Los informes jurídicos que maneja Moncloa respecto al alcance de aplicación del artículo 155 de la Constitución «salvan» al Parlamento catalán, que se libraría de una intervención o suspensión aunque, en ese periodo transitorio, «podría ver mermadas sus funciones», señalan fuentes del Gobierno.

El hasta hace poco demonizado 155 serviría para «limitar los daños de lo que ha pasado», restituir, en definitiva, «la legalidad catalana». Pero una cosa sería asumir el control de parte de la Administración autonómica y otra del órgano que representa la voluntad popular de los ciudadanos catalanes, donde se sientan no sólo los representantes de las fuerzas políticas que apuestan por la ruptura, sino también de las constitucionalistas, esto es, Ciudadanos, PSC y PP. Entre medias están los «comunes», inmersos en una especie de funambulismo político marcado por las discrepancias internas que les están llevando cada vez más cerca de los postulados secesionistas.

«Cerrar» temporalmente el Parlament, -como ha hecho su presidenta, Carme Forcadell estas dos semanas de «campaña» por el 1-O-, es un acto que el Gobierno central no querría reproducir, a sabiendas que la mayoría parlamentaria de Junts Pel Sí y la CUP constituiría un elemento claramente desestabilizador. Por ello se estudia la posibilidad de limitar las funciones de la Cámara, por ejemplo, en su capacidad de elegir presidente de la Generalitat o aprobar nuevas leyes.

La cámara autonómica no podría nombrar presidente o aprobar nuevas leyes

En este sentido podría imitarse el modelo de competencias que tiene atribuida la Diputación Permanente del propio Parlament como «conocer la delegación temporal de las funciones ejecutivas del presidente de la Generalidad en uno de los miembros del Gobierno», ejercer el control de los decretos-leyes y de la legislación delegada, o autorizar, por la mayoría absoluta de sus miembros, suplementos de crédito o créditos extraordinarios, por razón de urgencia y de necesidad justificada, si lo exige la conservación del orden, una calamidad pública o una necesidad financiera urgente de otra naturaleza, tal y como establece el artículo 74 del Reglamento de esta Cámara.

Todo son, sin embargo, incógnitas e interrogantes en torno al alcance de una hipotética intervención de la Generalitat, cuyas cuentas públicas ya están bajo el control directo del Ministerio de Hacienda. La Abogacía del Estado y los servicios jurídicos son incapaces de marcar un plazo temporal. La asunción de competencias autonómicas se mantendría «hasta que se restituya la situación, hasta que se arregle el problema», ofrecen como respuesta.

Moncloa se sitúa en la peor de las hipótesis, con el temor de que tras la actuación la Justicia tendrán que venir las decisiones políticas

La «meta volante» del 1-O, como de manera muy gráfica califica la consulta independentista un miembro del Gobierno, abre paso a un escenario inédito, pendiente de si se impone el «sector duro» del secesionismo, partidario de una declaración unilateral de independencia. Moncloa lleva semanas situándose en la peor de las hipótesis, con el temor, cada vez más creciente de que tras la actuación la Justicia tendrán que venir las decisiones políticas en caso de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, desoiga a su propio partido, dé por encauzada la república catalana para acabar forzando su detención o inhabilitación cómo única salida política personal. Otro tanto pasa con Forcadell, ya apercibida por el Tribunal Constitucional e imputada por desobediencia.

De momento, Mariano Rajoy cuenta con el apoyo explícito de Ciudadanos para aplicar el 155. El PSOE juega, en cambio, a cierta ambigüedad, al menos pública, sobre la conveniencia de echar mano del mismo. A Rajoy le ha salido un aliado inesperado, el ex presidente del Gobierno Felipe González, aunque éste no ha ahorrado en críticas hacia el actual inquilino de la Moncloa. Tras afear a Rajoy este martes en un foro con empresarios que no haga política «amparándose bajo las togas», señaló tajante que «yo hubiera utilizado el instrumento político al que la Constitución me obliga además de que me lo ofrece», en alusión al 155, «y no hubiera perdido, en ningún minuto del proceso, la iniciativa que me hubiera permitido graduar la respuesta de acuerdo con criterios político-constitucionales». Es evidente que González no tiene los mismos escrúpulos que su partido a la hora de echar mano del articulado constitucional.

Elecciones catalanas

Sobre todo este proceso planea la convocatoria de unas nuevas elecciones catalanas como la única vía para salir del atolladero en el que el independentismo ha metido a Cataluña. Moncloa da por amortizado a Puigdemont, con el que considera imposible cualquier diálogo político tras la consulta del 1-O si no regresa a la legalidad constitucional e, incluso, aunque haya un cambio de rumbo del president. La interlocución con el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, se ha visto también seriamente comprometida, aunque el convencimiento de que éste anhela, por encima de independencias, ser el nuevo «molt honorable» permitiría encauzar una deriva endiabladamente compleja.