Lo que se está produciendo hoy en Cataluña no es una votación, sino una farsa. No hay ningún tipo de garantía. Cada uno puede votar donde quiere, como ha hecho el vicepresidente Oriol Junqueras; no hay censo como tal, sino uno «universal»; las papeletas han sido fabricadas por los propios electores, etc. El propio gobierno de la Generalitat cambió las normas de la consulta unos minutos antes de que se iniciara la jornada electoral.

Nadie. Ni dentro ni fuera de España dará crédito al resultado de esta charada, calificada ya como «éxito» por el portavoz de la Generalitat, Jordi Turull.

Pero ése es sólo un aspecto de la cuestión. La pasividad de los Mossos ha permitido que se haya podido votar en algunos colegios. La dirección del cuerpo de policía autonómico ha solicitado la ayuda de la Policía y la Guardia Civil para cumplir su misión, lo que ha generado enfrentamientos en las calles con el balance de 38 heridos.

La misión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hoy en Cataluña es cumplir una orden judicial: impedir un referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.

Es inaudito que algunos jefes de los Mossos hayan incumplido esa orden, complicando el operativo de seguridad y, por tanto, haciendo posible mayor virulencia en las concentraciones ciudadanas.

La Fiscalía está obligada a actuar contra los responsables de esta actitud pasiva de los Mossos.

No se entiende que el PSC, a través de su líder Miquel Iceta, haya cuestionado la actuación de la Policía y la Guardia Civil, atribuyendo al gobierno una responsabilidad en los incidentes que recae directamente sobre los que han llamado a la población a incumplir la ley. Suena a burdo oportunismo y no debería significar el resquebrajamiento del bloque constitucional, que, hasta ahora, ha respondido con solidez al reto soberanista.

Otro asunto es la batalla de la imagen. La Generalitat ha logrado en parte lo que quería: si no había referéndum, tenía que haber represión. La intervención de Carles Puigdemont a media mañana ha ido dirigida a descalificar no ya al gobierno, sino a España: «La vergüenza perseguirá por siempre al Estado español».

Algunos medios extranjeros, como Le Monde o Corriere della Sera, se han centrado en ese aspecto de la cuestión, mientras Financial Times se hace eco de lo «caótico» de la votación y New York Times se centra en el desafío de los catalanes a España.

Ningún Estado democrático serio puede permitir la vulneración de la ley y de las resoluciones judiciales. No lo haría ni Reino Unido, ni Francia, ni Estados Unidos. Tampoco debe hacerlo España, porque lo que está en juego hoy también es su credibilidad. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado deben actuar con tiento, pero, hasta ahora, ninguna policía del mundo puede darle lecciones de cómo actuar ante una situación tan complicada.

La defensa de la democracia nos atañe a todos. A veces no es fácil. Hay que asumir riesgos y compromisos. Pero la legitimidad y la ley, en este caso, están del lado del gobierno.