La cantidad total que el Tribunal de Cuentas le reclama a Artur Mas por el gasto de dinero público en la consulta independentista del 9-N de 2014 es de 5.251.947,17 euros. Así se lo ha comunicado la institución a su abogado durante la vista que está teniendo lugar este lunes en la sede del tribunal.

Al ex presidente de la Generalitat se le reclaman tanto las partidas gastadas en la consulta como los intereses generados por la demora en su restitución. Según adelanta El Mundo, el tribunal responsabiliza a Mas de todos los gastos ilícitos en los que incurrieron sus subordinados, entre los que se incluyen los ex consejeros Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega, ya inhabilitados por su participación en la citada consulta ilegal.

La partida más relevante de las que se reclaman a los representantes públicos es la de la adquisición de ordenadores para las mesas de votación, por la que se piden solidariamente tres millones de euros a Mas y Rigau.

A la sede del Tribunal de Cuentas han sido citados este lunes por la mañana el ex presidente catalán Artur Mas, su ex vicepresidenta Joana Ortega, y los ex consellers Irene Rigau (Educación) y Francesc Homs (Presidencia), así como a otras siete personas que participaron en la organización de los gastos para el referéndum del 9-N: el ex secretario general de la Presidencia de la Generalitat Jordi Vilajoana, más Lluis Bertrán i Saura, Josefina Valls i Villa, Carolina Pardo Miguel, Jaume Domingo i Planas, Ignasi Genovés i Avellana y Jordi Serra i Catalán.

Procedimiento «habitual»

El Tribunal de Cuentas ya dijo que con Artur Mas y demás investigados se ha seguido el «procedimiento habitual» en los casos de alcance o malversación por daño a los fondos públicos, según lo previsto en la Ley de Funcionamiento del Tribunal. La denuncia de Societat Civil Catalana (SCC) y la Asociación de Abogados Catalanes se justificaba en que, aunque Mas y sus consejeros ya habían sido condenados por desobedecer al Tribunal Constitucional al organizar aquella consulta de 2014, ello no les eximía de su responsabilidad contable por el uso irregular de dinero público.

[infogram id=»8eb9e658-b073-431b-afed-ca0e377cca0c» prefix=»yhY» format=»interactive» title=»Multas del proceso del 9N»]

En concreto, los denunciantes individualizaban una serie de gastos públicos por un importe global de más de 5 millones de euros: construcción de una página web institucional (14.837.60 euros); material para la votación (70.532,08 euros); adquisición de ordenadores portátiles para las mesas de votación (828.171,42 euros); póliza aseguradora para voluntarios (1.409,26 euros); apoyo informático a la consulta (1.106.185,77 euros) y envío de información (307.962,71 euros).

Las asociaciones acusaron a Mas y a sus ex consejeros de facilitar la logística y todos los medios materiales y presupuestarios necesarios para la realización de la consulta popular, «por lo que destinaron caudales y efectos públicos puestos a su cargo para una finalidad ajena a las competencias y funciones públicas que tenían encomendadas, que aunque amplias, lógicamente, no eran ilimitadas».

También señalaron en su denuncia como objeto de responsabilidad contable el hecho de que los dirigentes denunciados ordenaran a subordinados y entes públicos dependientes, cada uno dentro del ámbito de su ámbito de responsabilidad institucional, «la aplicación económica de fondos públicos por un importe no inferior a 5.129.833 euros para realizar un conjunto de actuaciones en abierta y franca contradicción con la Constitución, desprovistas de soporte presupuestario por desborde competencial, y desobedeciendo la orden de suspensión que había decretado el Tribunal Constitucional».

Inhabilitados por el Supremo

Este procedimiento contable se suma a las condenas de los cuatro políticos catalanes, que ya fueron sentenciados por la vía penal. Por un lado, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó a dos años de inhabilitación a Artur Mas y a nueve meses a las consejeras Ortega y Rigau por desobedecer al Tribunal Constitucional con la consulta independentista celebrada el 9 de noviembre de 2014. Por su parte, Francesc Homs fue juzgado por el Tribunal Supremo en calidad de aforado por su condición de diputado e igualmente condenado a un año y un mes de inhabilitación por los mismos hechos.

En su resolución, el Tribunal Supremo precisó que limitaba su ámbito de conocimiento a los delitos por los que se le acusaba y no se cuestionaba si la aplicación económica de los fondos públicos tiene relevancia penal. Por ese motivo no entró a valorar si había existido malversación de fondos públicos con la organización de la consulta, que supuso un desembolso para las arcas públicas de 5 millones de euros.