). También están vinculadas a esta empresa dos sobrinas de Lourdes Cavero (Rocío y Leticia Bonet Cavero) a las que ha alcanzado ya la investigación que dirige el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional y el ya citado Alberto Pérez de la Sal.
  • María del Pino Escudero del Castillo. Empresaria.
  • Joaquín Molpeceres Sánchez. El instructor Velasco investiga si el empresario de Licuas, hoy octogenario, ejerció como testaferro de Ignacio González. En la instrucción de Gürtel, el juez Pablo Ruz reclamó información sobre el aval que Molpeceres otorgó al ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo para que éste se comprara su vivienda.
  • Miguel Sáiz de la Hoya. Director financiero de Safeview SL y Saerco SL.
  • Ildefonso de Miguel. Gerente del Canal de Isabel II entre 2004 y 2009, cuando fue relevado por Adrián Martín. Era uno de los acompañantes de Ignacio González cuando espiaron a éste en el viaje a Cartagena de Indias (Colombia).
  • José Manuel Serra Peris. Abogado del Estado y ex alto cargo del Ministerio de Industria y Energía durante el Gobierno de Aznar, Serra Peris fue nombrado presidente del Comité de Auditoría del Canal de Isabel II cuando ya estaba imputado en el caso Bankia.
  • Jaime Antoñanzas de Toledo. Fundador de la agencia de comunicación Comunica +A.
  • Fernando Manuel Serrano Fuentes. Apoderado de Tecnoconcret Proyectos e Ingeniería SL, administrada por el empresario también investigado en la Operación Lezo José Antonio Clemente.
  • Pedro Antonio Martín Marín. Presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) y secretario de Estado de Comunicación con Aznar, es amigo de Ignacio González.
  • Alberto López Viejo. Ex viceconsejero de Presidencia y consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid en la etapa de Esperanza Aguirre como presidenta regional, López Viejo se sienta en el banquillo de los acusados en el juicio por la primera etapa de Gürtel (1999-2005) por cobrar presuntamente comisiones de empresas adjudicatarias de la Administración madrileña. La Fiscalía pide para él una pena de 46 años de prisión.
  • Juan Miguel Villar Mir. Ministro de Hacienda entre 1975 y 1976, Villar Mir es el fundador del grupo OHL. En Lezo se investiga si la compañía pagó una comisión de 1,4 millones a Ignacio González por el proyecto (fallido) del tren a Navalcarnero.
  • Adrián de la Joya Ruiz de Velasco. Empresario. En el marco de la instrucción del caso Gürtel, como informó Vozpópuli, se investigó las transferencias realizadas desde la cuenta a nombre de la sociedad Frankford Trade Inc -controlada por De la Joya y su esposa- al ex senador ya fallecido Francisco José Yáñez.
  • Jesús Trabada Guijarro. Fue consejero delegado de Madrid Infraestructuras del Transporte (Mintra) entre junio de 2003 y julio de 2011.

Las diligencias abiertas por el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional alcanzan también a otras seis personas (Ana María Paloma Ferreiro Ribir, María del Pilar Olivo Valverde, Fernando Sánchez Sánchez, Ibo Kratsmer, Guido Vincenzini Manuel Martínez Téllez), según detalla el magistrado Velasco en el escrito remitido a los registros de la propiedad para embargar bienes.