La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha decidido prescindir del que fuera su consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada, salpicado por sospechas en la investigación de la trama Púnica. Le sustituirá el actual consejero de Transportes, Pedro Rollán. También será  relevado el consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos; en su lugar, el hasta ahora viceconsejero de Presidencia y Justicia, Enrique Ruiz Escudero.

Así lo ha anunciado el Gobierno regional a través de un comunicado, que señala que tanto González Taboada como Sánchez Martos serán cesados de sus funciones “a petición propia”. La Consejería de Transportes y Vivienda recaerá en la diputada regional y secretaria primera de la Mesa de la Asamblea, Rosalía Gonzalo.

Cifuentes ha tomado esta decisión tan sólo un día después de afirmar durante el debate del Estado de la Región que en su gobierno no ha habido en dos años y medio ni un solo caso de corrupción. La presidenta siempre ha argumentado que los casos por lo que ha hecho dimitir a consejeros y diputados autonómicos son del pasado.

Taboada era, sin duda, uno de los pesos pesados del ejecutivo autonómico además de coordinador general del PP de Madrid a propuesta de Cifuentes. La dimisión, en mayo de este año, del que era su número dos en la Consejería, Miguel Ángel Ruíz, por su presunta relación con la trama corrupta del caso Púnica, pusieron al consejero bajo sospecha. No obstante, ésta mantuvo su respaldo.

El Ejecutivo autonómico renovó su confianza en el consejero de Medio Ambiente en el mes de julio

De hecho, todavía en julio, el consejero de Presidencia y portavoz autonómico, Ángel Garrido, trasladó la “confianza absoluta” del ejecutivo hacia Taboada, a pesar de que hubo de comparecer en la comisión de investigación de corrupción de la Asamblea para explicar la desaparición de documentación de la empresa Nueva Arpegio, investigada por la Justicia, dedicada a la gestión de suelo público.

El ex socio de Francisco Granados, David Marjaliza, acusó en su momento al consejero de favorecer contratos con empresas de la Púnica por valor de 11,7 millones de euros, aunque su nombre también apareció vinculado a la Gürtel, en su caso por unas acusaciones del alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González.