Hay personas, y personalidades, cuya mera presencia impone. Es el caso de Ignacio Gordillo. Me recibe en su elegante despacho desde el que maneja una miríada de casos de carácter penal y económico. Dirige su propio bufete, donde se dedica a la abogacía después de treinta años como fiscal de la Audiencia Nacional. En ella se hizo célebre por su participación en casi todos los sumarios judiciales que ha conocido la democracia española desde 1978: ETA, los GAL, Lasa y Zabala, Banesto, Rumasa… Doctor en derecho y director de estudios de grado y posgrado en distintas universidades españolas, Ignacio Gordillo sostiene una finísima mirada de jurista que ya lo ha visto todo. No pierde su fe inquebrantable en la justicia y se reafirma, cada día, en su independencia, la cualidad más importante, insiste, para un profesional del derecho. Por ello, desde su atalaya, observa con preocupación el órdago independentista en Cataluña. Todo un golpe comparable, recuerda, al del 23-F.

Pregunta.- La templanza y la objetividad que se necesita en los casos que usted ha llevado debe ser extraordinaria.

Respuesta.- Sí, pero no sólo esas cualidades, sino algo aún más importante: la independencia. Ser totalmente independiente. Si yo abandoné la Audiencia Nacional fue porque hubo un momento en el que las asociaciones judiciales y fiscales estaban ya demasiado politizadas. La política había entrado en la justicia, que es el gran problema. Cuando yo decidí marcharme fue porque no me gustaba esa situación. Yo he estado únicamente sujeto a la ley. No a ningún partido ni a cualquier otra cuestión.

P.- ¿Qué ha llevado a esta invasión del poder judicial por parte del ejecutivo y qué se puede hacer para solucionarlo?

R.- Se puede hacer mucho y de forma no exagerada ni radical, sino tan sólo con las armas del Estado de Derecho. En primer lugar, que los jueces estén sujetos sólo y exclusivamente a la ley. Si los jueces siguen en exceso a las asociaciones judiciales, de corte político, conservadoras o progresistas, mal empezamos. Si los jueces persiguen el estrellato para optar a puestos de relevancia o conseguir un puesto en el CGPJ, órgano de carácter político, también vamos mal. Si no se premia al que más trabaja sino al que tiene una vinculación política, mal también. Aplicando la ley, esto se evitaría. Si el CGPJ se compusiera conforme establece la Constitución, no habría ningún problema. Si la elección del Fiscal General del Estado se hiciera como establece la Constitución, con una persona independiente no sujeta a ningún partido -incluyendo lógicamente el gubernamental- también sería muy importante. Si conseguimos que los jueces y fiscales se pronuncien sólo sobre los asuntos en los que trabajan y no sobre otras cuestiones, mejor. Si el juez está bien remunerado, si no obedece a criterios políticos, si es totalmente independiente y no está sujeto a ninguna otra cuestión, se conseguiría esa independencia de los tres poderes.

P.- ¿Qué puede obligar a los políticos a cambiar de chip?

Los políticos quieren tener controlada a la Justicia. Y más ahora con la cantidad de casos que hay de corrupción"

R.- Los políticos, repito, quieren tener controlada a la Justicia. Y más ahora con la gran cantidad de casos que hay de corrupción. Quién es el presidente de la Audiencia, quién es el juez, que el fiscal que corresponda sea proclive a su tendencia... y eso es muy preocupante. Da igual que sean de derechas o de izquierdas. El juez tiene que ser simplemente juez. Y atender exclusivamente a la ley. ¿Cómo se puede conseguir esa independencia? Con pequeñas reformas. Es absurdo que en el Tribunal Constitucional existan personas designadas por el Gobierno. Y nadie diga nada. O que existan personas en el CGPJ que sean elegidas en función de cuotas políticas, o que el Fiscal General del Estado sea designado por el Gobierno. Ahora tenemos al señor Mata, un excelente fiscal, con una ejecutoria extraordinaria, pero que no puede ser designado por el poder ejecutivo. Yo, en la Audiencia Nacional, cuando opté a puestos de mayor responsabilidad, en la vida tuve un solo voto del Consejo Fiscal porque no tenía adscripción. Aquí no se valora tu currículum, y eso es bastante triste.

