Las preferencias del Gobierno vuelven a inclinarse a favor de la aplicación del artículo 155 si la endiablada escalada independentista no para a partir del 1 de octubre, día del referéndum. Bien es cierto que para Moncloa se trataría de una de las últimas balas de la recámara a usar tras la consulta, aunque la precipitación de los acontecimientos impide ya hacer ningún tipo de previsión sobre el nivel de respuesta a dar a la rebelión de la Generalitat.

Durante una larga temporada Moncloa sostuvo que era posible frenar a Artur Mas y los suyos con el Tribunal Constitucional y el TSJ de Cataluña. Se dotó al alto tribunal de una enorme capacidad para hacer cumplir sus sentencias y actuar a iniciativa propia, aunque hasta ahora no ha echado mano de esas facultades. Más tarde se acarició la idea de que con la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional y a través del Delegado del Gobierno, Enric Millo, que podría asumir el mando de los Mossos, hoy a las órdenes de la Fiscalía y de los jueces, podría frenarse la andanada.

Posteriormente los “halcones” del Gobierno reclamaron, y consiguieron, una mayor implicación del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, pero todo se ha antojado insuficiente.

La indeterminación del 155, que no se ha aplicado nunca, lo convierte en selectivo para actuar sobre cuestiones clave

La Ley de Seguridad Nacional resulta limitada en su ámbito de aplicación además de ser menos flexible, mientras que el 155, precisamente por su actual indeterminación puesto que nunca ha sido desarrollado, permite una mayor multiplicidad y, al tiempo, es más selectiva para actuar sobre cuestiones claves. Moncloa tiene todos los escenarios previstos. “Incluso los más duros”, afirman fuentes gubernamentales, pero la gradualidad de la escalada de Carles Puigdemont ha saltado por los aires y eso puede obligar al gobierno a saltarse varios capítulos de esta novela por entregas que ya dura cinco años.

En cinco días

Aseguran en el Gobierno que los criterios sobre cuál es el mejor instrumento para frenar a los independentistas “son de índole más técnica que política” y que son los expertos y los operativos, con los que se reúne todas las semanas la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, los que deciden las mejores herramientas para hacer frente a la situación. De hecho, el ejecutivo ya ha estudiado el tiempo de aplicación del artículo 155 que, a pesar de su aparente complejidad, podría culminar en tan solo cinco días. El hecho de que el Partido Popular disponga de mayoría absoluta en el Senado, cámara por la que tiene que pasar cualquier medida del 155, facilita sin duda el camino.

Por lo pronto, este viernes, el ministerio de Hacienda va a hacer uso de los instrumentos de presión que permite el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), para intentar asfixiar económicamente la financiación de la consulta del 1-O, después de que la intervención de la Generalitat asegurara desconocer en su informe cómo se financiaban la campaña institucional y la página web del 1-O. Además, el vicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, comunicó ayer que el gobierno autonómico dejaría de remitir dichos informes, lo que obliga a la adopción de medidas que serán aprobadas hoy en el Consejo de Ministros.