Primero, el control económico. Y si el desafío independentista se lleva al extremo, llegará el control político. Son los dos ases con los que Mariano Rajoy intentará poner fin al pulso independentista de Carles Puigdmont y Oriol Junqueras. Uno de ellos ya está sobre el tapete y su efecto se dejará notar 48 horas después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publique el acuerdo firmado ayer por el Consejo de Ministros. A partir de ese instante, por primera vez desde que existe el Estado autonómico, una economía regional quedará plenamente intervenida por el Gobierno central.

Puede que muchos ciudadanos, en Cataluña y en el resto de España, no sean conscientes de la contundencia que entraña la medida apadrinada por Cristóbal Montoro, diseñada en apenas 24 horas y refrendada por todos los miembros del gabinete que lidera Rajoy. Pero la última comparecencia del ministro de Hacienda no es una andanada más. Ni otra amenaza arrojada al escenario de crispación y tensión máxima por el que avanza la vida política española hacia la fecha fatídica del 1-O

Las medidas que verbalizó Montoro el viernes tras el Consejo de Ministros ya tienen revestimiento legal. Son un acuerdo firmado por el Gobierno y, por tanto, exigen obligado cumplimiento. Lo contrario sería ir contra la ley y eso, en un Estado de Derecho, no sale gratis. El acuerdo tendrá incidencia inmediata en el día a día no sólo de quienes gestionan las intervenidas arcas autonómicas. De entrada, casi 200.000 funcionarios verán cómo les cambia el pagador: sus nóminas se abonarán desde Madrid.

Funcionarios autonómicos pagados por el Estado

Los empleados públicos de Cataluña serán los primeros afectados directamente por el paso decisivo que dio ayer el Gobierno central. En la región hay cerca de 167.000 funcionarios autonómicos, a los que se suman unos 26.000 con trabajo en la universidad. El dinero de sus nóminas siempre ha salido de las arcas de la Generalitat. La situación cambiará completamente a partir de la próxima semana. Para empezar, el Gobierno autonómico debe enviar al Ministerio de Hacienda el listado completo de los pagos pendientes “que afecten a los servicios públicos fundamentales”. Al tiempo, tendrá que justificar que esas partidas “no financiacian ninguna actividad relacionada con el referéndum ilegal”. Por último -y este es el paso más importante- el Estado dejará de enviar nuevas transferencias al Ejecutivo regional para que efectúe esos pagos. Será el Ministerio de Hacienda el que “abonará directamente tanto las facturas de los proveedores como las nóminas de los empleados públicos”.

Adiós a los nuevos créditos

Ningún funcionario de la Generalitat, ni siquiera un miembro del Ejecutivo autonómico, podrá acudir a una entidad bancaria y firmar un crédito a devolver con dinero público. Da igual la cuantía del préstamo: la firma del funcionario no vale. “Todas las operaciones de endeudamiento de la Generalitat requerirán autorización previa del Consejo de Ministros”. En el “todas” que menciona el acuerdo aprobado este viernes se incluyen también “las operaciones a corto plazo, a pesar de que ya esté aprobado su Plan Económico Financiero”. Además, a partir de la entrada en vigor de la orden gubernamental, cualquier pago ordenado por la Generalitat “debe ir acompañado de un certificado de la Intervención General acreditando que el mismo no está relacionado con ese proceso ilegal”. Es decir, sin el sello de Madrid, la orden de pago es papel mojado.

Partidas presupuestarias congeladas

A partir de ahora, y hasta que Puigdemont dé su brazo a torcer, sólo habrá dinero para los gastos básicos, como la sanidad, la educación o la seguridad. El destino de las partidas presupuestarias que no sean imprescindibles quedará en manos de Madrid. El acuerdo del Consejo de Ministros requiere directamente “al presidente de la CCAA de Cataluña” que “adopte y comunique al Ministerio de Hacienda un Acuerdo de no disponibilidad sobre el presupuesto de la Generalitat que afecte a todos los créditos presupuestarios no vinculados con servicios públicos fundamentales”. Ello supone que el Gobierno autonómico “no podrá realizar nuevos pagos de gastos que no estén ya comprometidos, excepto si afectan a servicios públicos esenciales”.