P.- ¿Cabe la posibilidad de que desde Europa recibamos un toque sobre esta situación?

R.- Sí. Tanto en la lucha contra la corrupción como en la elección del Fiscal General del Estado, Europa nos está llamando la atención constantemente. Y con respecto al órdago secesionista, hay algo muy importante: el control de jueces y fiscales de la policía judicial. Ahora, por primera vez, en la cuestión catalana, la fiscalía se ha puesto al frente de la policía judicial. Es el mayor acierto que puede existir.

P.- ¿Qué opina de la respuesta política y judicial con respecto al 1-O?

R.- A nivel político, siempre seré partidario del acuerdo, aunque a veces resulta prácticamente imposible con personas que parten del incumplimiento de la ley. Pero en otras ocasiones es posible. Lo que no se puede es ir contra la Constitución, que no hay que olvidar que en su propio seno incluye la posibilidad de reformarla, cosa que pocas constituciones europeas reconocen. Aquí se ha ido a hechos consumados para los que no tienen competencias, y lo saben. A una ley de transitoriedad, o como la llamen, o a llegar a engañar al pueblo con esa propaganda de un referéndum que saben que no es posible y no tiene validez. Pero es que se ha golpeado la Constitución, se ha obligado a que el Tribunal Constitucional se pronunciara en muy pocas horas. La Fiscalía ha tenido que actuar también tomando el mando de las Fuerzas de Seguridad del Estado, incluyendo a los Mossos e interponiendo las querellas pertinentes. El propio Tribunal de Cuentas ha tenido que imponer fianzas importantes. En ese punto el Gobierno está actuando muy correctamente. Incluso esto puede sumar votos para el PP. Lo que ocurra el 1-O no lo sabemos aún, pero los representantes del Gobierno catalán lo han hecho muy mal, se han enfrentado contra todo el ordenamiento jurídico y eso no tiene ningún sentido.

P.- Y luego está también el enfrentamiento en el seno de la sociedad catalana.

R.- Por supuesto. Yo tengo amigos que hasta ahora no habían tenido problema alguno en su trabajo y ahora lo sufren. En el seno de su familia o en sus despachos de abogados. Unos que sostienen que ha habido casi una suerte de invasión de la Guardia Civil o del Estado en Cataluña, otros que no, que se está cumpliendo la ley, como es en realidad. El otro día, cuando se impedía la salida de los miembros de la Guardia Civil de la Consejería y se empezaba ya hablar de una posible sedición, muchos pensábamos: "Bueno, ¿no se puede hacer nada?" Para mí son actos de sedición, otros de desobediencia, otros de prevaricación, otros de malversación. No es el momento ya de negociar.

P.- ¿Crees que existe la posibilidad de una declaración de independencia unilateral por parte de los separatistas?

R.- Es muy posible que, tras el 1-O, con muy pocos votos o como sea, se haga esa declaración. Pero es que no tiene ninguna validez jurídica, ningún sentido. En ese momento es cuando habrá que aplicar la Constitución y la toma de algunas transferencias que el Estado deberá volver a asumir. Desde hace años, estas personas, que deberían estar gobernando de cara a los ciudadanos, no lo están haciendo. Están únicamente dedicados a esto cuando es algo que no es posible porque la ley no lo permite.

P.- Pensando en el 2 de octubre, ¿qué se puede hacer para restituir esa parte emocional? ¿Cómo puede recuperarse todo lo que estos años de lucha independentista ha quitado a los catalanes?

