La hoja de ruta de la independencia catalana está guardada en algún cajón de la Generalitat desde 2014. Sólo existe un documento oficial que marca el camino de la desconexión con España. Y que describe con detalle cómo echará a andar la Cataluña independiente. Los promotores del nuevo país lo titularon Libro Blanco de la Transición Nacional de Cataluña. Está encabezado por una carta del entonces president, Artur Mas. Tiene 141 páginas y decenas de anexos, imprescindibles para explicar las medidas que requiere la creación de un nuevo país. Y no un país cualquiera. La Cataluña que se avendrá tras la independencia, según el Libro Blanco, es un lugar idílico, una nación en la que pocos no querrían vivir. Así es el país utópico que imaginan Carles Puigdemont y los miles de independentistas dispuestos a mantener su pulso histórico al Estado.

Independencia por tierra, mar y aire

En el proyecto que ideó Artur Mas, cuyo testigo recogió Puigdemont, el Estado catalán tiene el control sobre su cielo y su mar. “El Estado sucesor hereda automáticamente y sin contraprestaciones todos los derechos soberanos sobre los espacios de soberanía marítima: aguas interiores, mar territorial, zona económica exclusiva, fondos marinos, etc.”. También será el dueño “del espacio aéreo y el espacio radioeléctrico adyacente en el plano vertical”.

La luz, un 30% más barata en la nueva Cataluña

A juicio de los técnicos que colaboraron en el Libro Blanco, “el sistema eléctrico catalán es estructuralmente excedentario”. “Con una hipótesis de un 3% de crecimiento anual de la demanda de potencia, el equipo generador catalán actual podría cubrir, con garantía suficiente, el mercado catalán hasta el año 2020, sin necesidad de construir nuevas centrales”, explica el documento. Semejante panorama tendría una repercusión directa en el recibo de la luz. “El sistema eléctrico catalán podría suministrar la energía a unos precios un 30% inferiores a los del sistema eléctrico español”. Gracias a la independencia, por tanto, la Cataluña independiente “podría ser uno de los Estados de la UE con unos precios de la energía eléctrica más reducidos”.

Control de El Prat para evitar el caos aéreo

El quinto informe del Libro Blanco se ocupa de los transportes aéreo, ferroviario y por carretera, fundamentalmente. “El principal riesgo es el cierre del espacio aéreo sólo sobre Catalunya y la paralización consecuente del aeropuerto del Prat”, advierte el documento. Los independendistas contemplan “alternativas técnicas para suplir esta carencia”. Eso sí, por encima de todas las medidas estaría la toma de control de El Prat. “Sólo con el control físico de la instalación se podría garantizar el funcionamiento”, reconoce el Libro Blanco. Los autores del informe, no obstante, ven “altamente improbable” el cierre del espacio aéreo, porque incumpliría las normativas internacionales». Y no sólo eso: generaría “un caos aéreo tal y como ocurrió en 2009 con la huelga de controladores”.

Una Cataluña ‘pacifista’ y sin ejército en el horizonte

La defensa nacional es uno de los pilares de los Estados, pero la nueva Cataluña Independiente no cuenta con un ejército que pueda garantizarlo en último caso. Ante este panorama, se ofrece la vía de “prescindir de ejército a la manera convencional”, una opción  “generalizada en el mundo occidental en el siglo XIX (sic)”, señala el Libro blanco. En caso de no llegar a militarizarse, la Cataluña independiente ampliaría  ampliar las funciones de los Mossos d’Esquadra  y crearía una nueva  Guardia Nacional. En el caso de que Cataluña sí decida crear un ejército, se trataría de uno poco convencional, un hecho que justifican en la modernidad del nuevo estado. Un ejército que “dadas las condiciones, podría ser muy diferente a los existentes de hasta finales del siglo XX».

‘Anexión’ de los funcionarios estatales

Cataluña cuenta con cerca de 230.000 trabajadores cuya nómina depende de la Generalitat. Ellos no sufrirán ningún cambio, pero la independencia sí afectará de lleno a los 30.000 funcionarios estatales que trabajan en la comunidad autónoma. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, con los jueces, los fiscales, los registradores, los notarios o los inspectores de Trabajo y Hacienda? Los promotores de la independencia lo tienen claro: se integrarán en la nueva Administración catalana. ¿Y si algunos no están de acuerdo con la anexión? Contesta el Libro Blanco: “Es evidente que las personas que ocupen esta función concreta en el mismo momento de la independencia pueden tomar la opción personal de abandonar Cataluña”. Lo cual tampoco supondría un grave problema. “Hay que asumir que esta circunstancia encontrará mecanismos de suplencia”, concluye el documento.

La financiación, cubierta por los bancos y los ciudadanos

Cataluña lleva tres años financiándose de forma ventajosa gracias a los mecanismos que el Estado puso a disposición de las CCAA en la crisis. Gracias a instrumentos como el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), la Generalitat no ha tenido que acudir a los mercados, que exigen intereses muchos más elevados por la deuda regional. “Se ha estimado que, en los primeros meses de una independencia no pactada, el Gobierno de la Generalitat tendría unas necesidades de financiación mensuales de unos 4.500-5.000 millones de euros”, admitía el Libro Blanco en 2014. Esa partida es imprescindible para “hacer frente al pago de los salarios de los funcionarios, las pensiones y las prestaciones de desempleo, así como los gastos corrientes de la Generalitat”.