Protoclo anti blanqueo contra los gastos del 1-O

El control que quiere Hacienda sobre las finanzas autonómicas es total y ambicioso. Lo demuestra el hecho de que Hacienda haya solicitado la colaboración directa de las entidades bancarias. No es un llamamiento a la banca para que vigilen los movimientos del dinero de la Generalitat, sino una orden. Mientras dure la intervención de las cuentas, los bancos con los que trabaja el Ejecutivo autonómico deben alertar de cualquier transacción sospechosa de acabar sufragando la organización del referéndum. Las entidades deben aplicar a los pagos un protocolo similar al que activan en los casos de blanqueo. No es una suposición, sino un mandato por escrito del Consejo de Ministros. “El Acuerdo de la Comisión Delegada se va a enviar a las entidades de crédito con el fin de que sus oficinas eviten colaborar con las actividades del referéndum ilegal, como ya hacen frente a otras posibles actuaciones delictivas como puede ser el blanqueo de dinero”. ¿Qué debe un empleado de banca si detecta, de aquí al 1-O un movimiento sospechoso? Contesta el documento de Hacienda: “Comunicarlo al Ministerio Fiscal”.

A los proveedores también les paga Montoro

Al igual que ocurre con los funcionarios autonómicos, desde Madrid se ejercerá un control directo y estricto del pago a proveedores. La justificación es idéntica: evitar que el dinero destinado a pagar facturas de profesionales que trabajan para la Generalitat se desvíe hacia “el referéndum ilegal”. Los controles se efectuarán a través de la herramienta con la que se gestionan las facturas electrónicas de la Administración General del Estado (denominada FACe). Este filtro permitirá “conseguir un mayor control de las mismas” y por el pasarán todas las notas de gastos de las empresas y autonómos que proveen “los servicios públicos fundamentales” de la autonomía.

El FLA no se toca… de momento

La idea de suspender el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) la barajaban algunos miembros del Gobierno. Pero se descartó por ser una herramienta de presión demasiado severa. Eso sí, de momento. Recortar o anular el FLA tendría graves efectos sobre la economía catalana, que tiene desde 2012 una elevadísima dependencia para atender sus necesidades financieras. No sólo eso: las agencias de calificación crediticia rebajarían automáticamente el rating de su deuda y la hundirían hasta el nivel de economías maltrechas como Bangladesh. Ninguna CCAA se ha beneficiado tanto de este fondo, que permite financiarse en condiciones muy ventajosas. La Generalitat ha absorbido alrededor de 60.000 millones de euros del FLA se ha ahorrado 18.228,7 millones en cinco años. Según los cálculos de Hacienda, Cataluña acapara casi el 38% de todo el ahorro generado por los mecanismos de financiación.

Intervención justificada por mandato “constitucional”

El Gobierno no se esconde a la hora de justificar la intervención de la economía catalana. El acuerdo firmado por el Consejo de Ministros admite abiertamente que “el Gobierno del Estado pasa a asumir el control de la gestión de los gastos”. “Es verdad que estas medidas afectan a la autonomía financiera de la Generalitat, pero no se debe olvidar que es al Estado al que le corresponde la dirección de la política económica del país, y que la estabilidad presupuestaria es un principio constitucional que el Gobierno tiene la obligación de cumplir”, señala la orden gubernamental. El Ejecutivo de Rajoy recuerda que las drásticas medidas aplicadas “no suponen un control político de la Generalitat” ni “suspenden en ningún momento sus competencias”. Ese podría ser el siguiente -y último- paso si la escalada de tensión continúa y las urnas se asoman a las calles.