R.- Es el mayor perjuicio al ciudadano catalán, sin duda. La división y la ruptura generada. Y el que el proceso haya quedado en manos de los más radicales: la CUP, los grupos cercanos a Podemos. Costará años reconstruir todo el mal causado. Y a empresarios, funcionarios, periodistas y tantas y tantas personas que han sufrido esto, muchas de las cuales están pensando incluso en irse de allí, hay que restituirles la confianza. Es de una tremenda gravedad que, por salvar como dices, sus casos de corrupción, sabiendo que de los 46 millones de españoles la gran mayoría está en contra, que Europa no permitirá nunca tal proceso, sigan en ello. Y teniendo en cuenta además que alguna gente, cansada, pueda decir: '¡Qué se vayan!'. Pues no. Porque España tiene que proteger a los que no quieren irse. Y el día dos puede producirse un auténtico delito de rebelión, comparable a lo que ocurrió el 23-F. Sin armas, pero comparable.

P.- ¿Es factible a corto plazo cambiar la Constitución?

Puigdemont está abusando de su condición de aforado. Él y muchos miembros del Parlament"

R.- No es el momento de modificar la Constitución y además en estos asuntos relativos a las autonomías ésta es meridianamente clara. Pocas autonomías en el mundo tienen unas competencias tan claras como las que tienen nuestras Comunidades Autónomas... incluso algunas quieren devolver ya competencias al Estado porque les es imposible asumirlas. ¿Sería posible esa negociación? Lo primero que haría falta son personas adecuadas para realizarlas. Creo que más que en el Ejecutivo, habría que buscar a alguien dentro de España para esa hipotética negociación. Porque con los actuales interlocutores, viendo al señor Puigdemont, parece imposible el acuerdo. Y esa mediación, eso sí, o como la llamemos, debe ser con respeto absoluto a la Constitución. No es un tema económico, ‘te doy más o menos dinero’, ni es un tema de ceder en el respeto al ordenamiento jurídico. Digo esto porque si lo que se busca es una posible amnistía para las personas que pueden ser enjuiciadas por hechos tan graves, alguna de las cuales puede terminar en prisión, pues es imposible. Porque ellos intentarán llevar el tema por ahí. Tras 1977 no cabe ya amnistía ninguna, ni indultos generales. El que la hace la paga. Hay que cumplir el ordenamiento jurídico.

P.- Sobre todo porque casi todas las constituciones tienen artículos similares a nuestro 155; disposiciones que velan por la indivisibilidad del Estado. Estoy pensando en Italia, en Brasil, en Rusia, en Perú, en los Estados Unidos, en Suiza, en Noruega, en Alemania… por citar países muy dispares en su desarrollo y en su ubicación geográfica.

R.- Ni en Europa ni en los Estados Unidos se aceptará nunca la secesión, como acabamos de escucharle al señor Donald Trump. Que los más violentos, entre los independentistas, sean los que han tomado el control, ha roto toda posibilidad de una salida dialogada. Eso ya es impensable en este momento.

P.- ¿Este órdago independentista puede afectar a la imagen de España en el mundo, a la Marca España?

R.- Yo viajo mucho y creo sinceramente que la Marca España no se ha visto debilitada. Pesan mucho más los buenos datos del empleo, o el crecimiento de nuestro PIB. Tiene mucha mayor visibilidad internacional nuestro desarrollo económico y el problema de Cataluña, en mi opinión, se ve como un hecho muy localizado que apenas afecta.

P.- ¿Qué probabilidades hay de que Carles Puigdemont acabe en la cárcel?

R.- Muchas. Está abusando de su condición de aforado. Él y muchos miembros del Parlamento de Cataluña. El hecho de que tengan que ser enjuiciados por un órgano como el Tribunal Supremo o por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el caso de los aforados catalanes, les da una situación de privilegio de la que, insisto, están abusando. Recuérdese que tiene que ser un juez del Supremo, salvo caso de delito flagrante en el que no se puede ni detener, ni encausar ni enjuiciar. Y también los miembros del Parlamento catalán, vuelvo a insistir, están abusando de esa condición. Cualquiera de nosotros podríamos estar ya privados de libertad. Hablamos de delitos muy graves como el de sedición o rebelión, que tienen una pena de hasta 15 años de cárcel como mínimo. Carles Puigdemont debería cesar inmediatamente en su actividad porque las consecuencias para él son muy graves.