Hasta que el Ejecutivo catalán tenga control absoluto sobre los impuestos, tendrá que recurrir a vías alternativas de financiación. Pero ya están contempladas. De entrada, “Cataluña sería un Estado poco endeudado porque, al no haber alcanzado un acuerdo con el Estado español, no tendría que asumir parte de su deuda”, señala el documento. No obstante, para hacer frente a los pagos urgentes, la Generalitat podría “pedir préstamos a las entidades financieras catalanas o extranjeras”. Además, “se podrían pedir préstamos con garantías reales de bienes del nuevo Estado (puertos, inmuebles, aeropuertos, etc.)”. Y habría otros canales de financiación, como la emisión de deuda pública “por parte del Banco Central de Cataluña” o de bonos “para su suscripción por parte de los ciudadanos”.

Sin rastro del déficit fiscal

La economía de una Cataluña independiente estaría blindada, según el documento, que explica que una eventual independencia “aceleraría de forma repentina el proceso de diversificación del comercio catalán con el exterior”. La posibilidad de sufrir un boicot por parte de España es absolutamente minimizada en el texto, que defiende que el “boicot selectivo y simbólico de los productos afectados y de corta duración es probable”. No obstante, adelanta que en el caso de una “hipotética pérdida en PIB catalán a corto plazo asociada a la caída del comercio catalán con España”, ésta sería como mucho del 1%, y en cualquier caso se vería “ampliamente  compensada por la desaparición del déficit fiscal (que durante el periodo 1986-2010, de media, representó un 8,1% del PIB)”.

Un nuevo centro de mando para dirigir el AVE

La guía para dirigir la transición enfoca el problema de los transportes ferroviarios en aquellas líneas que conectan Cataluña con el resto de España. En las que el AVE juega un papel central. “En un entorno de colaboración”, sugiere la Generalitat, “cuando se produzca el traspaso de las infraestructuras ferroviarias habría que tener en cuenta que hay centros de control actualmente situados fuera del territorio catalán, como es el centro de mando del AVE (situado en Zaragoza)». «Estos centros deberían tener su equivalente en Catalunya”, añade el documento. Es decir, que la Generalitat se propone construir un centro de mando de alta velocidad que no existe. Igualmente, el Gobierno catalán reforzará con nuevos sistemas informáticos la protección frente a los ciberataques que puedan afectar a los medios de transporte regionales: FGC, Metro, Rodalíes y Tranvías.

Los empresarios catalanes innovarán más

Quienes elaboraron el documento de 2014 tenían claro que los empresarios catalanes no innovan tanto como podrían. Del texto se deduce que la principal barrera para los más emprendedores es la ausencia de una política estatal decidida. El libro promovido por Artur Mas asegura que «la capacidad de los exportadores catalanes para innovar y competir» se verá impulsada por «las políticas públicas que el nuevo Estado implementara para facilitar la actividad productiva».  El nuevo Gobierno aplicará «políticas de inversión y gestión de infraestructuras basadas en el fomento de la productividad» y «reformas de los sistemas educativos».

El patrimonio español, nacionalizado

“La distribución del patrimonio nacional también es negociada”, afirma el Libro Blanco. La independencia llevaría consigo que la mayoría de bienes históricos propiedad del Estado cambiarían de manos. “Conviene señalar que la transmisión afecta a los bienes de interés cultural, los 58 bienes muebles inventariados y el resto del patrimonio histórico español, que incluye todos los bienes muebles e inmuebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico y técnico, para los que no existe un inventario general”.

Nuevo servicio postal privado

Otra de las inquietudes del independentismo pasa por el papel de Correos. Quienes promueven la independencia son conscientes de que la empresa pública “podría paralizar sus actividades, impidiendo la entrada y salida de correspondencia con el extranjero y con el interior del país”. La alternativa está pensada: “existiría la alternativa de acordar con alguna o algunas empresas privadas de servicios postales la sustitución de los servicios de la sociedad estatal». Es decir, una firma estilo Unipost -que es la que está gestionando el envío de cartas para el 1-O- se encargaría de la gestión del servicio postal mientras durara el periodo transitorio. Posteriormente, la Generalitat podría poner en marcha su propio gestor con capital público.

Trasvase masivo de datos de los ‘nuevos’ catalanes

Una administración nacional no funciona sin información abundante de cada ciudadanos. Sin ella, determinados servicios básicos no podrían garantizarse correctamente. Por eso, la Generalitat necesita que el Estado español efectúe un trasvase masivo de datos. «A la hora de garantizar los servicios públicos de la Administración, el servicio de correos, los servicios financieros y el abastecimiento energético y de agua, habría que coordinar con el Estado la disponibilidad de las bases de datos de su titularidad».