En plena escalada independentista, con la fecha del 1 de octubre marcada en rojo en el calendario, Mariano Rajoy se enfrenta a una crisis institucional sin precedentes, probablemente una de las más graves desde la Transición. Para afrontarla ha contado con el respaldo mayoritario de los miembros de su consejo de ministros, lo que no ha impedido en las últimas semanas la existencia de discrepancias internas entre los partidarios “de medidas más contundentes” y los que creían en el acierto de que el peso de la carga se hiciera descansar solamente sobre el Tribunal Constitucional.

En la categoría de “halcones” cabría encuadrar a los ministros de Justicia, Interior y Defensa, esto es,  Rafael Catalá, Juan Ignacio Zoido y María Dolores de Cospedal, respectivamente con el apoyo del titular de Economía, Luis de Guindos. La escalada de provocaciones protagonizada por el independentismo catalán este verano les llevó a defender la necesidad de una respuesta políticamente más comprometida que no fuera dejarlo todo en manos de lo que con cierto tono despectivo se llama “comando Aranzadi”, esto es, que fueran los servicios jurídicos y la abogacía del estado la que se limitara a ir recurriendo ante el TC las actuaciones de la Generalitat y el Parlament destinadas a la celebración de la consulta ilegal.

Cospedal, Catalá y Zoido, con el apoyo de Guindos, querían la implicación directa de la Fiscalía, como así ha sido

El criterio que defendían estos “halcones”, finalmente triunfadores, pasaba por implicar a la Fiscalía. La comparecencia de José Manuel Maza el pasado día 7 para anunciar querellas criminales contra los miembros de Govern y de la mesa de la cámara autonómica por tramitar ese día la llamada Ley de Referéndum, en una actuación inédita, es producto del endurecimiento de la respuesta que reclamaban los ministros antes citados.

Lo cierto es que ahora “todos son halcones”, afirman fuentes gubernamentales. La paciencia del Gobierno se colmó en las últimas semanas, cuando comenzaron a asumir que no habría marcha atrás en el pulso de Carles Puigdemont  de mantener su referéndum ilegal. Gobierno y PP han elevado el tono de una manera ostensible. La propia vicepresidenta, jefa de “los Aranzadi” e interlocutora de Oriol Junqueras en la época de la “operación diálogo”, aprovechó su reunión semanal ordinaria del día 7 con secretarios y subsecretarios preparatoria del Consejo de Ministros para comparecer y proclamar aquello de que no había sentido nunca tanto “bochorno democrático”.

Gobierno y PP han elevado el tono de sus declaraciones contra el independentismo en un claro cambio de táctica

El propio Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, hizo llegar a Rajoy que “desde la Fiscalía se podían hacer muchas cosas”, coincidiendo con el criterio que defendían Cospedal, Catalá y Zoido. Y Rajoy, que no quiere pasar a la historia como el presidente que permitió el referéndum igual que se resistió a ser el dirigente del rescate económico de España, ha sancionado  el cambio de tono y de políticas.

A ello se sumó la negativa del Constitucional a hacer uso, al menos de momento, de las nuevas facultades de que le dota la reforma de 2015, en concreto la de actuar a iniciativa propia en incidente de ejecución, resistencia que transmitió al Gobierno. Aunque desde el Ejecutivo se sondeó la posibilidad de que el alto tribunal actuara sin necesidad de impulso externo, éste apeló a la necesidad de preservar la unanimidad con que hasta el momento está tomando sus decisiones con respecto a Cataluña, unanimidad que podría verse comprometida si hace uso de esas nuevas competencias en una reforma que no gustó a todos los magistrados del TC.

La estrategia de dejar todo en manos del TC se demostró incompleta al negarse a tomar decisiones por iniciativa propia

Pocos han sido los ministros que hayan expresado de forma explícita discrepancias con respecto a la estrategia contra el separatismo catalán a excepción del ex titular de Exteriores José Manuel García Margallo, quien ha plasmado en un libro que presenta hoy en el Congreso su propuesta de reforma constitucional; ya conocida por Rajoy. El siempre lenguaraz ex ministro no ha ahorrado en críticas a la recogida de firmas contra el Estatut o considerado un error que se permitiera la celebración del 9-N de 2014. También exhortó a través de El Independiente a que Sáenz de Santamaría cumpliera con su compromiso de no permitir urnas el 1-O.

“De los diputados para abajo, todos son halcones”, afirman respecto a los cargos medios y militancia popular

Donde se incrementa exponencialmente el número de “halcones” es entre los militantes del PP y muy especialmente catalanes. “De los diputados para abajo, todos son halcones, pero cuando gobiernas no puede ser así”, dice de manera muy gráfica un miembro del Ejecutivo. Señala que cuanto más se baja en el “escalafón” “más mano dura te piden”. Muchos cargos medios del partido en Cataluña han hecho llegar a miembros del Gobierno su exigencia de “contundencia, medidas practicas y efectivas”. Quizá ahora estén mas satisfechos.